Las grandes eléctricas no viven, precisamente, una luna de miel con el Ayuntamiento de Barcelona. El último motivo de discrepancia con el consistorio de Ada Colau ha sido el contrato de comercialización de la electricidad de la capital catalana, es decir, el suministro de luz de calles y de edificios municipales.

Endesa y Gas Natural decidieron no acudir al concurso, valorado en más de 65 millones de euros. Entendían, por un lado, que era discriminatorio y, por otro, que faltaba información sobre las condiciones del contrato. Por eso dieron un paso atrás y lo recurrieron ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, que depende de la Generalitat.

Endesa, la actual concesionaria de la luz de la ciudad condal, también solicitó medidas cautelares para paralizar el concurso hasta que este tribunal entre en el fondo de la cuestión. Y, este miércoles, se admitió a trámite su recurso. Así que la puja por la luz que alumbra Barcelona no va a realizarse este viernes. Al contrario, el proceso puede prorrogarse durante tres meses más.

En principio, la idea del Ayuntamiento era que el contrato entrase en vigor el próximo 25 de marzo y tuviese una duración de un año, prorrogable por otro más. En teoría, sería el último contrato de Barcelona con una comercializadora privada, porque su intención es constituir una pública. Otro de los motivos de fricción con el sector. Ahora, en función de lo que determine el Tribunal, el consistorio tendría que volver a redactar los pliegos de la puja por la luz de la capital.

Vista de una torre de electricidad. EFE

¿Cuáles han sido los problemas de las dos grandes eléctricas con este contrato? Las bases del concurso exigían, según explica Gas Natural Fenosa, que la comercializadora de luz que se imponga en la puja firme con el Ayuntamiento, en el plazo de seis meses, un convenio en materia de vulnerabilidad energética. Este acuerdo pasaría por hacer a las empresas corresponsables de financiar hasta el 50% de las medidas contra la pobreza energética.

Corresponsabilidad económica

“La idea es que si el Ayuntamiento de Barcelona paga ahora los recibos de la gente que no puede pagar la luz, el 50% de ese coste corra a cargo de las empresas”, indican fuentes del sector eléctrico. “Y, si las empresas no se hacen cargo las podrían sancionar”, añaden. No es la primera vez que el Ayuntamiento de Barcelona habla de esas medidas, porque ya las ha contemplado en otros protocolos sobre la regulación en materia energética, pero esta vez iban a ser condición de un contrato público.

En el caso concreto de este contrato con el Consistorio barcelonés, a las compañías más allá del fondo de esta cuestión, también achacan falta de información. “No se incluye información concreta sobre el contenido a convenir y firmar entre las partes, dentro de las bases del concurso. Aunque se pidió información adicional al respecto, ésta no se facilitó”, indican fuentes de la compañía.

“Ante esa falta de información y ante la imposibilidad de conocer lo que debería firmar en el caso de concursar antes de poder formular su oferta”, explica Gas Natural, renunció a presentarse y recurrió el concurso. Eso sí, la compañía quiere dejar claro que no se trata de que se oponga a ningún tipo de medidas para luchar contra la pobreza energética, sino que era una cuestión de no saber en qué consiste ese convenio que estarían obligados a firmar.

¿Y por qué consideran que los pliegos del concurso eran ‘discriminatorios’? Porque no todas las comercializadoras, a su juicio, “parten en las mismas condiciones en este concurso”, según indican fuentes de Endesa. Tanto ésta como Gas Natural tienen clientes acogidos a la tarifa regulada, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), sobre la que hay intervención estatal. El resto de las comercializadoras que se presentaron, indican desde la eléctrica, son comercializadores en el libre mercado, sin tarifas reguladas y, por lo tanto, no tienen clientes a los que se puedan aplicar las medidas de protección contra la pobreza energética.