Ángel María Villar y la RFEF, imputados por malversación y prevaricación de fondos públicos

Por ahora, de nada le ha servido a Ángel María Villar alegar que su firma fue falsificada en el 'caso Haíti'. De momento, los frentes judiciales del actual presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) lejos de menguar, se amplían. Así, la Fiscalía ha decidido imputar a Villar, y también a la propia RFEF como persona jurídica, por prevaricación, malversación de fondos públicos y apropiación indebida por una subvención  de 1,2 millones de euros concedida en 2010 por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

El 'caso Haíti' se basa en una denuncia de Miguel Galán, candidato a la presidencia de la RFEF en las próximas elecciones del 22 de mayo, bajo el argumento de que 299.000€ de aquella subvención que estaban destinados a la promoción y el desarrollo del fútbol en África no fueron utilizados para tal fin. Sin embargo, la Fiscalía Especial contra la Corrrupción y la Criminalidad Organizada también se ha sumado a la denuncia y la ha ampliado hasta los 1,2 millones del total de la subvención.

Esta ampliación de la denuncia ha sido posible gracias a un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción por el CSD, pues se ha podido probar la falta de justificación del dinero destinado a tres proyectos: uno de tecnificación internacional (287.000€), otro de captación para gestores en América (254.000€) y el último destinado al desarrollo integral de escuelas de fútbol en África e Iberoamérica (462.000€). 

Aparte de estos tres proyectos, la denuncia incluye la partida destinada a la promoción de la candidatura ibérica que España y Portugal presentaron de forma conjunta para acoger el Mundial de 2018 que finalmente organizará Rusia.

De acuerdo a la información que publica el diario El País, existen indicios suficientes para imputar a Villar y a la RFEF, aunque el máximo mandatario del fútbol español y su organismo ya han devuelto al CSD los 1,2 millones de aquella subvención y otros 300.000 euros en concepto de intereses.

La denuncia del CSD está firmada por Fernando Puig de la Bellacasa y el expediente de reintegro del propio Consejo Superior de Deportes señala que del total de los 1,2 millones de subvención la Federación apenas justificó debidamente 100.000 euros.