Portugal

Nadie se queda sin culpa en el colapso de 4.000 millones de Banif

Administradores, supervisores y gobierno fueron responsables del hundimiento, según el Parlamento.

Oficinas centrales en Lisboa de Banif.

Oficinas centrales en Lisboa de Banif. Reuters

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Tras casi ochos meses de espera, la mañana del viernes se desvelaron las conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria que estudia el colapso del Banco Internacional de Funchal (Banif) el pasado diciembre. El informe es devastador, implicando a un amplio abanico de actores –desde los administradores de la entidad, hasta sus accionistas, la Comisión Europea (CE), el Gobernador del Banco de Portugal (BdP) y el Ejecutivo del conservador Pedro Passos Coelho– en un hundimiento evitable que ha costado a los contribuyentes lusos al menos 4.000 millones de euros.

La comisión señala a los administradores del banco como los principales culpables de la desastrosa liquidación de la entidad, indicando que estos condujeron el banco a la ruina a través de una serie de decisiones irresponsables. Sin embargo, el informe de la comisión también culpa al anterior Gobierno por haber actuado con aparente negligencia en su papel como accionista del banco tras la inyección de 1.100 millones de euros en la entidad en 2012.

“El Estado tenía una responsabilidad de velar por el bienestar de su patrimonio, una responsabilidad especialmente importante porque ese patrimonio pertenecía a todos los portugueses,” declaró el diputado socialista Eurico Brilhante Dias, presidente de la comisión, al presentar las conclusiones de la investigación ante la prensa en el Parlamento la mañana del viernes.

El colapso repentino del Banif el pasado diciembre supuso una especie de tsunami económico para la economía portuguesa. El que había sido el octavo mayor banco comercial de Portugal, con presencia mayoritaria en las regiones autónomas de las islas Azores y Madeira, arrastraba problemas de solvencia desde 2012, cuando recibió una inyección de 1.100 millones de euros en fondos públicos, pero pocos anticipaban su hundimiento repentino a finales de 2015.

Sin embargo, pocos días después de la toma de posesión del nuevo Gobierno minoritario del socialista António Costa, el Estado se veía obligado a rescatar el banco con una nueva inversión de 3.000 millones de euros de fondos públicos. El escándalo pasó a ser mayor cuando, inmediatamente después, se anunciaba la venta de la entidad al grupo Santander por apenas 150 millones de euros en una operación claramente desfavorable para los contribuyentes lusos.

Ya de por sí el hundimiento del Banif suponía un golpe brutal para la economía lusa, pero su impacto fue mayor al hacer disparar el déficit presupuestario del país, que pasó a ser del 3% del producto interior bruto (PIB) al 4,4%. El desvío supuso una violación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Eurozona, que obliga a los Estados miembros mantener su déficit por debajo del 3% del PIB o enfrentarse a durísimas sanciones. Actualmente, Portugal corre el peligro de ser sancionada con una multa equivalente al 0,2% de su PIB por este desliz.

Crónica de un colapso anunciado

Convocada casi inmediatamente del hundimiento y la venta a contrarreloj del banco, la comisión parlamentaria ha sido una de las más animadas de la historia de la Asamblea de la República, con decenas de audiencias por parte de antiguos administradores del banco, líderes políticos, autoridades europeas y funcionarios del Banco de Portugal llamados a comparecer en el Parlamento luso. 

En sus declaraciones ante la prensa el viernes el diputado Brilhante Dias explicó que la investigación se había dividido en tres partes, primero analizando el porqué de la inyección inicial de 1.100 millones de euros en el banco en 2012, después estudiando por qué no se llevó a cabo su reestructuración entre 2013 y 2015 y, finalmente, la venta repentina de la entidad en diciembre del mismo año.

El informe culpa al Banco de Portugal (BdP), y en particular a Vítor Constâncio –Gobernador del BdP entre 2000 y 2010–, por no haber hecho un análisis serio del estado de la entidad, y por no haber revisado las evidentes divergencias entre la estimación de la reestructuración del banco propuesta por la CE (que quería reducir el balance del Banif en un 60-70%) y las del propio BdP (que fijaba la reducción en un 25%). Se desconoce el motivo detrás de este fallo tan grave por parte de la autoridad bancaria portuguesa porque Constâncio, actual vice-presidente del Banco Central Europeo, ha rehusado acudir al Parlamento o responder a las preguntas de sus señorías.

La comisión parlamentaria responsabiliza al BdP –y a su actual Gobernador, Carlos Costa– por la recapitalización del banco en 2012, concluyendo que la información errada que dio al Ejecutivo en ese momento obligó a la inyección de fondos públicos en la entidad.

El estado del Banif ya-recapitalizado entre 2012 y 2015 termina por ser una condena tanto del anterior Gobierno de Passos Coelho como de la CE. La comisión parlamentaria señala la lentitud con la que se trata todo el proceso por parte de las autoridades en Lisboa –aparentemente indiferentes ante el hundimiento de la entidad–, mientras simultáneamente destaca el inmovilismo de Bruselas, que llegó a rechazar ocho planes de reestructuración del banco, aparentemente convencidos que el futuro del Banif era inviable en cualquier escenario.

El escándalo de la venta a contrarreloj

El último apartado del informe de la comisión parlamentaria es el más llamativo, pues trata sobre el último rescate y venta inmediata del banco, poniendo en cuestión la necesidad de resolver el estado de la entidad en cuestión de días tras tres años de inmovilismo. Las conclusiones sugieren negligencia por parte del anterior Gobierno, incompetencia por parte del BdP y repetidas intromisiones por parte de la Comisión Europea.

La comisión parlamentaria recoge detalles que son prácticamente trágicos, entre ellos la negativa del Gobierno de Passos Coelho ante la oferta de Hong Kong Ample para adquirir el Banif por 700 millones de euros en mayo de 2015, poco más de medio año antes de su venta por 150 millones al Santander.

De haberse efectuado la venta, la pérdida para los contribuyentes hubiese sido de apenas 15% del dinero invertido por el Estado en el banco hasta ese momento, versus los 3.000 millones adicionales que se destinaron a la entidad el pasado invierno. En sus conclusiones, sin embargo, destaca que en el momento clave del colapso del banco en diciembre del año pasado, las presiones de la CE y del BdP fueron decisivas en el rescate y la posterior venta de la entidad.

En el marco de la actuación de Bruselas, se señala la presión de la CE sobre el recién elegido Gobierno socialista para resolver la venta del banco cuanto antes, y la aparente intervención de la Comisaria de Competencia, Margarethe Vestager, para que la oferta del grupo Santander fuera aceptada. Se supo más tarde que esa presión imposibilitó el plan del Ejecutivo Costa para integrar a Banif dentro de la Caixa Geral de Depósitos. La Comisión Europea ha negado haber ejercido semejante presión y la Comisaria rehusó acudir comparecer ante el Parlamento, enviando sus respuestas por escrito.

El informe indica que la “urgencia” transmitida por Bruselas también influenció sobre la decisión del BdP de insistir en “resolver” el asunto Banif en cuestión de días. La posición de la autoridad bancaria nacional es duramente criticada por la comisión parlamentaria, que indica que “existe un evidente conflicto de intereses entre un BdP que tanto actúa como regulador de la banca como también autoridad que decide la resolución de los bancos que supervisa”.

Cerrada la investigación parlamentaria en Lisboa, la comisión de la Asamblea de la República recomienda que esta siga ahora a nivel comunitario como una investigación del Parlamento Europeo. Según indica Brilhante Dias, es necesario que la Eurocámara lleve el asunto ya que en repetidas ocasiones la autoridades europeas rehusaron colaborar con la comisión portuguesa –los representantes del BCE se negaron a responder a las preguntas de los parlamentarios– y todavía existe una “opacidad inaceptable” cara la responsabilidad de los altos cargos comunitarios en este asunto tan desastroso para la economía lusa.