Fragmentación regulatoria

Bruselas busca impulsar la economía colaborativa frente a las trabas de los países miembros

La Comisión examina una queja de Uber contra España y otra denuncia contra las restricciones de Cataluña a Airbnb.

Protesta de los taxistas contra Uber en Londres

Protesta de los taxistas contra Uber en Londres Reuters

  1. Economía colaborativa
  2. Uber
  3. Airbnb
  4. BlaBlaCar
  5. Comisión Europea

La polémica sobre cómo deben regularse los nuevos servicios como Uber o Airbnb llega a Bruselas. La Comisión tiene previsto publicar el próximo jueves 2 de junio unas nuevas directrices cuyo objetivo es impulsar la economía colaborativa en la UE frente a las trabas que hasta ahora le han puesto la mayoría de países miembros como Francia, Alemania o España. Eso sí, precisará también las “obligaciones” que deben cumplir las nuevas compañías en cuestiones como impuestos, responsabilidad o condiciones laborales, según han explicado fuentes europeas.

El Ejecutivo comunitario considera a la economía colaborativa como “una oportunidad”, cuyo desarrollo puede tener un impacto muy positivo en Europa. Sobre todo por su enorme potencial de crecimiento. Entre 2014 y 2015 los ingresos del sector se duplicaron, según los datos de Bruselas. Por ello se ha fijado como objetivo trabajar en un marco legal que facilite la aparición de nuevas empresas innovadoras en Europa que puedan competir con las de Estados Unidos, como la francesa BlaBlaCar.

Al mismo tiempo, la Comisión es consciente que hay una serie de cuestiones recurrentes que dificultan el desarrollo de estos nuevos modelos de negocio. Cuestiones que tienen que ver con las restricciones de acceso al mercado, el pago de impuestos, los problemas de responsabilidad civil o la aplicación de las normas de empleo o de protección de los consumidores.

Acabar con la fragmentación regulatoria en la UE

Cada país, e incluso cada ciudad, están dando respuestas diferentes a estos problemas. El resultado es una gran diversidad y fragmentación legislativa que se traduce en una falta de seguridad jurídica, tanto para los nuevos operadores como para las empresas tradicionales o incluso para las autoridades nacionales.

Las empresas ya han presentado varias quejas ante la Comisión contra las legislaciones nacionales más restrictivas. En estos momentos, el Ejecutivo comunitario examina cuatro denuncias de Uber: dos contra la legislación de Francia, una contra España y otra contra Alemania. Los tres países han prohibido o restringido alguno de sus servicios de transporte tras la presión del sector del taxi. Bruselas también estudia sendas quejas contra la legislación de Cataluña y la de la ciudad de Berlín por restringir el subalquiler de apartamentos. En estos casos, no se ha hecho pública la identidad de la empresa denunciante.

Antes de dictaminar sobre estos casos particulares, la Comisión pretende fijar su posición política en las directrices que publica el miércoles y orientar a los gobiernos nacionales sobre cómo deben aplicar la legislación comunitaria vigente, en particular la directiva de servicios.

Distinguir entre profesionales y ciudadanos privados

Una de las principales recomendaciones de Bruselas a los gobiernos nacionales es que distingan entre los ciudadanos privados que prestan un servicio ocasional para ganar un dinero extra, ya sea conductor o de alquiler de habitaciones, para ganar un dinero extra y los que lo hacen de forma profesional. Para ello, la Comisión aconseja fijar umbrales -por ejemplo de número de días o volumen de ingresos- a partir de los cuales se regularía de forma más estricta sobre cuestiones como la obligación de licencia.

El Ejecutivo comunitario también pide a los países que revisen la legislación que aplican a los operadores tradicionales. Y supriman aquellas exigencias que les aplican que quizá ya no están justificadas o no son proporcionales. Bruselas cree que el desarrollo de la economía colaborativa también puede abrir nuevas oportunidades a las empresas tradicionales al crear nuevos mercados.