el gobierno en funciones

La bronca del déficit y el descrédito institucional

Duras críticas de ministros como Guindos, Soria o Morenés a la gestión por parte de Montoro de la desviación del déficit

Mariano Rajoy en el 80º cumpleaños de Mario Vargas Llosa

Mariano Rajoy en el 80º cumpleaños de Mario Vargas Llosa

"No me importa el legado, me importa el engaño" (Mariano Rajoy)

El miércoles 30 de marzo, varios ex ministros latinoamericanos cenaban en Madrid tras asistir a los fastos del 80º cumpleaños de Mario Vargas Llosa. El tema de conversación era el descarrilamiento del déficit que se anunciaría al día siguiente. Se hablaba de que estaría por encima del 5% cuando el objetivo era del 4,2%. Alguien recordó que, en febrero, Rajoy había anunciado que la desviación sería de apenas tres décimas. “Si le hago cometer un error así al presidente, esté en funciones o no, no duro cinco minutos como ministro”, comentó uno de ellos.

El anuncio de las tres décimas del 11 de febrero ya había provocado fricciones en el Gobierno. El ministro de Economía Luis de Guindos telefoneó en el momento a Álvaro Nadal, director de la oficina económica de Rajoy, pidiéndole precisiones sobre el anuncio del presidente. “No es un anuncio”, le dijo Nadal. A su juicio era un simple comentario anecdótico, sin mayor valor.

(La respuesta de Nadal recuerda cuando defendió, con un complejo razonamiento sobre tratados internacionales, que Rajoy tenía perfecto derecho a fijar un objetivo de déficit para España sin esperar a la UE, tal como hizo el 2 de marzo de 2012. Desde ese momento, la desconfianza de los socios europeos y la prima de riesgo no pararon de crecer).

Guindos, el más afectado

La enorme desviación del déficit que al final fue del 5,16%, casi un 25% sobre el objetivo previsto, provocó una intensa discrepancia entre los miembros del Ejecutivo. Hubo fuertes reproches a Montoro por haber expuesto al presidente a esta situación. Guindos, como de costumbre, fue oblicuo, pero no dejó de traslucir su malestar. Su prestigio en Europa sufre con estas cosas. Él tuvo que defender la rebaja fiscal de 2015 ante un Pierre Moscovici que le advirtió por activa y por pasiva que España no cumpliría. También tuvo que hacerlo ante el FMI. Y ahora, con este episodio, su posición ha quedado en evidencia: le ven más como un propagandista de Rajoy que como su experto asesor.

El ministro de Economía, Luis de Guindos Jurado.

El ministro de Economía, Luis de Guindos Jurado. EFE

Pero otros ministros se han referido críticamente a lo ocurrido. Entre ellos se cita a José Manuel Soria, ministro de Industria, y a Pedro Morenés, de Defensa. El más duro con Montoro suele ser el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, que no puede ocultar su falta de sintonía con la política fiscal, pero en esta ocasión no se le ha oído porque se hallaba de viaje en el extranjero.

Otros, como Alfonso Alonso, ministro de Sanidad y eventual referencia para un PP post-Rajoy (la mayoría de las referencias del postrajoyismo, como Pablo Casado o Javier Maroto, están bajo el fuego graneado de Moncloa según El Mundo, en concreto los disparos han salido de la vicepresidencia), han sido acallados con truculentos argumentos como el tejido por Montoro de que el costoso tratamiento de la hepatitis C ha sido uno de los responsables de la desviación. Alonso fue el que autorizó el medicamento y dijo que las comunidades autónomas disponían de “margen presupuestario para dispensarlo”.

Argumentario de Moncloa

Así que el Gobierno -que probablemente sospechaba desde el 1 de enero de 2015 que no iba a cumplir el objetivo de déficit porque el año tenía cuatro citas electorales- decidió echar a las comunidades autónomas todas las culpas. Se encargó a Moncloa un argumentario para descargar de responsabilidad al Gobierno central. Todo lo que podía ser controlado por éste (Administración Central, Seguridad Social) y lo que no pero que funcionó (Administración Local), “ha sobrecumplido su objetivo de déficit”. Los que “no han hecho la tarea”, como dijo Montoro en la presentación de los datos, han sido las díscolas comunidades autónomas. Hay una excepción, por supuesto, que es Galicia, que no fue arrebatada al PP en las elecciones de mayo de 2015, y que ahora es un ejemplo de rigor y de cumplimiento.

Pero el argumentario omite un hecho central: que las comunidades autónomas son parte del Estado. Y aunque en Moncloa ahora vuelve a emplearse el razonamiento de que éstas se mandan solas y están fuera de control porque la Constitución “blinda” su autonomía, esto ignora que, en materia de estabilidad presupuestaria, ninguna comunidad autónoma ganó uno solo de los recursos que presentó contra la Ley General de Estabilidad Presupuestaria de Aznar que Zapatero derogó en 2006.

De hecho, la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria, fruto de la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución, fue aprobada por la mayoría absoluta del PP y contiene los elementos de disciplina y control sobre las comunidades autónomas que el mismo Rajoy quiso darse. Y han sido respaldados por el Constitucional que, en enero de 2015, rechazó el primer recurso que presentó Canarias contra las medidas coercitivas de la norma.

Convertir en "clientes" a las comunidades

Pero, en la práctica, la ley ha sido letra muerta. Montoro prefirió crear mecanismos de urgencia (el Fondo de Liquidez Autonómica, FLA, y el Fondo de Pago a Proveedores, FPP) con los que convirtió en “clientes” a las comunidades autónomas, la mayoría de las cuales, al estar gobernadas por el PP, entraron en su juego. De éstas, sólo Galicia y Madrid no lo hicieron hasta que Cristina Cifuentes fue elegida en esta última y rindió la plaza en el verano de 2015 y se adscribió al FLA. El resultado es que hoy Madrid incumple su objetivo de déficit mientras que Galicia no lo hace. El mecanismo de urgencia, además, se ha convertido en permanente.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda REUTERS

El Gobierno también intenta soslayar las numerosas advertencias que recibió. El 5 de diciembre de 2014, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) le remitió una carta al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en la que le instaba a poner en marcha las medidas preventivas previstas en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria “sin tener que esperar” a constatar en marzo de 2015 la desviación. “Con ello, se conseguiría que, si finalmente resultara confirmado el riesgo, pudieran adoptarse las medidas pertinentes y vigilar estrechamente sus resultados desde el inicio del ejercicio 2015”.

Ahora, el Ejecutivo quiere aplicar a las comunidades autónomas medidas coercitivas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que no quiso poner en marcha cuando existía la posibilidad de retener el poder en ellas. Y se vale de una instrucción del 9 de marzo de 2016 del comisario europeo Moscovici que ordenó a España que controle “las desviaciones, a nivel de las administraciones locales y autonómicas, de los objetivos respectivos de déficit, deuda y regla de gasto”.

Tres efectos

¿Y a quién se va a imputar el déficit provocado por el medicamento de la hepatitis C que aprobó el gobierno central pero pagaron las comunidades? ¿Y la falta de presteza del ministro de Hacienda a la hora de exigir que se presentaran los Planes de Estabilidad Financiera que cada comunidad mandaba cuando le venía en gana?

La renovada disposición del Gobierno en funciones a aplicar la misma ley que convirtió en letra muerta durante cuatro años despide un inocultable tufo partidista. Hay tres efectos que saltan a la vista. En primer lugar, con esto Rajoy ha creado un fuerte incentivo para que las 14 comunidades infractoras hagan todo lo posible para que su gobierno en funciones acabe lo antes posible. En segundo lugar, a Moscovici ya se le ha transmitido que el PP lo ha utilizado como coartada para arremeter contras las comunidades donde fue derrotado (“ofrecieron un tratamiento de la hepatitis C para no asumir el coste electoral y reputacional de negarse, e incrementaron el déficit de las comunidades autónomas”) y se volverá a cuestionar ampliamente el criterio de reparto del déficit entre administración central, Seguridad Social, corporaciones locales y comunidades autónomas con consecuencias imprevisibles. En tercer lugar, los eventuales recursos de las comunidades autónomas ante el Constitucional pueden acabar debilitando la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ya muy tocada por este uso partidista y por la falta de pedagogía que se ha hecho con ella. A todas luces hay un claro menoscabo institucional que es responsabilidad del Gobierno en funciones.

En este caso, a diferencia de lo que decía Rajoy del déficit que heredó de Zapatero, el problema no es el engaño: también es el legado.