Emilio Saracho, el presidente del Banco Popular, afronta este lunes su primer gran reto. Dar la cara ante una junta de accionistas que, en la mayoría de los casos, está potencialmente en la ruina.

Lo hace el exvicepresidente de JP Morgan 49 días después de asumir la presidencia de la entidad financiera y de asistir entonces, en primera fila, al generalizado linchamiento verbal de que fue objeto su antecesor en el cargo, Ángel Ron, en aquella junta extraordinaria del pasado 20 de febrero.

Peticiones de los accionistas, en saco roto 

Muchos -la mayoría de los accionistas que, por espacio de más de horas, intervinieron en aquella junta- lo hicieron para pedir a Saracho dos cosas: que hiciera todo lo posible por subir la cotización del banco y provocara la renuncia de la mayoría de los consejeros de la etapa de Ron en el banco, considerados como corresponsables de la debacle.

En ambos casos, los resultados no han sido los esperados. Al margen de las salidas -acaecidas y ya previstas antes de aquella junta-, de Ana María Molins y Jorge Oroviogoicoechea, por Carlos González y Antonio González-Adalid- ningún otro consejero se ha dado por aludido ante la comunicación del propio Saracho de que renunciaran al cargo. Solo alguno de los más afines a Ron, como Helena Revoredo, la presidenta de Prosegur, pudiera estar pensando en su salida del banco.

Y lo mismo ha sucedido con la cotización del banco. Parecía difícil que el Popular siguiera capitalizando a la baja, pero así ha sido. El pasado 20 de febrero, cuando Saracho fue nombrado presidente, la entidad cerraba en 0,839 euros, y el pasado viernes lo hacía en 0,81, con lo que los accionistas. Así, en este mes y medio, el Popular ha pasado de valer 3.525 a 3.400 millones. Son 125 millones más de minusvalías latentes.

Los especuladores vuelven al primer plano 

Con la llegada de Saracho, el asunto de la cotización parecía que se había, al menos, controlado con esa decisión de los fondos oportunistas de no incidir más en las posiciones cortas especulativas, que llegaron a situarse al borde del 12%. Pero el anuncio de que los auditores internos del banco habían detectado desviaciones contables cercanas a los 700 millones de euros, volvía a poner en fuga a los accionistas y los inversores a corto volvían por sus fueros, entre ellos el gigante BlackRock -también segundo accionista del banco con el 4,15%- que suma un 0,52% en posiciones cortas.

En el fondo de todo, lo que subyace en estos vaivenes que siguen sobrevolando en torno al Popular es que los 3.500 millones de pérdidas registradas al cierre de 2016 no fueron suficientes. Y que, para una foto más certera de su situación, ese agujero tendría que haberse situado entre 6.000 y 7.000 millones de euros. El banco se hubiera descapitalizado abruptamente, pero hubiera provisionado al nivel adecuado esos casi 36.000 millones de euros que sigue acumulando. Casi 20.000 millones en créditos y 16.000 en inmuebles adjudicados.

El BCE y la agencias de rating achuchan 

En esa línea iría la recomendación del Banco Central Europeo (BCE) de que el Popular no puede mantener estos activos en su balance por el riesgo que supone para su solvencia y rentabilidad, y que no puede demorar más su provisión o la venta a pérdidas.

Por si todo esto fuera poco, las agencias de calificación echaban un poco más de leña al fuego antes de la junta de este lunes. El jueves pasado, DBRS recortaba la solvencia del banco, tanto a largo como a corto, lo que podría implicar nuevas bajadas en el futuro. Y el viernes, hacía lo propio Standard & Poor’s, rebajando un peldaño más la calificación del banco, siempre dentro del bono basura.