Presupuestos autonómicos

Montoro quiere hacer en funciones lo que no hizo con mayoría absoluta

El Gobierno pretende aplicar el máximo rigor de la Ley de Estabilidad a las CCAA que incumplieron el déficit.

Cristóbal Montoro explica los datos del déficit.

Cristóbal Montoro explica los datos del déficit. Efe

El Gobierno quiere aplicar ahora, cuando se encuentra en funciones, el máximo rigor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a las comunidades autónomas que han incumplido el déficit, pese a que se negó a hacerlo durante los cuatro años en que actuaba respaldado por una mayoría absoluta en el Parlamento. La decisión supone la imposición de las medidas preventivas y coercitivas previstas en los artículos 19 y 25 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

La primera medida será la aprobación de acuerdos de no disponibilidad del gasto por un monto global de casi 10.000 millones (aproximadamente un 1% del PIB) que la mayoría de las comunidades ya había incluido en sus presupuestos. Se trata de dos partidas que el Gobierno podrá retener: una de 7.500 millones correspondientes a la compensación por el exceso de recaudación tributaria de 2014 (las comunidades reciben la liquidación de la recaudación con dos años de desfase) y otra de casi 3.000 millones correspondientes a financiación adicional.

Hacienda no dio a conocer qué cantidad corresponde declarar indisponible a cada comunidad autónoma. Pero el acuerdo deberá ser aprobado de forma perentoria en un plazo de 15 días a partir de que los gobiernos autonómicos reciban la carta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

En segundo lugar, las 14 comunidades que infringieron el déficit deberán aplicar rigurosamente la regla de gasto. Esta norma impide que el gasto público crezca más allá del PIB tendencial previsto para 2016 que ha sido calculado en el 1,8%.

En tercer lugar, para cumplir con la regla, deberán aprobar nuevos Planes de Estabilidad Financiera (PEF) y muy probablemente deberán revisar sus actuales Presupuestos. También deberán actualizar o rehacer los Planes de Ajuste que se les exigen para acceder al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

En cuarto lugar, el Gobierno pretende elevar el nivel de control y condicionalidad del Fondo de Liquidez Autonómica. Estas medidas son similares a las que se aprobaron para Cataluña en noviembre. Entre ellas figura la adscripción al "instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario", la conexión de todas al sistema de facturación electrónica FACE por el cual la Administración Central controla cada factura, prioridad a la atención de servicios publicos esenciales como Sanidad, Educación Servicios Sociales y la emisión por parte del interventor de un certificado mensual de la ejecución presupuestaria.

Sólo se libra Navarra

La única comunidad que no se verá afectada por estas medidas coercitivas es Navarra que, en razón de su régimen foral, será sometida a las medidas preventivas de la ley, previstas en su artículo 19, consistentes en una carta de advertencia motivada del secretario de Estado de Administraciones Públicas.

Hay dos comunidades -Extremadura y Aragón- que se encuentran en una situación especial puesto que han incumplido los plazos máximos de pago a proveedores. Sus retrasos en el pago pasan de 100 días por lo que el Estado retendrá los recursos del sistema de financiación y el Gobierno central procederá al pago en forma inmediata.

El Gobierno también dictará medidas adicionales de transparencia y obligará a las comunidades afectadas a publicar sus Planes de Ajustes y Planes de Estabilidad Financiera y a publicar mensualmente el cumplimiento de la regla de gasto.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, responsabilizó ayer a las comunidades autónomas de la desviación de casi un punto porcentual del PIB del déficit público de 2015. España recibió el 9 de marzo pasado una recomendación de la Comisión Europea instándola a aplicar todas las herramientas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria "para controlar los desvíos de los gobiernos a nivel sub-estatal de sus respectivos objetivos de déficit, de deuda y de gastos".

Entre las medidas coercitivas previstas por la ley, la comunidad autónomas que se niegue a cumplir su PEF deberá "constituir, cuando se solicite por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 % de su Producto Interior Bruto nominal". Si en el plazo de 3 meses desde la constitución del depósito no se hubieran aplicado las medidas de ajuste, el depósito no devengará intereses. Si transcurrido un nuevo plazo de 3 meses persistiera el incumplimiento podrá acordar que el depósito se convertirá en multa coercitiva.

Abogacía del Estado

El Gobierno en funciones está convencido de que las comunidades autónomas infractoras recurrirán las medidas, pero cuenta con informes de la Abogacía del Estado que respaldan su decisión.

El Ejecutivo quiere implicar al máximo a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Curiosamente, hasta ahora, el ministro de Hacienda había ignorado las advertencias de este organismo.    

El 5 de diciembre de 2014, 26 días antes de que empezara el ejercicio presupuestario de 2015, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) le remitió una carta al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en la que le informaba de las “tensiones en la ejecución de determinadas partidas” en los presupuestos autonómicos que dificultaban el cumplimiento del objetivo para 2014. José Luis Escrivá, presidente de la AIReF, le instaba a poner en marcha las medidas preventivas previstas en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria “sin tener que esperar” a constatar en marzo de 2015 la desviación.

“Con ello, se conseguiría que, si finalmente resultara confirmado el riesgo, pudieran adoptarse las medidas pertinentes y vigilar estrechamente sus resultados desde el inicio del ejercicio 2015”, escribió el presidente de la AIReF.

Ahora, después de haber perdido el control de la mayoría de los gobiernos autonómicos, el Gobierno del PP ve las cosas muy diferentes. "Las elecciones autonómicas de mayo de 2015 le sentaron fatal a la estabilidad presupuestaria", dijo ayer una alta fuente del Gobierno. Según el Ejecutivo las desviaciones del gasto autonómico han sido responsabilidad de los nuevos gobiernos. Ponen como ejemplo que Galicia, gobernada por el PP, es una comunidad de régimen común que ha cumplido con su objetivo de déficit, y también cumplieron dos de régimen especial: País Vasco y Canarias. Mientras que entre las 14 incumplidoras también hay una de régimen foral: Navarra.

Según el gobierno, los nuevos gobiernos regionales han disparado injustificadamente el gasto en personal, por ejemplo. Mientras el incremento de esta partida en Galicia ha sido del 0,1% en 2015, en Andalucía fue del 3,8%, en Baleares del 3,6%, en Castilla-La Mancha del 3,1%, en la Comunidad Valencian de 3,1%, en Extremadura del 3,3%, en Murcia del 2,8%, en Aragón, del 3,2% mientras en sitios como Madrid el incremento ha sido del 1%, en Castilla y León del 0,4% y en La Rioja del -0,2%.