Construcción

La extraña alianza de Carmena con Villar Mir en Canalejas

La alcaldesa de Madrid cierra filas con el constructor pese a la orden judicial de paralizar las obras por el perjuicio al patrimonio cultural

Fachada del complejo Canalejas en Madrid / Moeh Atitar

Fachada del complejo Canalejas en Madrid / Moeh Atitar

Como se presumía, la llegada de Manuela Carmena a la alcaldía de Madrid no iba a estar exenta de obstáculos inmobiliarios. A la alcaldesa de Ahora Madrid le está tocando bailar con todos y cada uno de los constructores con los que tiene negocios en activo. Uno de ellos, y el más visible en las últimas horas, es Juan Miguel Villar Mir, dueño del centro de Madrid en la llamada Operación Canalejas. 

El icónico proyecto acaba de ser paralizado por orden judicial para evitar el riesgo de que se dañe al patrimonio de la ciudad de Madrid. En el auto, el juez ofrece a OHL la posibilidad de depositar garantías para proseguir las obras, aunque fuentes de la constructora aseguraron a este diario que no se han dado por notificados y todavía no saben qué pasos van a dar al respecto.

La posición del Ayuntamiento quedó en entredicho en la comparecencia ante los medios para explicar el acuerdo con OHL y desbloquear el proyecto. Estuvieron todos de acuerdo (PSM, PP, Podemos y hasta el Colegio de Arquitectos) en respaldar la nueva licencia a la constructora para seguir adelante con las obras y obviaron la advertencia judicial que señala el riesgo contra el patrimonio cultural madrileño.

De hecho, tanto el estudio que diseñó la obra (Carlos Lamelas) como la directora de Patrimonio (Paloma Sobrini) se perdieron en disquisiciones sobre si los elementos de Canalejas que debían gozar de protección lo estaban y si se ha cumplido el plan especial arquitectónico. "Todos cometemos errores", admitió Lamelas en la rueda de prensa.

En la demanda, admitida a trámite, se documenta el inicio de obras nuevas en Canalejas, así como la desaparición de elementos arquitectónicos que debían permanecer, en todo caso, tras la demolición y construcción del enclave

De no ser por la acción judicial de Arturo Hernández -que ordenó el viernes el cese de cualquier obra en la zona- OHL, la constructora encargada del complejo junto a Inmobiliaria Espacio -ambas empresas pertenecientes al Grupo Villar Mir- hubiese proseguida con las obras. En la demanda, admitida a trámite, se documenta el inicio de obras nuevas en Canalejas, así como la desaparición de elementos arquitectónicos que debían permanecer, en todo caso, tras la demolición y construcción del enclave.

Pendientes de los tribunales

El nuevo parón en Canalejas queda en espera de que se depuren responsabilidades sobre el potencial daño al conjunto arquitectónico donde convivían sedes de Banesto, Zaragozano y el Banco Central. El proyecto se inició entre 2006 y 2007 tras la venta del conjunto histórico de edificios por parte del Banco Santander a un grupo inversor liderado por R&A Palace Gestion, que acaba perdiendo por impago sus derechos al proyecto.

Pero todo cambia con la entrada en escena de Villar Mir en 2012. Compra la propiedad al Santander y logra, ya bajo la administración de Ana Botella, que se modifique el plan de protección urbanística y se degrade el carácter patrimonial de los edificios. Fue en enero de 2014, cuando pasa de grado 3 a 1, la menor posible. La obra de los siete edificios de Canalejas ha ido dando tumbos de legislatura en legislatura hasta acabar en un callejón sin salida para las autoridades municipales.

Carmena y las constructoras

Con el caso OHL, Carmena y su equipo de gobierno han intentando desbloquear un nuevo problema que mantiene en vilo los principales proyectos urbanísticos y de servicios de la ciudad. Pero la sorpresa es que con Canalejas, los intereses del Ayuntamiento están del lado en todo momento de la constructora. De hecho, el consistorio es uno de los demandados junto a las empresas de Villar Mir por su potencial responsabilidad en el daño al patrimonio cultural madrileño.

No ha sido así en anteriores episodios judiciales, como el que se selló la semana pasada con FCC, la principal operadora de servicios públicos para el Ayuntamiento. Carmena firmó un acuerdo para pagar 6,4 millones de euros a FCC de los 32 millones que demandaba inicialmente. Fue toda una declaración de intenciones de la alcaldesa para sacar adelante su relación con las constructoras como con ACS y Ferrovial (Calle 30); o en la Operación Campamento/Chamartín, la mayor de todas y que mantiene en vilo a la constructora San José de Jacinto Rey y al BBVA que dirige Francisco González.