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El BBVA plantea una reforma integral y a fondo del mercado laboral

Propone cambios en la contratación, la protección del empleo, la fiscalidad y la reordenación de las políticas activas y pasivas

Rafael Doménech, economista jefe de Economías Desarrolladas de BBVA Research

Rafael Doménech, economista jefe de Economías Desarrolladas de BBVA Research

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El BBVA ha propuesto una reforma a fondo del mercado laboral español que permita superar la principal anomalía de la economía española: que después de 50 reformas laborales desde 1980, la tasa de paro estructural siga duplicando a la de los ocho países fundadores de la Unión Europea (UE-8). Para ello, el servicio de estudios del banco, considerado el más prestigioso del sector privado, ha reunido en un sólo documento todas las propuestas que ha venido formulando durante la crisis.

Cuando ya se ha iniciado la precampaña electoral, el banco plantea en su documento “Hacia un mercado de trabajo más eficiente y equitativo” la reducción del número de contratos a tres tipos (indefinido, temporal y de formación) y la implantación de un nuevo esquema de indemnización por despido inspirado en la llamada “mochila austriaca”.

También propone la modernización pactada de la negociación colectiva para acercarla al ámbito de la empresa, la eliminación de las cláusulas de salvaguardia, su sustitución por un órgano asesor que “genere opinión” sobre la evolución de las remuneraciones, y que se generalice el pago por rendimiento.

Además de la reforma de la contratación, la protección del empleo y la negociación colectiva, el documento aborda otros dos aspectos cuya discusión ha sido marginal y espasmódica en el debate español: la reducción de la presión fiscal sobre el empleo y el rediseño de las políticas activas y pasivas de empleo.

Los expertos del BBVA, dirigidos por Jorge Sicilia y Rafael Doménech, sostienen que “dadas las interacciones entre instituciones”, todas las reformas tendrían que ser integrales y estar coordinadas con otros ámbitos como la formación (reforma educativa), la regulación de los mercados de bienes y servicios, y acciones destinadas a modificar la demografía empresarial (incrementar el tamaño de las empresas españolas para asegurar empleos mejor remunerados y más seguros).

El documento describe someramente los problemas ya conocidos del mercado laboral español, la destrucción masiva de empleo, la dualidad entre indefinidos y temporales, las rigideces que impiden el ajuste por otra vía que no sea el despido en desmedro de la reducción de jornada o del salario.

La situación actual no sólo tiene importantes efectos económicos, dañando la productividad, sino sociales. Incide en la equidad, por ejemplo, al castigar más a los colectivos vulnerables y con mayores dificultades de inserción laboral.

Tres contratos y ‘mochila austriaca’

La propuesta del BBVA es reducir a tres los contratos en España: uno indefinido, uno temporal con finalización causal por un máximo de dos años y uno de formación y aprendizaje. La propuesta coincide con la reclasificación que hizo el Ministerio de Empleo en diciembre de 2013 cuando reordenó los 41 tipos de contratos vigentes en esas tres categorías. La clave de los contratos radica en el esquema de indemnización por finalización que sería mixto. Una parte procedería de una cuenta de ahorro individual que se nutriría de aportaciones periódicas del empleador por un importe de 8 dias de salario por año trabajado. Otra parte de la indemnización correspondería a la empresa, sería creciente en relación con la antigüedad del trabajador y mayor para los casos de improcedencia. Como en el actual sistema tendría un máximo de 12 mensualidades si es procedente y 24 si es improcedente.

En el caso del contrato temporal, la indemnización adicional sería de 12 días por año más las aportaciones en la cuenta individual. La indemnización del contrato indefinido los dos primeros años sería menor que el coste de finalización de un contrato temporal, para incentivar la continuidad laboral.

La cuenta individual es propiedad del trabajador y lo acompañaría a un nuevo empleo donde seguiría acumulando ahorro. Sólo se liquidaría en caso de despido o jubilación. Esta modalidad permitiría mejorar la movilidad laboral, sectorial y geográfica.

El BBVA calcula que sus propuestas reducirían la tasa de temporalidad entre 6 y 11 puntos y la tasa de paro entre 3 y 6 puntos, repercutiendo positivamente en le PIB, las horas trabajadas y la equidad.

Negociación colectiva

El documento cuestiona dos aspectos de la negociación colectiva que considera que introduce rigideces “que agravan las repercusiones de la dualidad” entre indefinidos y temporales. Uno son las cláusulas de revisión salarial ligadas a la inflsción y la itra son los obstáculos a la negociación a nivel de empresa debido a la eficacia general automática de los convenios.

Por una parte, los convenios provinciales (de sector) extienden unas condiciones laborales que dificultan la competencia entre empresas y las cláusulas salariales limitan la creación de empleo y no frenan su destrucción. Para resolver estas cuestiones el documento propone pactar medidas de flexibilidad salarial que supongan la generalización del pago por rendimiento, la eliminación de las cláusulas que indexan salarios a la inflación y la creación de un órgano con autoridad para indicar cuál debe ser la evolución de los salarios.

Por otra parte, se plantean medidas para acercar la negociación colectiva al ámbito de la empresa “hasta donde sea eficiente”. Para garantizar esto último, las empresas tendrán la posibilidad de adherirse parcialmente a convenios de ámbito superior (opting-in) y a convenios extraestatutarios.

Impuesto al empleo

Según el BBVA Reasearch, “la estructura del sistema fiscal desincentiva la contratación y limita la competitividad”. Las cotizaciones sociales suponen un peso mayor que en otros paises europeos respecto de los impuestos indirectos. Las cotizaciones, además, aumentan los costes de producción de los productos domésticos.

Para abordar esta cuestión, el banco plantea una devaluación fiscal, que ya propuso en un trabajo de Rafael Doménech y Rafael Emilio Boscá en diciembre de 2013. La idea básica es reducir las cotizaciones sociales en 2,3 puntos (el tipo nominal de las cotizaciones sociales ahora es de 37,38%, pero el tipo efectivo ronda el 22%) y comoensar esa pérdida de ingrsos fiscales con una subida de 2 puntos de los impuestos indirectos (IVA e impuestos especiales).

Esta medida crearía, según BBVA Research, unos 200.000 empleos adicionales y el PIB podria crecer un 0,7% a largo plazo.

Ademas, el informe propone incentivar la prolongación de la vida laboral con medidas como la percepción simultánea de pensión con la realización de una actividad laboral exenta de cotizaciones y una medida de enorme calado: “iniciar la transición hacia un sistema público de pensiones basado en cuentas individuales”.

Políticas activas y pasivas

La propuesta aboga por mejorar la empleabilidad de la población a través de políticas activas de empleo. Los casos de fraude desacreditaron estas políticas y en medio de la crisis el PP prácticamente las suprimió. España es el país de la UE en que han tenido un menor oeso en el gasto total en políticas de mercado de trabajo, 16 puntos porcentuales menos que el promedio de la UE15.

El banco propone incrementar de 1.400 euros por persona el gasto en políticas activas de empleo a 2.700 euros. A cambio, se someterían los programas a la evaluación de una agencia independiente. Y mientras ésta se pone en marcha, sólo se invertiría en políticas probadas con éxito en otros países. Los desempleados serían los principales destinatarios de las políticas de formación específica.

También se plantea la reforma de las políticas pasivas de empleo, o sea, las prestaciones por desempleo, que en España son similares a las del conjunto de la UE. Se propone modular su duración de acuerdo con el ciclo económico. De esta forma, cuando la economía crece, las prestaciones durarían menor, y cuando entra en recesión, serían más largas. Del mismo modo, se plantea endurecer la condicionalidad para recibir prestaciones. España es uno de los países de la OCDE donde esta condicionalidad es más laxa.

Por último, el documento plantea vincular las políticas activas y pasivas para que las personas que acceden a la prestación se sometan a programas de activación profesional. También se crearía un sistema de bonus-malus para las empresas que despiden más o menos a lo largo de su historia.