La sala de plenos de la Asamblea de la República portuguesa es un espacio cavernoso, exquisitamente decorado con mármol blanco, ricas maderas, broches de oro y un sinfín de estatuas alegóricas representando las virtudes del Estado. Es en este espacio noble y refinado en el que los diputados lusos guerrean cada semana denunciando los supuestos excesos cometidos por sus contrincantes.

Que los diputados se ataquen los unos a los otros es habitual, pero que fijen sus objetivos sobre figuras independientes es infinitamente más extraordinario. Sin embargo, eso es precisamente lo que ocurrió el pasado jueves: el diputado Carlos César, presidente del Partido Socialista luso, disparó una dura salva verbal contra Carlos Costa, el gobernador del Banco de Portugal (BdP). “Los portugueses –los usuarios del sistema bancario– ya no tienen confianza en quién regula el BdP”, denunció el diputado, que destacó la pésima gestión del gobernador al frente de la institución.

Momentos más tarde, Catarina Martins, portavoz del marxista Bloque de Izquierda (BI) –que forma parte de la frágil mayoría parlamentaria que mantiene al Ejecutivo minoritario en el poder– declaraba que Carlos Costa “ya no tiene condiciones para ser gobernador del BdP (...) Actúa como un banquero entre banqueros”, sentenció. “No es un supervisor”.

Desde Aveiro, el primer ministro socialista António Costa se unía a las críticas y calificaba a la gestión del BdP de “lamentable”. El insólito bombardeo verbal sobre quien dirige un organismo oficialmente independiente del Estado podría fácilmente ser considerado una inaceptable intromisión política, pero todo indica que el Gobierno Costa ha perdido la paciencia con el gobernador. El primer ministro no ha llegado a pedir su dimisión explícitamente, pero tampoco está dispuesto a seguir tolerando lo que fuentes socialistas califican de “una gestión imposiblemente incompetente” sin alzar su voz en protesta.

Sin embargo, el gobernador ya ha dejado claro que no tiene la menor intención de dimitir. Acaba de comenzar su segundo mandato de cinco años y no tiene interés en irse a casa. Además, sabe que tiene tanto la ley como al presidente del Banco Central Europeo de su lado.

Tensa relación

Nombrado gobernador de BdP por el primer ministro socialista José Sócrates en 2010, Carlos Costa era hasta entonces conocido como un respetado economista ligado a las instituciones europeas. Fue vicepresidente del Banco de Inversiones Europeo y fue consejero de varios bancos lusos antes de ser nombrado al cargo, y no se le conocía afiliación política particular. Era una figura gris y sin polémicas, perfecto para reemplazar a Vítor Constâncio, quien había sido nombrado vicepresidente del Banco Central Europeo.

La crisis bancaria lusa, y la siguiente intervención de la Troika, sin embargo, hicieron que Costa cobrara enorme protagonismo. Pasó de ser el discreto gobernador del BdP a ser una especie de representante nacional de las políticas monetarias europeas, y los durísimos recortes del Gobierno conservador de Pedro Passos Coelho.

“El problema de Carlos Costa es que desde que estalló la crisis decidió politizar su puesto en el BdP”, explica Pedro Marques Lopes, columnista del Diário de Notícias. “Su comportamiento fue realmente llamativo, pues cuando acudía al Parlamento para sus comparecencias periódicas llegaba incluso a ser agresivo con la oposición. Esas interacciones establecieron la base de las actuales malas relaciones entre el actual Gobierno socialista y el gobernador”.

El pasado mayo el mandato del gobernador Costa llegaba a su fin, y muchos políticos de la izquierda suspiraban con alivio al pensar en su partida. Sin embargo, el Ejecutivo de Passos Coelho –que por esas alturas veía que era posible que la izquierda ganara las próximas elecciones legislativas en el otoño– decidió nombrar al economista a un segundo mandato quinquenal.

“No se sabe si fue una cuestión estratégica”, comenta Marques Lopes. “Lo que sí es absolutamente cierto es que Passos Coelho se saltó el protocolo y decidió confirmar el nombramiento del gobernador sin siquiera consultar con la oposición, algo que hubiese tenido sentido dado que se trata de un puesto independiente”.

Los conflictos llegaron de nuevo cuando el socialista António Costa consiguió los apoyos suficientes para asumir el puesto de primer ministro el pasado noviembre. Prometiendo “pasar página a la austeridad”, el nuevo ministro de Finanzas, Mário Centeno, presentó un ambicioso programa financiero que daba marcha atrás a las políticas de recortes del anterior Gobierno conservador. Un programa financiero vital para el actual Ejecutivo, ya que los marxistas del Bloque de Izquierda y los diputados del Partido Comunista Portugués sólo garantizan su apoyo parlamentario al Gobierno a cambio de la implementación de una serie de costosas medidas sociales incluidas en ese texto. Un programa que es cada vez más difícil de implementar debido a los dolores de cabeza financieros que parecen saltar cada semana desde el BdP.

Costa contra Costa

El disgusto del Gobierno Costa con el gobernador se centra en la falta de actuación del BdP ante el colapso de Novo Banco y Banif (Banco Internacional do Funchal SA), y su atraso en responder a las demandas de los clientes del desaparecido Banco Espíritu Santo (BES). El primer desastre saltó pocos días después de que el Gobierno Costa asumiera el poder, cuando se anunció el colapso de Novo Banco –la escisión del colapsado BES– que había sido puesto en venta por el anterior Ejecutivo. Un proceso de privatización que se suponía que estaba supervisado por el BdP.

Pese a estar compuesto por los activos saludables del BES tras su disolución en 2014, y recapitalizado con 1.000 millones de euros de la banca lusa y 3.900 millones de euros en créditos públicos, Novo Banco no sólo no se había vendido, sino que el BCE anunciaba que la entidad había suspendido las pruebas de solvencia, por lo que requería un refuerzo de capital urgente de 1.398 millones de euros.

El primer ministro se sintió especialmente engañado al enterarse que, ya gobernando los socialistas, el gobernador del BdP había cerrado un contrato especial con el ex secretario de Estado de Transportes conservador, Sérgio Monteiro, para este fuera quien se encargara de la eventual venta de Novo Banco.

Sólo un par de semanas más tarde caía la segunda bomba: el colapso de Banif. Nacionalizado en 2013, el Estado luso ya había inyectado 1.100 millones de euros en el banco –el principal de la isla de Madeira–, quedándose con 60% del capital del Banco. Sin embargo, tras descubrirse que Banif iba a perder el acceso a la financiación europea el pasado 16 de diciembre, el BdP decidió venderlo cuanto antes, dando 15 días al Ejecutivo para realizar una venta que no se había logrado en los anteriores tres años. El día 20 se anunció su venta al Santander por 150 millones de euros; el acuerdo negociado por el BdP condicionaba la venta a ayudas estatales de 2.260 millones de euros al banco para cubrir "futuras contingencias", y tanto el Gobierno como sus socios de la izquierda mostraron su indignación con una venta que sólo parecía favorecer a los españoles.

En los apenas tres meses de existencia del actual Ejecutivo, el BdP del gobernador Costa ha respondido a los problemas financieros con “soluciones” que implican un total de 6.000 millones de euros en pérdidas para las arcas del Estado. En este sentido, la capacidad supervisora de la institución bajo el mandato del actual gobernador ha sido indiscutiblemente deficiente. Incluso la ex Ministra de Finanzas, la ultra conservadora Maria Luís Albuquerque, reconoció en una entrevista reciente que "el BdP tiene un claro problema de supervisión del sector financiero".

La gota que ha colmado el vaso para el Gobierno Costa ha sido el atraso considerable del BdP en dar soluciones a los afectados por el colapso del BES en 2014. Antes de asumir el poder, el primer ministro se reunió con los representantes de los afectados y prometió encontrar una solución extrajudicial al problema. En los últimos meses ha promovido un plan de mediación, creando un comité que sirve como interlocutor entre los afectados y las entidades financieras (la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios, Novo Banco, el BES "malo" y BdP) para llevar a cabo unas sesiones de mediación y conseguir una solución. Todas las partes aceptaron participar… Excepto el BdP. Y el jueves el primer ministro finalmente no pudo contener su disgusto.

“Lamento, públicamente, que el BdP se empeñe en retrasar la solución a este asunto”, declaraba el primer ministro ante la prensa al salir de una visita institucional a una fábrica en Aveiro. “Espero que el BdP consiga asumir una postura responsable como la de las otras entidades que participan en este proceso”. El primer ministro también criticó a la “administración del BdP por tardar en depurar responsabilidades relacionadas con este asunto”.

Guerra de trincheras

Las palabras de Costa y sus compañeros en el Parlamento suponen una declaración de guerra formal, pero será una guerra con pocas posibilidades de éxito para el primer ministro. Por mucho que los socialistas intenten forzar su salida, el gobernador Costa sabe que los estatutos del Banco Central Europeo establecen que los gobernadores de los bancos centrales nacionales sólo pueden ser cesados si dejan de cumplir con sus funciones o cometen una falta grave. Además de tener la ley de su lado, el Gobernador sabe que también cuenta con el apoyo del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi.

“Se trata de una posición institucional del BCE”, explica Marques Lopes. “Draghi se ha mostrado contrario a la gestión de Costa en el pasado y ha llegado incluso a distanciarse de las políticas que ha llevado a cabo –llegando a decir que la actuación del Banco de Portugal ante el hundimiento de Novo Banco era una que no había sido dirigido por el BCE–, pero ante cualquier crítica del Gobierno, lo apoyará siempre, sólo por salvaguardar la independencia de los Bancos Centrales”.

En su editorial el viernes, el Diário Económico rechazaba la “violencia” con al que el jefe del Gobierno había atacado al gobernador y ponía en duda el sentido de declarar una guerra indirecta al Banco Central Europeo. Entre los ejemplos de gobernadores dimitidos cita el caso de la salida forzosa de Miguel Ángel Fernández Ordóñez del Banco de España en 2012 y el impacto que tuvo sobre la imagen de España ante los mercados financieros; el editorial avisa que, por mucho que el primer ministro quiera provocar la dimisión del gobernador, “siempre hay que anticipar la factura pesada que semejante acción puede provocar”.

En el mismo diario, el columnista financiero António Costa sugiere que el primer ministro ha salido en contra del gobernador por motivos electoralistas, creando una bestia negra que pueda culpar por los fracasos de su Ejecutivo. “No dudemos del hombre, y mucho menos del político: el primer ministro sabe exactamente hasta dónde quiere llegar […] Es necesario crear una narrativa que le sirva en la campaña electoral, y eso mismo es lo que está haciendo”.

Por su parte, Marques Lopes considera que se trata de un patinaje del primer ministro, sin mayor motivación maquiavélica. “Costa ha tenido calentones en el pasado, y parece que éste caso sea igual, ya que si es algo calculado sería increíblemente estúpido por su parte (...) Los conflictos entre el primer ministro y el gobernador no son políticos”, explica el columnista.

“Carlos Costa no es conservador, simplemente es incompetente. No parece entender el papel del BdP como banco central. Pero la estrategia del primer ministro ante esta situación es desastrosa, ha provocado un conflicto irresoluble (...) El gobernador no tiene que marcharse, pero será peor sí dimite. Cara al exterior, se verá como una intromisión del Gobierno en una entidad independiente, y eso tendrá consecuencias serías en los mercados”.