"He juzgado conveniente reducir todos mis Reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos y costumbres, y tribunales, gobernándose todos igualmente por las leyes de Castilla".
Era el Tratado de Nueva Planta firmado por el Rey Felipe V el 16 de Enero de 1716, con el que venía a abolir privilegios y unificar las formas de gobierno en todos los territorios, lo que significaba la desaparición de las instituciones propias de los estados de la Corona de Aragón, de las que siempre dependió Cataluña, sustituidas por otras nuevas que seguían el modelo castellano o francés y significaban la abolición de la mayor parte de los fueros, regímenes jurídicos y privilegios privativos de los reinos y estados no castellanos.
Estos son los puntos más relevantes de aquel tratado de Nueva Planta con los que el Rey Felipe V soñó con una España unificada que, una vez más, pretenden dividir los aspirantes a secesionistas catalanes, amparándose en una democracia de la que ellos se burlan, exigiendo el derecho a votar de una minoría sobre la Soberanía de España que, hasta el más idiota, sabe que es cosa de todos.
Al Borbón y su tratado se le ha venido menospreciando en Cataluña desde entonces. Al retrete se le conocía en aquella región por su nombre. Desde Suárez a Rajoy. Políticos, Medios e intelectuales callaron o miraron hacia otro lado, ante el ataque sistemático a España, ante las políticas xenófobas de la Generalitat, ante el menosprecio a la bandera nacional, la historia, la manipulación sistemática de los ciudadanos desde sus órganos de propaganda como TV3, el robo de su honorables robo, y el permanente chantaje económico al Estado. De aquellas tormentas vienen hoy estos lodos.
Sin ir más lejos, sabemos hoy que España no roba a Cataluña. Todo lo contrario. Si nos atenemos al estudio realizado por el Consejo General del Poder Judicial, Cataluña lidera el ranking de los corruptos en España acusados por malversación, prevaricación y corrupción administrativa y política, duplicando a Andalucía y muy superior al de los casos en Madrid.
¿Tan descabellada era la propuesta del Borbón para que trescientos años después continuemos sometidos al chantaje de los secesionistas y de quienes como el PNV amenazan al Estado con retirar su apoyo al Gobierno de España y sus presupuestos si hay medidas duras contra Cataluña? O de los socialistas que dirige Pedro Sánchez de que hay al menos tres naciones en España. ¿A qué periodo de la historia deberíamos remontarnos para fijar el techo de los nacionalismos?
Me pregunto, ¿Es duro aplicar la ley y la Constitución frente a quienes pretenden dividir España? ¿Qué salida queda al gobierno y el Rey ante el desafío del uno de Octubre. No creo que haya otra que no sea la aplicación de la ley, que caso de no ser acatada, como amenaza Puigdemont, sería la fuerza que el amparo de la Constitución. La misma fuerza y contundencia que emplearon los gobiernos de la II República española para restablecer el Estado de Derecho en Cataluña, y eso, que entonces aquella supuesta República Catalana, dirigida por el President Companys que duró 11 días, no pretendía la independencia de España.
Aquel tratado firmado por Felipe V en 1716, que hoy aplaudiria cualquier demócrata venía a decir:
- Se eliminarán los privilegios de extranjería, lo que significaba que no habría distinción entre castellanos, aragoneses, catalanes, valencianos y mallorquines a la hora de ocupar cargos en la Monarquía, las Indias y las distintas "provincias". Esto también supondría también la eliminación de fronteras y aduanas interiores, facilitando el comercio.
Crear nuevas instituciones de gobierno que respondan a esta nueva organización, lo que significa el fin de la régimen polisinodial.
El programa de reformas se rige, además, por una serie de criterios:
- Someter a todos sus súbditos a un mismo ordenamiento jurídico, el de Castilla.
- Mantener, hasta el límite de lo posible, las divisiones, instituciones y nombres tradicionales. De esta manera, por ejemplo, el Consejo de Indias, aunque mantenga su nombre, pasa a ser únicamente un Tribunal Supremo para los pleitos de Indias, en cuanto las Leyes de Indias entran en conflicto con el derecho común castellano, mientras que la mayoría de sus funciones anteriores pasan a ser responsabilidad de la secretaría de Estado de Indias.
- Realizar los menos cambios legislativos posibles. Por eso se reforman fundamentalmente las Reales Audiencias tomando la legislación castellana como base.
Las consecuencias de este programa absolutista y centralista se concretaron en:
- La desaparición de los antiguos reinos (salvo el de Navarra) y el nacimiento de las provincias en la Península y la generalización y la reorganización interna de los virreinatos, gobernaciones y capitanías generales en América.
-Que el Consejo de Castilla (solo "de Castilla" en el nombre) pasa a asumir todas las tareas de gobierno (salvo en Navarra). El resto de consejos ven reducida su labor a aspectos judiciales y se les quitan las atribuciones gubernativas en beneficio de las secretarías de Estado.21
- La integración en las Cortes de Castilla, de representantes de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca.
- La aplicación de un solo derecho común castellano para todos los súbditos, con la consiguiente anulación de usos y costumbres y de derechos particulares (siempre que entren en conflicto con la legislación común) y la unificación del derecho procesal.40
- La aplicación de una sola lengua administrativa: el castellano, excepto en la Sala de Vizcaya de la Audiencia de Valladolid, en la que se permite el uso del eusquera.43 de la Real Chancillería de Valladolid.