A primera hora de la mañana del lunes CaixaBank lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el Banco Portugués de Inversiones (BPI), el quinto mayor banco de Portugal. En la oferta anunciada a la Comisión del Mercado de Valores de Lisboa, el banco catalán, que es el primer accionista del BPI con 44,1% del capital, ofrece 1,113 euros por cada acción del banco luso que no controla, con un valor total de 1,6 mil millones de euros que Caixabank pagaría en efectivo.

Se trata de la segunda OPA que Caixabank lanza sobre el BPI, entidad que ya intentó adquirir en febrero de 2015. En aquella ocasión la OPA fracasó debido por la llamada ‘ley de blindaje’, que limita los derechos de votos dentro de sociedades cotizadas en determinados casos.  Aunque Caixabank posee 44,1% de las acciones del BPI, hasta ahora su derecho de voto estaba limitado al 20%, por lo que sus intentos de fijar el rumbo del banco han sido sistemáticamente vetados por la empresaria angoleña Isabel dos Santos, cuya participación real es del 18,6%.

Sin embargo, la OPA anunciada ayer tiene mayor probabilidad de éxito ya que cuenta con un inesperado aliado: el Gobierno del socialista António Costa, cuyo Ejecutivo aprobó una notable alteración de la ‘ley de blindaje’ en secreto el pasado jueves. La modificación del Régimen General de las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras permitirá suspender el blindaje de los estatutos de las sociedades en determinados casos y entrará en vigor el primero de julio. Pese a haber sido promulgada por el conservador Presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, a mediados de la tarde del lunes, los detalles exactos de la legislación todavía no han sido revelados.

‘No es un decreto-ley creado a medida’

Desde París, donde se encuentra de visita oficial, el primer ministro Costa ha asegurado que el decreto-ley “no ha sido creado a medida”. “Hay cerca de ocho instituciones financieras en Portugal que tienen estatutos con restricciones sobre los derechos de voto. El pasado jueves aprobamos un decreto-ley que prevé que los accionistas tengan la obligación de revisar esas restricciones periódicamente”, declaró Costa, que a la vez aseguró que la legislación se iba planificando desde el pasado mes de febrero.

“No se anunció hasta ahora para evitar que el proceso legislativo tuviera un impacto sobre las negociaciones [entre Caixabank y Dos Santos]”. Aunque la nueva ley afectará el conjunto del mercado luso, exponiendo a entidades como el Banco Comercial Portugués (BCP) a futuras OPAs, la legislación deja el camino libre a Caixabank en este caso particular, y que la destrucción del poder de veto de Dos Santos sea deseable tanto para la entidad como para el Gobierno.

Durante el último año, Dos Santos ha utilizado su poder de veto para evitar que los mayores accionistas del banco portugués encuentren una solución al exceso de concentración de riesgos que el BPI tiene en Angola, por el que se enfrenta a duras sanciones por parte del Banco Central Europeo. Para el Ejecutivo Costa urgía encontrar una salida a un conflicto que hacía peligrar la estabilidad de una de las mayores entidades financieras del país.

El culebrón de Angola

La OPA sobre el BPI y la existencia del decreto-ley salieron a la luz apenas un día después de que se conociera el fracaso de las negociaciones entre Caixabank y Santoro Finance, la sociedad controlada por Dos Santos, la mujer más rica de África y la hija del dictador angoleño Eduardo José dos Santos.

Durante el pasado año Caixabank y Dos Santos han negociado para intentar llegar a una solución acerca de los activos que el BPI en Angola. El Banco Central Europeo (BCE) daba al banco portugués hasta el pasado 10 de abril para rebajar su concentración de riesgos en el país africano, donde controla el 50,1% de las acciones del Banco de Fomento de Angola (BFA), o se enfrentaría a multas diarias de 160.000 euros.

El pasado domingo se anunciaba un acuerdo entre Caixabank y Dos Santos, según el cual los catalanes adquirirían las acciones de la angoleña en el BPI –haciéndose así con el control de la entidad– a cambio de la entrega de las acciones del banco luso en el BFA a la empresaria. Sin embargo, nuevas exigencias de la angoleña hicieron que el acuerdo quedara en papel mojado.

En el comunicado emitido ayer anunciando la OPA sobre el Banco BPI, Caixabank interviene a favor de la entidad lusa y solicita al BCE que suspenda los procedimientos administrativos contra el BPI, con la finalidad de que permita a la entidad catalana encuentre una solución al asunto una vez se haga con el control del banco portugués. Su petición adquiere mayor peso ahora que la modificación de la ‘ley de blindaje’ hace posible esa adquisición.

¿Un ataque a Isabel dos Santos?

Aunque el primer ministro haya insistido que su Ejecutivo no está mostrando favoritismo a Caixabank o interviniendo en los negocios de Dos Santos, los medios portugueses entienden la promulgación de esta legislación como un ataque directo a sus intereses en Portugal y no descartan que la empresaria tome todas las medidas a su alcance para evitar que los catalanes se hagan con la entidad lusa.

Por un lado, Dos Santos podría acudir a la Justicia para intentar tumbar la alteración de la ‘ley de blindaje’, argumentando que ha sido creado a medida y que viola los principios de la Constitución portuguesa. Aunque las muchas coincidencias temporales favorecen su caso, el hecho de que la legislación sea aplicable a otras entidades hace que el resultado de un litigio sobre el asunto sea poco claro.

A corto plazo, nadie espera que la angoleña facilite la OPA sobre el BPI. Caixabank descarta que Dos Santos venda sus acciones y estima que conseguirá “una participación del 70% en la entidad una vez concluya la operación”. El banco catalán prevé invertir unos 420 millones de euros en la OPA, lo que supondría adquirir el 25,9% del capital que todavía no posee.

La percibida ofensiva contra la hija del dictador angoleño podría complicar las delicadas relaciones de Lisboa con su antigua colonia, que no pasan por su mejor momento. Hace unas semanas la Asamblea de la República votó para condenar la encarcelación del lusoangoleño Luaty Beirão y otros 16 activistas, que fueron sentenciados a largas penas de prisión por manifestarse a favor de los Derechos Humanos en Angola. Aunque la condena de la Asamblea finalmente no fue aprobada, el hecho de que “los asuntos internos” de Angola fuesen discutidos en el Parlamento de Lisboa fue causa de quejas por parte del Régimen de Dos Santos.

Reducir la exposición al mercado angoleño

A lo largo de las últimas décadas las relaciones financieras entre Portugal y Angola han sido intensas, pero desde el pasado año la conexión Lisboa-Luanda ha ido en deterioro a instancias de las entidades europeas, que consideran que podría perjudicar la estabilidad de la banca lusa.

Precisamente el lunes la Comisión Europea publicó un informe indicando que los bancos portugueses tienen que “deshacerse de sus conexiones” con Angola. El informe también señala que no es buen momento para hacer negocios en el país,ya que “el impacto negativo del colapso del precio de petróleo en la economía angoleña podría perjudicar los propios niveles de capital de la banca portuguesa”.

En 2014 el BCE alertó que Angola carecía de regulación y supervisión equivalente a los mínimos exigidos por la Unión Europea, por lo que se procedería a la alteración dela confrma de contabilización de los bancos europeos con negocios en Angola, penalizando la capital. Fue por este motivo que el BCE ordenó la reducción de la exposición del BPI a este mercado. En 2015 el BFA supuso más del 50% de los beneficios del BPI, representando 135,7 millones de los 235,4 millones en beneficios de la entidad portuguesa.