CNMC

La CNMC multa a cuatro empresas y nueve directivos por amañar contratos de Adif

Es la segunda vez que el supervisor sanciona y revela los nombres de los ejecutivos implicados en la trama. La 'factura' asciende a 5,6 millones.

El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada

El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada Efe

  1. CNMC
  2. Adif

Nueva multa a otro cártel que operaba en la economía española. Competencia (CNMC) sanciona con 5,6 millones de euros a cuatro empresas y nueve directivos por repartirse las adjudicaciones de los suministros de desvíos ferroviarios ejecutadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). 

Las conductas se llevaron a cabo, mayoritariamente, durante 15 años, desde julio de 1999 hasta, al menos, octubre de 2014. Las empresas son: Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A; Jez Sistemas Ferroviarios, S.L., Talleres Alegría, S.A. y Duro Felguera Rail, S.A.U. Éstas deberán pagar 5,58 millones de euros. Por su parte nueve de sus directivos abonarán 65.500 euros. 

Es la segunda vez en la que el superregulador multa también a ejecutivos de las compañías. Son estos: Jesús María de Lapatza Urbiola (10.450 euros), Jon de Lapatza Benito (6.650 euros), Urtza Errazti Olartekoetxea (6.650 euros), Juan Carlos Sánchez Jorrín  (6.650 euros), Alfredo Alegría Díaz (11.400 euros), Ricardo García Mesa (7.600 euros), Julio Fernández García (5.700 euros), Fernando López González (4.750 euros) y Luis Javier Ardura González (5.700 euros).

Informe de la CNMC

El inicio del expediente se produjo a partir de un escrito remitido por ADIF a la CNMC en 2014. En él solicitaba un informe para conocer si los procedimientos utilizados hasta entonces para la contratación en el aprovisionamiento de desvíos ferroviarios y otros elementos complementarios incluían algún tipo de práctica contraria a la competencia.

Tras la instrucción del expediente, la CNMC considera acreditado que las cuatro empresas sancionadas llevaron a cabo prácticas de reparto de mercado y fijación de precios y otras condiciones comerciales, que respondían a una estrategia global que tenía por objeto eliminar la competencia en las licitaciones de desvíos ferroviarios convocadas por las entidades de gestión GIF y ADIF.

Como consecuencia de estas prácticas, varias licitaciones de desvíos ferroviarios en las tramos de las líneas de la Alta Velocidad Española (AVE) se vieron afectadas: Madrid/Levante; Barcelona/Figueres; Zaragoza-Lleida, Madrid/Albacete y Segovia/Valladolid, entre otras.

Durante el periodo analizado se licitaron 52 contratos, el 74% se adjudicaron a la UTE. Como muestra de su magnitud económica, entre 2005 y 2009 ADIF licitó 15 expedientes con un importe de 228 millones, y entre 2010 y octubre de 2014 se licitaron 17 expedientes por un importe de 246 millones.

Fuentes oficiales de Adif confirman a EL ESPAÑOL que son varias las denuncias presentadas ante la CNMC por reparto de mercado y prácticas que vulneran la competencia en sus adjudicaciones.

Las estrategias de las empresas

La principal estrategia de las empresas Amurrio, Jez, Alegría, Felguera y Duro Felguera Rail consistió en optar, sin justificación y de forma permanente, por emplear la figura de las  Uniones Temporales de Empresas (UTE), que presentaban  ofertas conjuntas, para participar en las licitaciones de suministro de desvíos ferroviarios del AVE y líneas convencionales celebradas por Adif.

En un principio, la UTE estuvo formada por las empresas Amurrio, Jez y Alegría y durante dicho periodo Duro Felguera participó, según la CNMC, en algunas licitaciones de manera individual y en competencia frente a la UTE. Este hecho causó preocupación del resto de las empresas concertadas hasta que, finalmente, decidieron captar e integrar a Duro Felguera también en el acuerdo de reparto, "lo que les permitió eliminar un competidor directo en el mercado y toda competencia en las licitaciones".

Las cuatro empresas sancionadas cuentan con "un elevado volumen de negocio y capacidad acreditada" para operar, habitualmente, de manera individual en el mercado. Sin embargo, en los pocos casos en los que las empresas se presentaron de forma individual, también llegaron a acuerdos sobre las características de la oferta y sobre cómo repartirse los trabajos, en ocasiones, incluso antes de la celebración de la licitación.

"Las empresas no competían a la hora de licitar, definían los precios, y luego ajustaban el suministro según los acuerdos a los que llegaban en diversas reuniones y encuentros", asegura el superregulador. En ocasiones negociaban con ADIF con anterioridad a la fecha de licitación los precios y las condiciones. "Las empresas que participaban en las UTE eran conscientes de que no estaban actuando correctamente", apunta.

No a los cárteles en concursos públicos

La propia CNMC confirmó el pasado mes de junio que está preparada ya para empezar a prohibir a las empresas denunciadas por crear un cártel que se presenten a los concursos públicos.

La CNMC recibió esta competencia de sancionar a las empresas sin presentarse a concursos públicos en el año 2015. Esto significa que si localiza a cualquier empresa actuando en contra de la competencia en un mercado, el organismo podría imponer esta sanción que, en cualquier caso, será “proporcional al daño causado y también disuasoria”.