Rara vez lo menciona explícitamente en público, pero el primer ministro italiano, Matteo Renzi, no desaprovecha un encuentro con cualquiera de sus homólogos europeos para hablar de flexibilidad. Tras casi un lustro inmerso en un plan para la reducción del gasto público, Italia se plantea aprobar unos presupuestos expansivos. Pero los datos son tozudos, el PIB del país transalpino no se movió del 0% en el último trimestre y el Gobierno ya maneja un escenario más austero al que tenía previsto.

En lo que llevamos de año la economía italiana ha crecido un 0,7%. Y tras la rebaja de previsiones del FMI, el ministro de Economía italiano, Pier Carlo Padoan, reconoce que en el mejor de los casos llegarán al 1%. En su cumbre bilateral del pasado sábado en Bratislava, él fue el último emisario del Ejecutivo que trató de convencer al comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici, de que la única vía para salir del atolladero es una desviación del gasto.

Según pronostica Renzi, Italia cerrará este ejercicio con un déficit máximo del 2,4%. Y es en esta cota en la que pretende mantenerse para 2017, pese a haberse comprometido con Bruselas a bajar hasta el 1,8 en el próximo periodo.

El eterno problema de la deuda

Desde que en 2012 comenzó el mayor control del gasto público, el llamado spending review, sólo ha habido algunas mejoras en la creación de empleo (439.000 ocupados más en el último año y una tasa de paro que se mantiene estable por debajo del 12%) tras la reforma del mercado de trabajo. El PIB no logra despuntar de las escasas décimas que ya creció el año pasado después de tres años en negativo. Mientras que el eterno problema de la deuda pública no baja del 130%.

El profesor de Economía empresarial de la Universidad Gabrielle d’Annuncio de Pescara, Antonio Rinaldi, sostiene que “el 'spending review' ha fallado estrepitosamente porque ha dejado a Italia mutilada en sectores como la sanidad, la educación o en materia de pensiones, que son derechos inalienables al ciudadano”. “De este modo”, según Rinaldi, “al ciudadano no le queda otra alternativa que acogerse al sistema privado”.

Entre los expertos que señalan que en este contexto Italia está expuesta a los ataques especulativos que se pueden producir con un nuevo espasmo bancario  con episodios como el Brexit está el ex primer ministro Romano Prodi, quien acusa a Renzi de haber provocado el “desbordamiento de las cuentas públicas”.

Según el actual Ejecutivo, el gasto público se ha reducido en 25.000 millones desde 2014, por lo que es hora de cambiar el paso. Aunque el economista Roberto Perotti, quien fue llamado por Renzi para gestionar los recortes, aseguró antes de dejar su puesto que se había derrochado en gastos de las distintas administraciones públicas más de lo que el Gobierno asegura haber ahorrado.

Según el profesor Rinaldi, se pierden por el sumidero “partidas que entran en un laberinto de administraciones regionales” o “gastos burocráticos que se podrían mejorar simplemente con una mayor informatización de la Administración”. El experto señala que “desde la aprobación del euro, las políticas nacionales están destinadas a recuperar la soberanía económica perdida y con tanta restricción, Italia invierte el 1,4% de su presupuesto en cultura, cuando posee el 70% de las obras de arte que hay en toda Europa”.

La patronal Confindustria publicó la semana pasada un dato demoledor, que revela que mientras en los últimos 15 años el PIB de España creció un 23,5% o el de Francia y Alemania un 18%, el de Italia cayó el 0,5%. Precisamente desde la entrada en vigor del euro, el país transalpino ha perdido el carro.

Aunque según los datos de la Comisión italiana para los Presupuestos, el gasto público de Italia equivale al 51,2% del PIB, en la media del resto de Europa. De acuerdo con estas mismas cifras, el gasto español se situaría en el 44,5%. Y como ocurre en ambos países, el grueso de esas cantidad va destinada a las pensiones.

Por eso, el Italia intenta reconducir sus presupuestos con un mayor gasto en la prestación a los jubilados. Durante las últimas semanas, Gobierno y sindicatos –con los que Renzi trata de aplacar los ánimos- negocian un acuerdo para que la próxima Ley de Presupuestos incluya un aumento de las pensiones.

El Ejecutivo ha lanzado una medida para que los trabajadores que se dispongan a cumplir los 65 años y hayan cotizado un mínimo de 20, puedan jubilarse hasta tres años antes con un descuento aproximado de la prestación del 5% por cada año de anticipo. A cambio el Ejecutivo propone aumentar en 80 euros las pensiones inferiores a 500 euros mensuales y otorgar una decimocuarta paga a quienes reciben una pensión de entre 700 y 1.000 euros, entre otras medidas.

El plan, todavía pendiente de aprobación, le costaría al Gobierno unos 1.700 millones de euros. Y se trata de una cantidad inferior a los 2.500 proyectados de partida. Las negociaciones se llevan a cabo con una mano en la calculadora y la otra en el freno de mano, pues el margen a corto plazo es mínimo.

A largo, aún menos. Italia es uno de los países de la Unión Europea con una menor tasa de natalidad, por debajo de 1,5 niños por familia, y uno de los que registran una mayor esperanza de vida, por encima de los 84 años. Según las proyecciones de Eurostat, con una población que habrá crecido un 11% a mitad de siglo, las personas en edad de trabajar representarán el 6,5% menos.

El sistema queda en manos de los inmigrantes, que con la última crisis migratoria llevan tres años llegando en oleadas. Precisamente la gestión de este flujo es una de las coartadas habituales de Renzi para reclamar flexibilidad. Como ahora lo es también el gasto extra que supondrá reconstruir las zonas afectadas por el terremoto que asoló el centro de Italia en agosto.

Matteo Renzi afronta un referendo antes de que acabe el año. Max Rossi Reuters

Malabares ante el referéndum

La otra gran baza del primer ministro es el referéndum sobre la reforma de Constitución que debe afrontar dentro de un par de meses. Merkel ya ha oído hablar que sin una mejora de la economía el Gobierno italiano se arriesga a perder el plebiscito y en último caso a tener que convocar elecciones anticipadas. En un descarado guiño a Renzi, el embajador estadounidense en Italia incluso afirmó esta semana que si no supera esta cita en las urnas, las inversiones norteamericanas en Italia se vendrían abajo.

Al Ejecutivo italiano no le queda más remedio que hacer malabares para salir de ésta. Y de hecho el diario La Stampa ha anticipado que el Gobierno prepara nuevos recortes por valor de 5.000 millones. También La Repubblica publicó que en lo referente al gasto sanitario, la deducción para 2017 llegaría a 1.500 millones. 

La directora del Departamento de Economía de la Universidad de La Sapienza de Roma, Silvia Fedeli, reconoce que “ante la incapacidad para invertir por la alta deuda heredada ya desde los años 70 y 80, la única alternativa que le queda al Gobierno es conseguir en Bruselas un mínimo de flexibilidad con el que afrontar una maniobra expansiva centrada en las inversiones que después puedan conseguir la máxima reducción posible de los intereses”.

Según Fedeli, si Renzi obtiene una negativa y debe asumir el aumento del gasto a cambio de una subida de tasas como el IVA, “el resultado será peor que el efecto que pueda tener sobre el aumento del PIB”. Bien al contrario, una hipotética rebaja de impuestos que el primer ministro había prometido anticipar, parece que tendrá que esperar al menos hasta 2018.

Aunque no ha recibido el plácet de la UE ni se espera que es produzca oficialmente, el Gobierno italiano todavía confía en que sus presupuestos se puedan calificar de “expansivos”. Otra cosa será que la Comisión Europea mire otro lado, como ya ocurrió con España y Portugal cuando se libraron de una multa tras haber superado el déficit previsto.