Comunidad de Madrid

Así fue el despilfarro millonario de la Ciudad de la Justicia

El último apoderado detalla cómo se dilapidaron 65 millones en construcciones hoy inservibles y 27 millones en estudios y auditorías. 

Esperanza Aguirre e Ignacio González, ex presidentes de la Comunidad de Madrid.

Esperanza Aguirre e Ignacio González, ex presidentes de la Comunidad de Madrid.

El ex apoderado del Campus de la Justicia, Javier Rodríguez, que estuvo en el proyecto entre octubre de 2011 y febrero de 2013, ha hecho saltar por los aires este martes cualquier intento del Partido Popular de mermar la potencia de la Comisión de Endeudamiento que se está celebrando en la Asamblea de Madrid a iniciativa de Podemos y Ciudadanos.

Rodríguez ha declarado que se dejó "los nudillos de golpear en las puertas para pedir que se aprobasen las cuentas de 2010 del Campus", el proyecto emblemático de Esperanza Aguirre que quiso reunir en 12 edificios todas las sedes judiciales de Madrid, con un presupuesto de partida de 500 millones de euros y que terminó liquidándose con un único edificio terminado y un coste para las arcas públicas de 105 millones.

¿Qué pasó con las cuentas del Campus ya en aquel año 2011? Para empezar, se cruzaron en el camino las elecciones autonómicas, ha explicado Rodríguez. El cambio de equipo de Gobierno trajo un nuevo consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad que, al ver las cuentas dejadas por el equipo anterior, capitaneado primero por Francisco Granados y después Regina Plañol, y ver que el auditor les había puesto salvedades, no quiso firmarlas y planteó incluso reformularlas. Rodríguez no daba crédito. 

Se dejó pasar todo 2011 y buena parte de 2012 antes de decidirse la liquidación definitiva del proyecto y presentar las cuentas al registro. En su interior: despilfarro. Rodríguez ha detallado las causas del fin del proyecto, que nada tienen que ver con la crisis, ha querido destacar.

Más de 100 millones de dinero público, tirados

El Campus de la Justicia fue uno de las iniciativas urbanísticas estrella de la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid. Lo retomó Ignacio González rebautizándolo Ciudad de la Justicia meses después de la liquidación de la empresa Campus de la Justicia, a finales de 2014, pocos meses antes de las elecciones. Y lo paralizó ya Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid ante el recurso presentado por la empresa Corsan Corviam Construcción por uno de los contratos adjudicados. Actualmente está abandonado y ocupado buena parte del tiempo por los conejos del entorno de Valdebebas. 

Según ha detallado el ex apoderado Javier Rodríguez, el problema del Campus no fue la crisis. No hubo un plan estratégico general, no hubo un plan riguroso de financiación, cuando hacía falta dinero se ampliaba capital o se vendía un activo, como se hizo con el edificio de Hernani por 62 millones entre otros. 
Se emplearon 56 millones de euros en el único edificio construido, la urbanización del área y túneles, unos enormes túneles de doble carril que hubo finalmente que gastarse dinero en sellar. Otros 27 millones, que incluyen los 10 millones para el edificio proyectado por Norman Foster, se destinaron a los estudios técnicos y consultorías. Otros 6 millones se fueron a resolución de contratos y facturas que se habían ido dejando sin pagar. Y autobombo. Si por algo se definió el Campus de la Justicia desde su nacimiento como proyecto fue por su "excesiva relevancia mediática", como lo definió Rodríguez. 
Gorras, camisetas, paragüeros o folletos de alta calidad eran sólo la prueba de que se disparaba con pólvora del rey. Las presentaciones en Nueva York, Múnich, Singapur, Milán, Valencia, la Oficina Móvil en Plaza Castilla o el autobús itinerante se llevaron otro buen pellizco de dinero público cuyo detalle aún no se ha presentado ante la comisión porque, según el Partido Popular, son 100 metros lineales de documentación que es muy complicado ordenar.
Cuatro presidentes en 10 años, gastos generales que en 2007 ascendieron a cinco millones de euros, una deuda de 600.000 euros con los arquitectos y un sinfín de modalidades de contratación son otros de los detalles facilitados por Rodríguez que ha terminado su comparecencia reconociendo "luego no caigo bien", después de declarar que fue cesado en febrero de 2013 y enviado "por el PP a un chiscón en el que me han mantenido tres años".