Hacienda

Bruselas pide al Gobierno que revise al alza la deuda pública por el rescate de Bankia

Eurostat urge a España contabilizar la deuda de BFA como pública desde el año 2013, tras la nacionalización del Frob.

Una vez más, y ya son varias en esta crisis, España tiene que pasar el mal trago de aceptar el toque de atención de Eurostat y rehacer su cálculo de la deuda pública. Por si fuese poco, el tema esta vez es muy delicado: el rescate de Bankia. Eurostat (la Oficina Europea de Estadística) ha pedido al INE que contabilice a BFA Tenedora de Acciones como una empresa pública y que, por tanto, incorpore su deuda y su balance a las cuentas del Estado. De este modo, BFA, entidad controlada al 100% por el Frob y que posee el 64,47% de las acciones de Bankia, pasará a valorarse como una empresa clasificada dentro de la Administración Pública.

Hasta ahora España estaba considerando a BFA como un “intermediario financiero”, por lo que no incluía su pasivo dentro de la deuda del Estado. Una decisión técnica que ha servido para aliviar el montante del endeudamiento público durante los últimos años. Sin embargo, esto va a cambiar ahora después de que Eurostat haya exigido al INE que ajuste su cálculo a la metodología SEC2010 (Sistema Europeo de Cuentas).

Lo que pide Europa es que se contabilice la entidad dentro de la partida de “Empresas que se clasifican como Administración Central”, de modo que se tiene que contabilizar como parte de las cuentas públicas. Esta reclasificación de la empresa pública propietaria de Bankia ya está actualizada dentro de la Sectorización de la Economía Española que realiza el Banco de España y, por tanto, se pasará a actualizar toda la deuda pública, que se revisará al alza.

Al borde del 100%

Eurostat indica que, como empresa incluida dentro de la Administración Central, se tiene que contabilizar su deuda desde el momento en el que se nacionalizó la entidad a través del Frob, en el año 2012, para realizar el rescate de Bankia. Sin embargo, reconoce en la carta enviada al INE que, como es complicado contabilizar los activos y pasivos en la mitad del año, el cálculo debe realizarse a partir de enero de 2013, ya con las cuentas de 2012 cerradas. De este modo, España tiene que revisar los datos de deuda pública de los últimos tres años, aunque todavía está por determinar cómo lo hará.

Ahora es el turno del Comité Técnico de Cuentas Nacionales, conformado por el INE, el Banco de España y la Intervención General del Estado, realizar la actualización conforme con las exigencias de Eurostat. Este cambio trastoca los datos de deuda y déficit que había publicado el Gobierno y, no sólo eso, también podría derribar la barrera psicológica e histórica del 100% de deuda pública.

Con las cifras actuales, el dato más próximo es el del primer trimestre de 2015, cuando el endeudamiento de las administraciones públicas alcanzó el 99,7% del PIB. Todavía es pronto para determinar si se alcanzará esta barrera, pero esas tres décimas de hace un año ya están muy cerca. El margen es de poco más de 3.000 millones de euros para una entidad que al cierre de 2014 tenía un pasivo de 16.500 millones de euros, lo que significa un punto y medio del PIB español.

El objetivo de déficit

La actualización de la deuda pública también obligará a revisar los datos del déficit público. Si el Gobierno de Rajoy nunca cumplió con los objetivos de estabilidad marcados por Bruselas, esta reclasificación de BFA separa todavía más el camino de España del acordado con sus socios.

España enviará este jueves a Eurostat los datos de deuda y déficit públicos que se exigen bajo el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). Sin embargo, no está claro que estén ya incorporada la actualización de la clasificación de BFA, ya que el INE recibió la comunicación oficial de la oficina estadística europea a mediados de este mes de marzo. Además, el cálculo de la reclasificación no comenzó de forma inmediata, ya que era necesario que los miembros del Comité Técnico de Cuentas Nacionales ajustasen con Eurostat los detalles de la reclasificación. En cualquier caso, esta vez el Gobierno no puede mirar hacia las comunidades autónomas para encontrar un culpable de este aumento del déficit.