En plena batalla campal. Y con los ánimos más caldeados que nunca. Cabify y los taxistas madrileños se ven este miércoles las caras. Será ante la jueza del Mercantil número 12 de Madrid, Ana María Gallego, en la vista oral antes de que el caso quede visto para sentencia. Su origen: la denuncia por parte de la Federación Profesional del Taxi por competencia desleal. La compañía, en cambio, pretende defender la legalidad de su servicio de transporte.

El origen hay que encontrarlo en 2015. La organización de taxis denunció a la empresa española y pidió su suspensión cautelar. En noviembre de ese año se salvó del cierre cautelar. Hoy tiene lugar la vista oral principal del juicio.

Posiciones enconadas

La denuncia tiene el foco en dos irregularidades que, a juicio de los taxistas, están cometiendo los conductores de Cabify. La búsqueda de servicios en la calle sin una hoja de ruta predefinida y la aceptación de servicios sin estar en la base de operaciones. Son dos de los requisitos que, según explicó su abogado durante la vista para decidir la suspensión cautelar, están presentes en la normativa que regula la actividad de transporte con chófer. “Se está haciendo una utilización fraudulenta de la aplicación”, resaltaba.

Por su parte, Cabify defienden que los conductores están siempre trabajando para Cabify, tengan o no un servicio asignado, por lo que no existe obligatoriedad de regresar al domicilio fiscal. Aun así, la abogada de la compañía incidió en que dos sentencias derogaron expresamente esas dos obligaciones. “Mientras los conductores están a disposición de Cabify, bajo el servicio continuo y permanente, pueden estar haciendo lo que quieran”, ha explicado.

Los plazos y un contexto complicado

Según fuentes oficiales de Cabify, la de este miércoles será la última sesión. Después de ella, el caso quedará visto para sentencia. Según los plazos habituales, el pronunciamiento definitivo podría alargarse entre uno y seis meses. Es decir, casi con toda probabilidad, no habrá sentencia hasta al menos el verano.

En el caso de Blablacar, el retraso en la elaboración y presentación de la sentencia fue más que evidente. Desde que quedó visto para sentencia hasta que se rechazó definitivamente la demanda contra la compañía transcurrieron nueve meses.

Ambiente enconado

Esta vista llega en un momento muy delicado para ambas partes. “Esto es un polvorín que está a punto de estallar”, aseguraba Delmiro Caamaño, un taxista gallego, durante la manifestación que tuvo lugar dos semanas atrás. Una movilización en la que advirtieron de una primavera caliente contra las administraciones y contra Uber y Cabify.

En este sentido, Cabify ha denunciado las “continuas agresiones” que sus trabajadores han venido sufriendo tras las movilizaciones. Ha asegurado que sus empleados han sido víctimas de insultos, vejaciones e, incluso, el volcado de uno de sus vehículos.