La Justicia española ha admitido un recurso contra el Frob de un grupo de accionistas, incluidos varios consejeros, que pide la suspensión de la operación, según informa esta mañana el diario Expansión.

La Audiencia Nacional ha aceptado a trámite un nuevo recurso contencioso administrativo que solicita la nulidad de la decisión del Frob de vender el banco, adoptada el 7 de junio siguiendo instrucciones de la Junta de Resolución Europea (JUR) ante la inviabilidad del Banco Popular.

El recurso fue admitido el 25 de julio e instado de manera separada y simultánea por varios accionistas españoles representados por el despacho Ontier. El recurso incorpora la petición de dos medidas cautelares: la "suspensión" del proceso de integración y la "anotación" de la operación en el Registro Mercantil.

Los demandantes suman el 2% del capital de Popular 

Los demandantes suman el 2% del capital de Popular y entre ellos se encuentra un familiar directo español del accionista mexicano Antonio del Valle, que llegó a invertir 450 millones de euros en el Banco Popular.

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha decidido abrir una pieza separada en relación con las medidas cautelares, y se lo ha comunicado tanto al Frob como al abogado del Estado (su representante procesal). Concede un plazo de diez días para que "exponga lo que estime procedente sobre la medida cautelar interesada".

En julio se aceptó un recurso de la OCU

La Audiencia Nacional admitía a mediados de julio el recurso de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra la resolución del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por la que se ejecutó la resolución del Banco Popular. La OCU considera que esta resolución es contraria al Derecho.

La Audiencia también solicitó al FROB que presentara en un plazo de 20 días todos los expedientes administrativos a los que se refiere el acto impugnado.

Se rechaza el recurso de suspensión urgente

Esta mañana la Audiencia Nacional también ha rechazado el recurso presentado por cerca de un centenar de antiguos clientes del Banco Popular que solicitaban que de forma urgente se suspendiera la decisión del Fondo de Reestructuración Ordinaria Bancaria (Frob) de ejecutar la resolución de la entidad y adjudicársela posteriormente a Banco Santander.

Según han informado fuentes jurídicas, esta semana se había presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en representación de casi un centenar de personas físicas y jurídicas pidiendo la imposición de medidas cautelarísimas.

Al ser rechazadas las medidas cautelarísimas, éstas pasan a ser cautelares ordinarias, por lo que el recurso se volverá a estudiar, pero ya no de forma urgente. Así, los jueces han abierto una pieza separada para tramitar los recursos que piden tomar medidas y en septiembre se volverá a plantear; los magistrados tendrán diez días para resolver.