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Cinco claves del acuerdo de Argentina con los 'fondos buitre'

Macri soluciona un problema de 15 años y los fondos consiguen una rentabilidad del 1.000%.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri

El presidente de Argentina, Mauricio Macri Reuters

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A 14 años de la crisis económica más grande en la historia argentina, el flamante gobierno de Mauricio Macri quedó a un solo paso de cerrar el último –y más controvertido- de los capítulos que quedaban pendientes: el de la deuda pública. El abogado Daniel Pollack, nombrado por la justicia estadounidense como mediador entre el Estado sudamericano y los fondos que no habían aceptado hasta el momento la oferta de reestructuración ofrecida por el gobierno de Kirchner, anunció ayer un principio de acuerdo que involucra a los grupos más beligerantes. Esto implicaría para Argentina un pago de unos 4.653 millones de dólares en efectivo antes del 14 de abril y para los fondos buitre una rentabilidad estimada del orden del 1.000%. 

1. ¿Qué acuerdo han alcanzado?

Pollack anunció que Argentina llegó a un principio de acuerdo con los fondos NML Capital, Aurelius Capital, Davidson Kempner y Bracebridge Capital para pagarles hasta el próximo 14 de abril unos 4.653 millones de dólares en efectivo y saldar, de esta manera, el multimillonario juicio que estos fondos de riesgo le iniciaron al país en Nueva York. Estos fondos no habían aceptado ninguna de las ofertas realizadas por el país sudamericano hasta el momento e incluso habían logrado que el juez estadounidense Thomas Griesa bloqueara los pagos que Argentina estaba haciendo al 92% de los tenedores de deuda que sí habían negociado una reestructuración (que implicaba una quita del orden del 60% sobre el valor nominal) hasta que ellos obtuvieran lo que reclamaban: el 100% del valor más los intereses. Si bien tuvieron que conformarse con una oferta un poco menor (100% del valor nominal y 75% de los intereses), los cálculos de los especialistas estiman que al haber adquirido los bonos a un precio muy bajo, habrían conseguido de una rentabilidad del orden del mil por ciento.

Para poder pagar esa inimaginable cantidad de billetes, Argentina emitirá nuevos bonos que serán colocados en el mercado internacional. Pollack aseguró que esta vez los tenedores, que ya intentaron embargar en 2012 un buque escuela de la Argentina, “acordaron no intentar interferir”. Con esta medida los buitres no solo cobran mucho más que el resto de los tenedores de bonos, sino que lo hacen en menos tiempo y en efectivo.

2. ¿Se termina el conflicto con los 'buitres'?

Según señaló Pollack, el acuerdo con los buitres queda ad referéndum de que el Congreso de la Nación derogue dos leyes sancionadas durante el kirchnerismo especialmente para negociar la reestructuración de la deuda. Se trata de las leyes conocidas como “cerrojo” y de “deuda soberana”.

La primera fue sancionada en el año 2005 cuando el país inició su primera campaña masiva de reestructuración y establecía la prohibición de una nueva apertura de negociaciones con los tenedores de deuda con la idea de presionarlos para que aceptaran la oferta realizada por el Estado en ese momento. Así lograron un 76% de aceptación. Años más tarde algunos artículos de esta ley fueron suspendidos provisonalmente para que los bonistas que habían quedado fuera del acuerdo se sumaran, llegando así para el año 2010 a una renegociación equivalente a más del 92% de la deuda.

La ley de “deuda soberana”, por otra parte, fue sancionada en el año 2014 cuando los fondos buitre ya habían encontrado en Nueva York un juez dispuesto a aceptar su reclamo y que había decidido impedir que Argentina pagase al resto de los bonistas hasta que hubiesen arreglado con ellos la forma de cancelar su deuda. Como los pagos se realizaban a través de entidades estadounidenses, Argentina sancionó una ley para realizar los pagos a través de la República Argentina, sometiendo las operaciones pertinentes a la legislación nacional. Los buitres que encontraron un cálido nido en Estados Unidos no quieren saber nada con esa posibilidad.

Los legisladores macristas trabajan denodadamente desde hace más de un mes (incluso con el Congreso en receso) para conseguir los votos necesarios para sacar esas leyes. Pero la verdad se empezará a desvelar a partir de mañana, cuando Mauricio Macri inaugure un nuevo año legislativo y comiencen las sesiones parlamentarias.

3. ¿Qué supone el acuerdo para Argentina?

Cerrar el conflicto con los fondos buitre significaría un enorme triunfo para el gobierno de Macri, que llegó al poder con la idea de “abrir la Argentina a los mercados”. Esta idea que repitió numerosas veces durante la campaña, iba de la mano con promesas de mayor inversión y empleo. Claro que estas últimas dos variables deberán constatarse con el tiempo ya que en la memoria reciente de los argentinos la exaltación de la apertura económica suele asociarse con las causas de la crisis que dio inicio al problema de la deuda.

La cruz del acuerdo son las posibles consecuencias negativas que pueda tener, algo que el exministro de Economía, Axel Kicillof, viene advirtiendo en repetidas intervenciones. Según el encargado de la cartera en los dos últimos años del gobierno de Cristina Fernández, estas condiciones tan ventajosas para los buitres y la derogación de la “ley cerrojo” podrían hacer que el 92% de los tenedores de bonos que ya aceptaron la propuesta anterior con grandes quitas reclamen un trato igualitario, lo que llevaría al país a un colapso económico. “Es la estafa del siglo”, sentenció en un artículo de opinión.

4. ¿Es una victoria de Macri o una capitulación ante el mercado?

Ambas afirmaciones podrían no ser contradictorias. Por un lado, es una victoria para Macri, ya que se saca de encima una mochila pesada y controvertida que en los últimos años había hecho mucho daño a la imagen internacional del país y a la economía interna. Además, el flamante presidente intentará mostrar esta resolución como una señal clara del cambio que prometió en campaña y que, a priori, se concentra en la faceta económica. Su nuevo rumbo implica garantizar una mayor confianza y “seguridad jurídica” para las inversiones, algo que las grandes corporaciones venían reclamando a la Argentina.

Por otro lado, la prisa en resolver el conflicto también se vinculó a su necesidad de obtener financiación internacional ante el fracaso inicial del boom de inversiones que prometió el presidente en campaña. Sus primeras medidas de reducir las retenciones a las exportaciones agrícolas para lograr una mayor liquidación de divisas provenientes de la cosecha y el levantamiento del encaje del 30% que el Banco Central exigía a al ingreso de monedas extranjeras, no le han retribuido las inversiones que esperaba movilizar y se vio en la necesidad de destrabar el conflicto con los buitres para poder salir a buscar dinero a un mercado que miraba al país con desconfianza.

5. ¿Cómo afecta el acuerdo a las empresas españolas en Argentina?

De confirmarse el acuerdo, Argentina estaría mandando una clara señal a la comunidad internacional sobre una nueva etapa de mayor apertura de mercado en el país. Esto, por supuesto, podría redituar en una ventaja para las casi 200 empresas españolas ya instaladas en el país, según el último informe del Instituto Español del Comercio Exterior (ICEX).

La eliminación de los encajes antes mencionados permitiría que la divisa fluyese más fácilmente y el perfil pro-empresario del gobierno podría alentar nuevas oportunidades de negocio. En ese sentido se expresó precisamente Ana Botín, presidenta del Banco Santander: “La situación en Argentina está mejorando mucho y Santander tiene una franquicia líder que está preparada para aprovechar la nueva situación favorable en el país”. Días antes, la filial de su banco en el país (junto al BBVA y otras cinco entidades financieras extranjeras)  había participado de una operación con el Banco Central por medio de la cual le prestarán un total de 5.000 millones de dólares por un plazo de once meses con una tasa de interés de 6,7%.

Como garantía, el Banco Central le cederá a los acreedores un paquete de títulos públicos por un valor de mercado estimado en 10.000 millones de dólares. En caso de que el Estado no devuelva el préstamo, los bancos podrán quedarse con los bonos que, para más datos, validó la cesión de soberanía jurídica para que cualquier controversia se defina en los tribunales de Nueva York (precisamente el lugar donde los buitres acaban de ganar su pulseada).