Inspectores de Hacienda

“Las tecnológicas que defrauden irán cayendo una tras otra”

La mayor parte de las grandes emplean trucos fiscales como el ‘doble irlandés’ o el ‘sándwich holandés’.

Google, bajo la lupa de Hacienda española.

Google, bajo la lupa de Hacienda española.

La sentencia del Tribunal Supremo contra Dell dictada hace tres semanas ha supuesto un antes y un después para la lucha de Hacienda contra el fraude de las grandes tecnológicas. El Supremo indicaba que la multinacional estadounidense no era un mero comisionista en España, sino que tenía un establecimiento permanente, lo que supone que tiene que pagar el Impuesto de Sociedades. En los últimos meses se han conocido otras operaciones de investigación de Hacienda a las multinacionales tecnológicas, como fue el caso de la entrada en las oficinas de Google.

Los Inspectores de Hacienda cada vez conocen mejor el modus operandi de estas grandes empresas y son optimistas sobre su labor: “Irán cayendo una tras otra”, asegura José Luis Groba, presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado. El cerco ya está en marcha y el respaldo del Supremo con la sentencia a Dell es un gran paso para Hacienda.

El problema es que la mayor parte de las tecnológicas, como Google, Microsoft, Twitter, PayPal o Facebook utilizan el doble irlandés o el sándwich holandés, explica Groba. Esta es una estratagema para pagar menos impuestos y en la que utilizan las normativas beneficiosas que existen en los dos países, Irlanda y Holanda -más adelante explicamos en qué consisten exactamente-. “El abuso por parte de las multinacionales de los paraísos fiscales es un problema europeo provocado por legislaciones que son poco estrictas”, denuncia Groba.

En lo que se centran los inspectores de Hacienda es en garantizar que las empresas tributen en España lo que corresponda a su actividad en el país, si después del dinero se va de Holanda o Irlanda a un paraíso fiscal, se escapa a sus competencias. Para lograrlo tienen que demostrar que estas tecnológicas realizan una labor empresarial en España y que no son meros comisionistas que actúan de intermediarios para que después ejecute la venta un tercero. La otra alternativa son los precios de transferencias: declarar que el coste para la filial de adquirir los productos o servicios a la matriz es tan alto que reduce el beneficio declarado y, por tanto, el pago de impuestos.

Las alarmas saltan cuando empresas del tamaño de Google, que copa una buena parte del mercado publicitario en España, declara que sólo gana 7,5 millones de euros antes de impuestos, como declaró en 2015. Las cifras no parecen realistas y los inspectores se ponen en marcha. La primera fase es de investigación y recopilación de pruebas que demuestren que realizan cualquier tipo de ingeniería fiscal ilegal. “Lo normal es que nunca encuentres la pistola humeante sino que localizas una concatenación de indicios”, explica Groba.

Logos equivocados

La recopilación de pruebas es el paso previo a pedir a un juez que autorice un registro en la sede de las compañías. “Requiere semanas de preparación”, explica Groba, ya que además de reunir indicios, también “hay que cerciorarse dónde están los locales” para evitar que se escondan documentos en algunas oficinas que no sean la sede. En los registros obtienen una cantidad ingente que luego es necesario procesar. Con un solo registro se pueden obtener varios terabytes de información. Pero no todo es tan fácil como entrar en las oficinas, en ocasiones algunos documentos importantes los tienen colgados en la nube y es necesario que los inspectores los localicen.

Demostrar que efectivamente estas compañías realizan una actividad en España y no actúan sólo como comisionistas es una labor complicada, pero en ocasiones hay indicios claros. “Hay ocasiones en las que te encuentras que el socio en el país utiliza la misma tecnología que la multinacional, o que obtienen de ella el ‘know how’; hay veces que hasta confunden los logos de las dos compañías”, señala Groba. Pocas dudas pueden quedar ahí de que la sociedad en España es realmente una filial que tiene la calificación de establecimiento permanente.

Estas grandes tecnológicas tienen un músculo financiero que les permite pleitear hasta las más altas instancias. Ya se ha visto en el caso de Dell, que llegó hasta el Tribunal Supremo. Esto dificulta la labor de los inspectores, que necesitan atar muy bien cada caso antes de llevarlo ante la justicia.

La estrategia fiscal

¿En qué consisten el doble irlandés y el sándwich holandés? En el caso de Irlanda, el país tiene un tipo impositivo muy bajo, del 12,5% (en España está este año en el 25%), pero además tiene otra ventaja: permite transferir a las Islas Bermudas, un paraíso fiscal, los derechos de la propiedad intelectual. De este modo, si la empresa factura en Europa desde Irlanda y después carga la cuenta de los derechos a las Bermudas, al final la mayor parte del beneficio terminará allí, por lo que no tendrá ni que tributar en Irlanda.

En el caso del sándwich holandés se beneficia de que el país permite que los dividendos repartidos a Holanda por una compañía extranjera, se envíen a otra sociedad erradicada en las Antillas Holandesas, otro paraíso fiscal, pagando sólo un 2%. De este modo, si una sociedad extranjera reparte sus beneficios en una sociedad holandesa, ésta tiene la posibilidad de pagar sólo un 2% por el Impuesto de Sociedades si, a su vez, transfiere los beneficios a las Antillas.

Irlanda es el complemento perfecto para Holanda, ya que permite que los dividendos que se pagan a otra sociedad europea no tributen. Esto significa que las compañías que utilicen las dos estrategias, apenas pagarán un 2% de impuestos en Holanda por todo lo que ganen. Y el problema no es sólo que defrauden a Hacienda, sino que traspasar beneficios a los paraísos fiscales desde Irlanda y Holanda es perfectamente legal.

“El abuso de los paraísos fiscales es fundamentalmente un problema europeo”, denuncia Groba, además, estas legislaciones “distorsionan al resto de países europeos”. Si la normativa del Impuesto de Sociedades fuese similar en los países europeos, las tecnológicas no harían estos malabares para pagar menos impuestos y no serían necesarias las inspecciones.

La OCDE está intentando armonizar la regulación de todos los países y que sea más estricta a través de su iniciativa BEPS (siglas de Base Erosion and Profit Shifting, en español Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios) con la que proponen 15 acciones para acabar con el fraude de las empresas. Sin embargo, muchos países son reticentes y los avances son lentos. Además, Bruselas acaba de aprobar una Directiva de que endurece la regulación para las empresas y eleva el control de su tributación. Esta tiene que ser traspuesta en los distintos países miembro como muy tarde el 31 de diciembre de 2018. Es el primer paso para obligar a que cada multinacional tribute por sus beneficios en el país en el que los genera.