Desequilibrios económicos

El BCE apremia a España a corregir el déficit fiscal

“El Gobierno es incapaz de hacer cumplir las leyes”, denuncia la agencia de calificación crediticia Moody’s

El presidente del BCE, Mario Draghi, junto al vicepresidente Vítor Constâncio

El presidente del BCE, Mario Draghi, junto al vicepresidente Vítor Constâncio

La preocupación por el descontrol presupuestario en España ha llegado también al Banco Central Europeo. Su vicepresidente, el portugués Vítor Constâncio, ha confesado este jueves en la Eurocámara que el desvío del déficit desvelado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, “ha sorprendido a todo el mundo, en particular a la Comisión”. Aunque Bruselas había avisado de los riesgos, no se esperaba un desfase tan amplio, en particular con un crecimiento del 3,2%.

“Esto no tendría que haber ocurrido y deberá corregirse”, ha espetado Constâncio en una comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara. El BCE “apoya” al Ejecutivo comunitario a la hora de garantizar que “se apliquen en el caso de España los pasos legales previstos para la corrección cuando hay desvíos”. Una declaración que puede interpretarse como una forma de presionar a Bruselas para que sea estricta con las autoridades españolas. En todo caso, Constâncio ha precisado que todavía no ha llegado la fase de sanciones.

El Banco Central Europeo no tiene ningún poder de decisión sobre las posibles multas a España por incumplir el déficit. Pero la política de estímulo monetario y el programa de compra de deuda pública del órgano presidido por Mario Draghi son los principales factores que explican que la prima de riesgo española no se haya disparado pese a la incertidumbre política y el fuerte desfase comunitario.

La iniciativa a la hora de pedir multas para España por déficit excesivo (que pueden llegar hasta el 0,2% del PIB, es decir, 2.000 millones de euros) corresponde a la Comisión Europea. Para Bruselas, la última revisión del déficit anunciada por Montoro, que además ha sido impuesta por Eurostat, no cambia las cosas. “Un 5,2% o un 5% es parecido”, explican a EL ESPAÑOL fuentes comunitarias. El objetivo pactado con la UE era del 4,2%. El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ya ha reiterado su “preocupación” por la trayectoria presupuestaria española.

El Ejecutivo comunitario debe decidir sobre el caso español en mayo. Sobre la mesa tendrá dos alternativas. La primera es dar una nueva prórroga a España para situar el déficit por debajo del umbral del 3% que marca el Pacto de Estabilidad, tal y como piden todos los partidos españoles. Para ello, el Gobierno de Mariano Rajoy tendría que haber adoptado “medidas eficaces” de corrección del déficit. Pero la cifra de 2015 demuestra que no ha sido así, por lo que la única opción que le queda a Bruselas es avanzar con las sanciones, según las fuentes consultadas.

El proceso sólo se parará si el nuevo Gobierno presenta a Bruselas un plan de medidas para atajar el déficit. Si al final se repiten las elecciones el 23 de junio, el Ejecutivo comunitario sopesa retrasar su decisión hasta entonces para no interferir en la campaña.

El Gobierno es incapaz de obligar a cumplir a las regiones

A las críticas a España por incumplir el déficit se ha sumado también la agencia de calificación crediticia Moody’s. En un duro informe publicado este miércoles, Moody’s sostiene que el Gobierno español “es incapaz de hacer cumplir las leyes” y de tomar medidas para obligar a las comunidades autónomas a respetar los objetivos de déficit, informa Efe.

La agencia denuncia que España ha incumplido la meta de déficit por quinto año consecutivo y ello pese al elevado crecimiento del 3,2%. Y pronostica que los gobiernos regionales volverán a desviarse de los objetivos este año. Moody’s resalta que la ley de Estabilidad Presupuestaria tiene instrumentos para actuar contra las comunidades rebeldes, pero lamenta que Montoro no los haya utilizado.

Es un reproche similar al que lleva haciendo la Comisión en los últimos años. De hecho, Bruselas envió el pasado 9 de marzo un ultimátum al Gobierno de Rajoy instándole a actuar. Le exigió aplicar “los instrumentos correctivos y preventivos previstos en la Ley de Estabilidad española para controlar las desviaciones a nivel de las administraciones locales y autonómicas”. Hacer caso omiso de este aviso se considera como factor agravante en caso de sanciones.