Telefonía

La CNMC expedienta a Vodafone por 'ajusticiar' la numeración 118

El regulador reprende a la operadora por no avisarle del bloqueo de estos servicios de tarificación adicional.

El consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra.

El consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra. EFE

  1. Vodafone
  2. CNMC
  3. Telefonía
  4. OCU Organización de Consumidores y Usuarios

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador a la operadora telefónica Vodafone por bloquear la operatividad de varios números cortos iniciados por el prefijo 118. En concreto, según afirma el regulador en un comunicado, Vodafone habría suspendido la conexión con ocho números 118XX por sus propios medios tras haber detectado datos irregulares en estos prefijos.

La CNMC señala que ello se produjo sin que la teleoperadora aplicara el procedimiento previsto y sin notificarlo tanto al operador afectado ni al organismo regulador, tal y como recoge una resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 2013. "La CNMC recuerda que no es competencia de Vodafone controlar el uso eficiente de la numeración telefónica", señala el organismo.

SMS premium y tarificación extra

Los números 118XX han constituido varios casos de prácticas irregulares. Según la OCU, los números cortos que comienzan por 118 están reservados para servicios de información telefónica. Se trata de un servicio de tarificación adicional que no está regulado por la normativa que afecta al resto de numeraciones especiales (803, 806, 807, 907 y 905). El importe de los números cortos que comienzan por 118 no está determinado y lo decide la empresa propietaria.

La organización señala que algunos operadores utilizan estas numeraciones bajo prácticas poco "éticas" ya que a través de un mensaje como falso anzuelo eras receptivo de llamar a un número iniciado por 118, acarreando un coste muy elevado que puede incluso llegar hasta 4 euros el minuto, según sus estimaciones. La apertura de expediente determina un periodo máximo de 12 meses para su instrucción y posterior resolución.