El ministerio de Hacienda va desgranando los datos de la nueva senda del déficit que está acordando con la Comisión Europea. La propuesta del Gobierno español es que Bruselas permita una desviación del déficit de 8 décimas del PIB para este año, desde el objetivo del 2,8% hasta el 3,6%. El ministerio pretende dejar la mitad de esta prórroga, esto es, algo más de 4.000 millones de euros, a las comunidades autónomas, lo que permitiría a las regiones duplicar su déficit respecto al objetivo inicial.

Esto es, si antes podían gastar 3.000 millones de euros más de lo que ingresaban, con el nuevo plan podrían gastar hasta 7.000 millones de euros. De este modo, el nuevo objetivo de déficit para las autonomías pasaría a ser el mismo que tuvieron en 2015, sin embargo, el año pasado su desfase fue del 0,96%.

De este modo, el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, quiere dar respuesta a la petición de las autonomías de relajar sus objetivos de déficit para este año. Las autonomías se encargan de uno de cada tres euros del gasto público en España, por lo que querían tener una porción del déficit mayor del que les había otorgado el Gobierno, que era del 8%.

La nueva senda del déficit

Esta es nueva senda del déficit que ha propuesto España a Bruselas dentro del Programa de Estabilidad, sin embargo, todavía tiene que recibir el visto bueno definitivo de la Comisión Europea. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, anunció el martes que ya ha hablado con Bruselas esta nueva senda del déficit, pero que todavía no está aprobada. España se enfrenta a una multa que puede llegar hasta 2.000 millones de euros por incumplir con sus objetivos de déficit.

Hacienda está dispuesta a negociar con las autonomías cómo se reparte el déficit. Las reuniones bilaterales con las distintas regiones empezarán la semana que viene y ahí se negociará el nuevo ajuste del déficit.

Las otras cuatro décimas de déficit adicional que pretende conseguir el Gobierno irían íntegramente a la Seguridad Social, que también tenía un déficit permitido de 0,3 puntos del PIB. El Estado se quedaría con el techo de déficit actual, del 2,2% y las entidades locales tendrán que ajustar sus gastos a los ingresos, ya que no podrán tener nada de déficit.