Transporte alternativo

Por qué Blablacar denuncia a España en Bruselas: su 'guerra' empresarial, en 11 claves

Denuncia ante Bruselas para defenderse frente a Madrid. Es el único caso de la compañía en el mundo.

Fundadores de Blablacar.

Fundadores de Blablacar. Thomson Reuters

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Blablacar cumple con su palabra. La empresa francesa inicia una nueva 'guerra' empresarial en Bruselas tras la surgida con la patronal del autobús y que se dirime hoy en los juzgados. Denuncia a España por el conflicto generado en Madrid tras las sanciones impuestas por la Consejería de Transportes. Es el único caso que la compañía ha vivido en todo el mundo.

¿Por qué denuncia a España y no a Madrid? ¿Qué reclama realmente? ¿Están afectando a su negocio estas dificultades en el país? Estas son las once claves de un nuevo frente, esta vez en territorio europeo.

1. ¿Cuál es el arranque?

El proceso arranca en noviembre de 2015. La Policía Municipal de Madrid inspecciona a 13 usuarios de BlaBlaCar en Atocha. Tras varios requerimientos de información y vaivenes, la Consejería de Transportes impone una sanción de 4.000 euros a cada uno de ellos y de 8.800 euros a la empresa. Esta última tiene un origen: tres expedientes sancionadores (dos por facturar servicios a estos usuarios y otro por ofertarlos sin tener autorización administrativa”.

2. ¿Por qué a España (y no a Madrid) y por qué en Europa?

La compañía ha decidido emprender el camino hacia Bruselas. La razón la ha esgrimido este martes su responsable en España: “Las sanciones que se han producido son contrarias a la norma europea; es un precedente que sitúa a España en una excepción difícil de comprender en Europa y que puede generar un efecto contagio”.

La denuncia no es contra la Comunidad de Madrid, sino contra el reino de España. ¿Por qué? No se permite hacerlo contra una comunidad autónoma concreta y debe ir a por el estado miembro. 

3. ¿Qué está denunciando?

BlaBlaCar considera vulnerado su derecho a la libre prestación de servicios y su libertad de establecimiento dentro del territorio de la Unión Europea, y solicita a la Comisión que adopte las medidas oportunas para evitar que la Comunidad de Madrid continúe con estas prácticas. Sobre la motivación de las sanciones, su responsable en España cree que no existen y lamenta que no se hayan aportado baremos concretos sobre el dinero ingresado por estos conductores que refleje si ha habido una actividad profesional.

4. ¿Por qué llega ahora?

Uno de los aspectos más llamativos de la batalla legal de la compañía es el calendario. Ya a mediados de octubre, la empresa gala había anunciado su intención de denunciar. La formalización de esa demanda se hace un mes después… y sin que se haya hecho pública la sentencia judicial sobre si ejerce competencia desleal frente a las empresas de autobuses.

“Hemos necesitado tiempo para preparar la denuncia”, explica Rodríguez, quien reconoce que la resolución del juez puede ser recurrible y no será firme. Entiende que el pronunciamiento del magistrado sobre la demanda de Confebús no tiene por qué cambiar nada.

Pero la realidad es que el juez de Lo Mercantil número 2 de Madrid será el primero, si nada lo remedia, que dictamine si una plataforma digital como Blablacar hace un servicio de transporte ‘tradicional’ o intermedia entre oferta y demanda. Esa es precisamente la clave que hay detrás de las denuncias de la Comunidad.

5. ¿Cuánto puede durar el proceso?

Esta es una incógnita para todos. Las previsiones con las que cuenta la empresa representan un periodo muy amplio de tiempo: de seis a dieciocho meses para tener un dictamen definitivo. En caso de que haya un dictamen motivado y el estado miembro no lo ejecutara, la Comisión podría entrar en una fase judicial que alargaría aún más el proceso.

Entretanto, hay que tener en cuenta el proceso judicial. Éste arrancó a finales de 2015. El juicio tuvo lugar en mayo y quedó visto para sentencia en agosto. Sin embargo, en cualquier caso la sentencia no será la última palabra. Habrá recurso de quien pierda y eso asegurará muchos meses más de batalla.

6. ¿Hay precedentes de casos como este?

Sí lo hay. Y precisamente de una empresa con sello español. Uber decidió presentar una demanda en la Comisión. La razón: la suspensión cautelar de su servicio entre particulares UberPop en diciembre de 2014, precisamente por el mismo juez que debe ‘sentenciar’ el caso de Blablacar. Tres meses después la compañía emprendió acciones legales en Bruselas. Este caso no ha sido resuelto definitivamente, ni se ha producido un pronunciamiento ni dictamen definitivo veinte meses después.

7. ¿Ha habido otros casos de inspecciones a usuarios?

En total fueron trece los usuarios inspeccionados por la Comunidad de Madrid en noviembre de 2015 en la estación madrileña de Atocha. Fue el precedente que desató la ‘guerra’ de Blablacar con la administración. ¿Ha habido más? La empresa asegura que varios usuarios han confirmado que ha habido requerimientos por parte de la Comunidad, pero, hasta ahora, no se ha recibido ningún expediente sancionador.

8. ¿Cómo está afectando al negocio?

El negocio real de la empresa gala en España se desconoce. La filial con la que opera en el país, Comuto Iberia SL, hace las veces de compañía de marketing y de ventas, como ocurre en la mayor parte de las empresas tecnológicas. Ésta registró una facturación de 900.000 euros en 2015.

La comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc.

La comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc.

Esta crisis desatada por la batalla con la Comunidad de Madrid y con los jueces no está pasando factura a su negocio. Según su responsable en España, sí existe un “daño reputacional” a medio y largo plazo. Pero no ha habido una rebaja de actividad en su plataforma. La compañía vive de la comisión que cobra a los conductores (1,60 euros para viajes de menos de 8 euros y de hasta el 20% del importe para los de un importe superior a esa cifra).

9. ¿Se arrepiente Blablacar de haber empezado a cobrar?

Uno de los argumentos esgrimidos por la patronal de los autobuses para denunciar a Blablacar es el del modelo de negocio y el lucro de la empresa como plataforma intermediaria. Entienden que ese cobro es una prueba más de esa actividad profesional como compañía de transporte. Pero no son los únicos. La Comunidad de Madrid también lo alega y por eso le exige una licencia para operar.

Preguntado por si se arrepiente de haber empezado a cobrar en España, con un mercado aún sin regular, Rodríguez afirma: “Es el mismo modelo de negocio que en el resto de Europa y no ha habido ni otro caso; no creo que lo hayamos hecho tan raro ni la decisión sea equivocada”.

10. ¿En qué situación queda la batalla judicial contra Confebús?

Esta ‘guerra’ se sustanciará en paralelo a la que mantiene con Confebús. Ambas partes siguen esperando la sentencia de la empresa, que aún no se ha dado a conocer. Son dos vías que se mantienen paralelas, pero tienen interrelación. Una de ellas pone en duda el modelo y la otra debe poner negro sobre blanco sobre si éste es legal o no con la regulación y legislación actual.

Le pedimos que se haga una regulación concreta y que se haga en todo el territorio nacional y no una en cada una de las comunidades

En este sentido, Rodríguez ha insistido en que ellos no eran defensores de una regulación pero que los acontecimientos le han llevado a pensar lo contrario. “Le pedimos que se haga una regulación concreta y que se haga en todo el territorio nacional y no una en cada una de las comunidades”, ha apuntado.

11. ¿Podrás usar Blablacar tras una sentencia desfavorable?

Desde la empresa, son “optimistas” ante la inminente sentencia. Pero tienen claro que en caso de que sea contraria a sus intereses agotarán todas las vías de recurso en instancias superiores. ¿Qué escenario dejaría una sentencia en contra? “No ha cambiado la naturaleza; los argumentos son los mismos… Este es un caso único en Europa y en España”, ha explicado Rodríguez.

No cree que se dé una ejecución provisional de la resolución judicial, por lo que insiste en que si hay una sentencia desfavorable se podrá seguir operando sin ningún problema entretanto se sustancia el recurso interpuesto.