Deoleo ha alcanzado un acuerdo definitivo con los sindicatos para que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) afecte a un total de 65 trabajadores, frente a los 95 que se habían barajado en un primer momento.

La compañía, que acaba de presentar las cuentas de 2016 con unas pérdidas de 179 millones de euros, ha confirmado a través de un hecho relevante en la CNMV que se ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos para despedir a 65 trabajadores de los centros de Alcolea, Andújar y Rivas Vaciamadrid.

“Se contará con una estructura más ágil y eficaz, adaptada a la nueva realidad de la compañía”, ha asegurado la compañía en el hecho relevante, donde insiste en que se trata de un “paso adelante” de la reestructuración iniciada y que, junto con las inversiones industriales que se están llevando a cabo en la planta de Alcolea, “van a potenciar la capacidad de producción de la empresa en España”.

“Disponemos de una estructura eficiente y dimensionada a las necesidades de la compañía para poder operar con éxito tanto en el mercado doméstico, como en los mercados internacionales”, asegura la compañía.

Fuertes pérdidas

La dueña de Carbonell y Koipe ha perdido, en total, 179 millones de euros, según la información que remitió este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Triplica así los números rojos de 2015, cuando perdió 61,3 millones de euros. Un año antes, también cerró en negativo, con 74 millones de euros. Pérdidas que tardará años en poder compensar con la nueva normativa.

Deoleo multiplica pérdidas por dos motivos. Por un lado, ha que ha tenido que asumir un deterioro en el valor de sus activos por valor de 96,3 millones de euros. “La compañía ha tenido que adecuar el balance a la situación real”, argumenta la empresa. “Es la forma de asentar su futuro”. Y, por otro, siente el golpe del cambio fiscal. “El inesperado cambio en la normativa fiscal que se produjo en diciembre de 2016 ha tenido un impacto de 53,3 millones de euros”, asume.

Consecuencia de ambos: perder 179 millones de euros y entrar en causa de disolución, hasta que la aceitera reajuste su patrimonio. El modo de hacerlo lo decidirá su próxima junta de accionistas, que será la que apruebe llevar a cabo una ampliación de capital, la opción más probable, y el importe total.