España y el siglo XXI. En esa frase convergen dos grandes retos que arrojan a todo un país ante la tragedia del paro. España, por su mercado laboral ineficiente y el siglo XXI por los cambios profundos en materia de empleo que están ocurriendo alrededor del mundo. La colisión de estos dos escenarios tiene una cifra: 21% de paro. Y una segunda que agrava más la primera: sólo un 59% de tasa de actividad. En esta encrucijada crítica España puede seguir como hasta ahora y caminar por un páramo de desempleo o aprovechar la transformación del mundo para unirse al cambio. Los economistas César Molinas (@Cesar_Molinas) y Pilar García Perea exponen en Poner fin al desempleo. ¿Queremos? ¿Podemos? (Deusto) sus recetas para modernizar el mercado laboral y adaptarlo al nuevo contexto internacional.

Hacia la flexibilización

El mundo ha cambiado mucho desde el inicio del siglo y ahí la tecnología y una de sus derivadas, la globalización, han jugado un papel fundamental y lo seguirán haciendo. Las empresas tienen que adaptarse a esta evolución permanente, por lo que su demanda de trabajo no es la misma que en el siglo XX. Es por este motivo que Molinas y García Perea proponen un mercado laboral que se adapte a las necesidades de las empresas y no que obligue a las empresas a adaptarse a la regulación existente. Desde este punto de vista, lo importante es crear empleo, no impedir que se destruya.

La esencia de la naturaleza empresarial no es fastidiar y maltratar al trabajador

Para conseguirlo es importante que las empresas tengan seguridad jurídica, esto es, que estén claras las reglas del juego, y que tengan flexibilidad para adaptarse a los ciclos económicos. En su opinión, la seguridad jurídica pasa por reducir el activismo judicial, esto es, que los casos de despido no pasen necesariamente por los tribunales en los casos de despido por causas económicas, y que los jueces sólo tengan que pronunciarse cuando el despido afecta a sus derechos fundamentales. Además, denuncian la inclinación de los jueces de lo social por los trabajadores: “Pudiera, incluso, parecer en algunas ocasiones que en los juzgados españoles de lo social hay algunos prejuicios contra el empresario que vienen de la noche de los tiempos. […] La esencia de la naturaleza empresarial no es fastidiar y maltratar al trabajador”.

Los autores destacan la evidencia empírica en España de que “el activismo judicial […] está negativamente asociado con las tasas de empleo provinciales”. Esto es, que las provincias en las que los tribunales declaran menos despidos como procedentes, sufren una tasa de paro mayor. En su opinión, el desarrollo técnico de la reforma laboral aprobada por el PP en 2012 no ha contribuido a eliminar el activismo judicial.

La ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, y el presidente, Mariano Rajoy. Efe

Una opción para desjudicializar el mercado laboral pasa por mantener los modelos de contrato temporal e indefinido, pero aplicar a ambos la misma indemnización, que dependerá del número de días trabajados. En su opinión, luchar contra la temporalidad no significa eliminar los contratos temporales, ya que esta modalidad responde muy bien a las necesidades de algunas empresas. Nuevamente, se puede adaptar la regulación al mercado laboral o forzar a las empresas a adaptarse a la regulación.

Hoy en día ya no tiene sentido mantener dichos convenios porque están limitando excesivamente la gestión empresarial y están afectando a las posibilidades de incorporación de nueva tecnología

Para culminar la flexibilidad del mercado laboral, los autores proponen reducir la preponderancia de la negociación colectiva hasta el mínimo exponente: pasar los convenios de obligatorios a optativos. Esto significa que las empresas pueden aceptar unirse a ellos o no, que pasen a ser extraestatutarios. El objetivo último es que cada unidad productiva disponga de un marco que propicie su desarrollo. “Hoy en día ya no tiene sentido mantener dichos convenios porque están limitando excesivamente la gestión empresarial y están afectando a las posibilidades de incorporación de nueva tecnología y, con ello, dificultando los aumentos de productividad y competitividad”.

El fracaso de las políticas de empleo

Después de miles de millones de euros destinados a indemnizaciones por despido, políticas activas de empleo y subsidios, la total ausencia de resultados es evidente: una tasa de paro del 21%. Molinas y García Perea proponen cambiar la economía subsidiada española por otra que sea activa con el empleo. Para conseguirlo es fundamental mejorar los servicios de búsqueda de empleo, modernizando el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y también utilizando la experiencia de las agencias privadas, con el objetivo de mejorar el perfilado de los candidatos y de los empleos, al tiempo que se adapten a las nuevas exigencias del mercado laboral.

Un barrendero en el centro de Madrid Susana Vera Reuters

Para complementar estas medidas, es necesario crear incentivos en los trabajadores para que encuentren empleo lo antes posible. Por este motivo, los autores proponen que la indemnización por despido sea finalista, esto es, que no se transfiera el dinero a la cuenta del trabajador, sino que los trabajadores lo empleen para costear la formación y la búsqueda de empleo y que reciban el resto del dinero cuando hayan conseguido trabajo. De este modo, tendrán un incentivo para buscar un empleo lo antes posible. Las subvenciones deberían “concentrarse exclusivamente sobre los parados de muy larga duración (dos años y más)”.

¿La generación mejor preparada?

El problema de la autocomplacencia es que impide una visión crítica de la situación. En España es muy común eso de que se está desaprovechando la generación mejor preparada que ha tenido el país. El problema está en la comparación: ¿Por qué comparar a los jóvenes españoles con los de hace treinta años y no compararlos sus contemporáneos de otros países? Con quienes están compitiendo los jóvenes españoles no es con sus padres, es con los jóvenes alemanes, estadounidenses o chinos y aquí es donde está la partida.

Para Molinas y García Perea, el problema del desempleo juvenil se explica en gran medida por el bajo nivel educativo. “El sistema educativo español es una máquina de generar parados”, alertan, “casi nadie se atreve a decir, por ejemplo, que tenemos demasiadas universidades, la mayoría mediocres y malas, que tenemos demasiados universitarios, muchos de los cuales tienen problemas de comprensión lectora y de cálculo elemental, que nunca encontrarán ocupaciones relacionadas con su formación y que tenemos poca formación profesional y que, la poca que tenemos, no está adecuada a las necesidades de las empresas”.

El sistema educativo español es una máquina de generar parados

De este modo, los dos autores resumen los que son, a su juicio, los grandes problemas de la formación en España. ¿Las recetas? En primer lugar, es clave fomentar una educación en “capacidades no cognitivas, tales como empatía, autoestima, motivación, curiosidad, iniciativa…, que deben adquirirse, sobre todo, en la etapa escolar y de primaria”. Estas habilidades darán a los futuros trabajadores herramientas creativas que guiarán su trabajo en el futuro y que difícilmente pueden ser sustituidas por máquinas.

En segundo lugar, es importante fomentar la competencia y la meritocracia entre los estudiantes, primando centros de excelencia para los alumnos más brillantes, a imagen de las escuelas de negocio españolas, que sí se encuentran entre las mejores del mundo, o los Centros de Alto Rendimiento para los deportistas, que servirán de inspiración y de modelo para el resto de estudiantes y de centros. Esta idea pretende romper con “uno de los males endémicos del sistema educativo actual”, que para los investigadores es “la obsesión por la igualdad, entendida como que nadie debe destacar sobre nadie” y que lo que ha conseguido es “igualar el sistema educativo por abajo”.

Uno de los males endémicos del sistema educativo español ha sido su obsesión por la 'igualdad', entendida como que nadie debe destacar sobre nadie

Por último, es necesaria la existencia de una formación profesional de mayor volumen, que satisfaga la demanda del mercado laboral, y que esté más centrada en las necesidades de las empresas. Los alumnos tienen que ser conscientes de que la entrada en el mundo laboral no tiene por qué venir de la mano de un título universitario, al contrario, la formación profesional es una buena pasarela. “Hay que empezar con una buena comunicación en los colegios sobre las ventajas de la formación profesional dual para conseguir empleos de calidad”.

Claro, todas estas políticas no serán gratuitas, pero el futuro del país y de los jóvenes depende, ni más ni menos, que de la inversión en educación. Los autores lo tienen claro: “El dinero que falte debería sacarse de partidas presupuestarias en las que hay un gasto excesivo como, por ejemplo, las infraestructuras del transporte”. Por ejemplo, el desarrollo de un sistema de 20 centros para la excelencia con 250 alumnos cada uno, repartidos en cinco cursos, tendría un coste adicional de 36 millones de euros, lo que equivale a la construcción de 3 kilómetros de línea de AVE o al fichaje de un buen futbolista, no de un crack. “¿Cuáles son las prioridades para España?”.