Patrimonio y guerra civl

A Manuela Carmena le falla la memoria histórica

Retira un monumento en entorno BIC sin consultar a la Comunidad de Madrid, que afea a la alcaldesa más protección del Patrimonio a pesar de tener pendiente la reforma de la ley inconstitucional. 

El monolito al alférez caído en La Plaza de Felipe IV

El monolito al alférez caído en La Plaza de Felipe IV Twitter de la fundación Francisco Franco

La Ley de Memoria Histórica acumula un retraso de casi diez años y el Ayuntamiento de Madrid, regido por Manuela Carmena, tiene prisa por resolverla cuanto antes. Celia Mayer, la concejal de Cultura y Deportes, ha reconocido que hay un “proceso judicial abierto contra la institución” y debe aplicar la norma. Sea como sea. Las “prisas” a las que se refiere la concejal le han llevado a retirar el monolito al Alférez Provisional en la plaza de Felipe IV, incluido en un entorno Bien de Interés Cultural (BIC), sin pedir permiso a la Comunidad de Madrid.

La reforma del PP de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que cuenta con las competencias en esta materia, aclara lo siguiente: “La Consejería competente en materia de patrimonio histórico debe autorizar las intervenciones en los bienes muebles e inmuebles de Interés Cultural y en los entornos de protección delimitados de estos últimos”.

En la lista de Bienes protegidos publicada por la Comunidad de Madrid se puede leer que la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del Museo del Ejército (antiguo Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro) está incoada desde 1977. Es decir, a la espera de ser confirmado como tal desde hace 39 años. Pero la reforma de 2013 especifica que si en un mes la Consejería no se declara en contra, se resuelve a favor de la declaración BIC.

El Ayuntamiento debería haber comunicado la intervención a la Comisión de Patrimonio de la Comunidad de Madrid para valorar la retirada del símbolo

Dicho monolito dedicado al Alférez Provisional, en una plaza junto al antiguo Museo del Ejército y antiguo Salón de Reinos (y posible ampliación del Museo Nacional del Prado) está, por tanto, en entorno BIC. El Ayuntamiento debería haber comunicado la intervención a la Comisión de Patrimonio de la Comunidad de Madrid para valorar la retirada del símbolo. A pesar de ello, Celia Mayer explicó que “todos estos vestigios son de titularidad municipal” y que por eso “no es necesaria ningún tipo de autorización para proceder a su retirada, de acuerdo con la Ley de Memoria Histórica”

“Los bienes que constituyen nuestro patrimonio histórico lo son independientemente del titular porque el patrimonio histórico es colectivo, forma parte de nuestra historia y, además, nos ayuda a entender nuestra identidad. Ser titular de un bien no te permite hacer lo que quieras, ni sacarlo del país, ni demolerlo o esconderlo. Cualquier intervención en un bien de patrimonio histórico tiene que ser comunicada a la dirección general de patrimonio”, ha declarado a este periódico Paloma Sobrini, Directora General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Además, al retirarlo el monolito se fracturó.

El PSOE cee que el Ayuntamiento está trabajando con buena voluntad, pero deberían hacerlo con más prudencia

Sin embargo, el gobierno de Cristina Cifuentes tampoco ha demostrado practicar una defensa acérrima del patrimonio: el pasado octubre rechazó la ampliación de la protección del legado histórico-artístico que propusieron el PSOE, Ciudadanos y Podemos en bloque. La ley que está en vigor en estos momentos, aprobada por el anterior Gobierno del PP, fue declarada en 8 artículos inconstitucional y todavía está a la espera de su reforma.

Graves errores 

Ana García D'Atri, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, asegura a este periódico que el Gobierno de la Comunidad de Madrid “debe preocuparse por proteger el patrimonio, porque lo único que ha hecho ha sido desprotegerlo”. “Deberían ser mucho más serios en la reforma de la Ley que está vigente”, añade. Además, aclara que la Ley de Memoria Histórica “reconoce una injusticia con los ciudadanos, pero hay que hacerlo con respeto”. Cree que el Ayuntamiento está trabajando con buena voluntad, pero deberían hacerlo con “más prudencia”, “intentando atender los reclamos sociales sin generar actitudes hostiles y evitando herir sensibilidades”.

El artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica insta a las Administraciones públicas a tomar las medidas oportunas para retirar escudos, insignias, placas y objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.

Sin embargo, en el ejercicio de sus responsabilidades, el Ayuntamiento de Madrid ha cometido notables errores. Las prisas le han hecho fallar en otros capítulos de la Memoria Histórica, tal y como informó en EL ESPAÑOL David Álvarez: el Ejecutivo de Manuela Carmena dio menos de diez días a los expertos de la Cátedra de la Universidad Complutense de Madrid para elaborar la primera lista de las calles a retirar. Consecuencia: confundieron a Francisco Iglesias, destacado empresario fundador de Fundiciones Iglesias, muerto en agosto de 1917, casi 19 años antes del Golpe de Estado del 18 de julio de 1936. El Ayuntamiento sigue sin contestar a este periódico la solución que dará a esta calle.

La retirada de la calle a Demetrio Zorita también ha sido cuestionada. Tal y como informó en este periódico Pedro Cifuentes, el aviador tenía 18 años cuando empezó la Guerra Civil. Al acabarla apenas era un alférez. Tiene calles en León y Ponferrada también, dedicadas a la proeza de haber sido el primer español que atravesó la barrera del sonido manejando un avión: 340 metros por segundo (1.100 kilómetros por hora). Las prisas sólo son buenas para batir récords.