“Para el español, en quien el animal primitivo no está atrofiado, el trabajo es la peor de las esclavitudes” (Paul Lafarge. 1880)

La propuesta del BBVA para cambiar el disfuncional mercado laboral español tiene un mérito apreciable: es el esfuerzo más serio que se ha hecho en los últimos años por articular una reforma integral. A partir de las propuestas aisladas que el servicio de estudios del banco ha desarrollado en estos años de crisis, en los que la legislación laboral española trituró empleos y empresas con especial saña como atestiguan las cifras de paro, los economistas que dirige Jorge Sicilia se han dado el trabajo de crear un documento ordenado y coherente.

Limitaciones políticas y económicas han hecho que ninguna de las reformas laborales españolas haya tenido una mirada integral. Éstas se podrían definir por la incidencia que tienen en las tres etapas de la vida laboral: el acceso, la estancia en el mercado laboral y la salida. La de Zapatero en 2010 actuó sobre la entrada y la salida, pero no sobre la estancia. Abarató esta última y creó un contrato de fomento del empleo, para intentar agilizar la entrada. Pero en la estancia, que es donde las empresas estaban cerrando por la falta de flexibilidad para reorganizarse, se hizo muy poco, casi nada.

Políticas bajo sospecha

Con la de Rajoy en 2012, de nuevo se abarató la salida, se mejoraron las condiciones de la estancia con cambios en el descuelgue y la ultraactividad de los convenios, pero casi no se hizo nada en la entrada, clave para incidir en el problema de la dualidad. Se actuó por la vía de las cotizaciones para estimular la contratación y sólo en 2013 se hizo una reordenación formal de los 42 contratos para agruparlos en cuatro grandes familias. Con el Gobierno de Rajoy, además, las políticas activas de empleo prácticamente desaparecieron. Entre otras razones porque el Ejecutivo sospechaba, con razón, que se habían convertido en un ámbito donde determinados grupos sólo capturaban rentas y no ofrecían una auténtica formación.

Rafael Doménech, Jorge Sicilia y Miguel Cardoso, de BBVA Research. Efe

Detrás de este trabajo del BBVA titulado Hacia un mercado de trabajo más eficiente y equitativo está el rigor intelectual de Rafael Doménech, uno de los mayores expertos en temas relacionados con mercado laboral y productividad. Ninguna afirmación teórica de Doménech carece de respaldo y ningún número está sin contrastar, como ya habrán comprobado quienes hayan leído su obra En busca de la prosperidad (Ed. Deusto, 2015), elaborada junto a Javier de Andrés.

Un escándalo con sordina

Hay un ámbito que, sin embargo, se ha escapado a los expertos del banco o que lo han tocado apenas tangencialmente, y es el del fraude laboral, un escándalo que la sociedad española acoge con sordina y con una indignación incomparablemente menor que la que produce el fraude fiscal. El 21 de abril pasado el Ministerio de Empleo informó que desde enero de 2012 y hasta marzo de 2016 se han realizado 879.270 inspecciones que permitieron aflorar 353.300 empleos ilegales. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, dijo que el impacto económico global de estas actuaciones fue de 15.371 millones de euros (1,5% del PIB).

Estos resultados se deben a un plan de lucha contra el fraude acordado en abril de 2012. El plan ha tenido éxito, porque el Gobierno reformó los procedimientos y se dotó de los instrumentos legales necesarios, y contó con el apoyo de los sindicatos de la Inspección del Trabajo. No sucedió lo mismo con el plan de lucha contra el fraude de Hacienda, por ejemplo, que provocó críticas y divisiones internas. Quizá el secreto de la unanimidad concitada por el de Empleo sea que el número de inspectores y subinspectores se ha incrementado en 500 en el periodo 2012-16.

Una de las razones de su buen funcionamiento también fue el acierto a la hora de detectar una tipología específica de fraude surgida a la sombra de la crisis: la creación de empresas ficticias para facilitar el acceso a prestaciones sociales. En estos cuatro años se han detectado más de 5.000.

Y en cuanto al fraude laboral por cantidades no declaradas a la Seguridad Social, éste ascendió a 4.661 millones de euros.

Un remiendo continuo

Junto con el estudio de la propuesta del BBVA, resulta muy aconsejable la lectura del libro de César Molinas y Pilar García Perea Poner fin al desempleo. ¿Queremos? ¿Podemos? (Editorial Deusto, 2016) donde se analiza la historia reciente del mercado laboral español y se expone cómo este es fruto de la primacía de las ideas de políticos, abogados laboralistas y sindicalistas, pero no de economistas. Su realidad hoy no es más que el remiendo continuo de unas instituciones que fueron acrisoladas por falangistas y socialistas, impuestas por el franquismo y moduladas por los intereses de grupo de la etapa democrática.

Molinas ha tenido el acierto de resucitar la frase de Paul Lafargue con que encabezo este artículo. Lafargue, cuñado de Karl Marx y amigo de Pablo Iglesias, publicó en 1880 en el semanario L’Egalité su opúsculo El derecho a la pereza, una refutación del derecho al trabajo. Su idea central es que el trabajo ocupa un lugar preponderante en nuestras vidas porque el capitalismo lo ha situado ahí. Y él proponía limitarlo y sustituirlo por ocio, un ocio en el que incluye el aprendizaje activo y la cultura. Paradójicamente, el tiempo dedicado al trabajo fue uno de los factores que las inflexibles leyes españoles no permitieron modular. El sistema sólo te daba dos alternativas: o trabajabas mucho o te ibas al paro.