¡Vale ya!, con tantísima deslealtad, con trazar un camino que no va a ninguna parte, sembrado de desafíos y desprecios, amén de endosar responsabilidad. Ya no se puede más. Hastiados, un día tras otro de un continuo golpear y golpear. Lo saben, pero no cesarán. Quieren victimizar lo que no pueden obtener con la legalidad, quieren únicamente ruido internacional.
Van en serio, aunque les consta que no tienen legitimidad, pero eso es lo que menos les importa. Lo suyo es la maquinaria propagandística, con soflamas de desobediencias propias de un régimen dictatorial. Sin más.
Desde el Teatre Nacional de Catalunya se produjo el pasado cuatro de julio la presentación de la Ley del Referéndum de Autodeterminación, encabezada por los hombres fuertes de la Generalitat, dándole carácter institucional a una solemne barbaridad, dispuestos a dar comienzo a su farsa teatral, a un referéndum independentista que saben que es imposible de celebrar. Escrito sobre papel mojado por quienes ni se encuentran legitimados ni se sustentan en la legalidad. Lo suyo es golpear y golpear, a todo y a todos, en su pretensión de atentar contra la soberanía nacional y nuestra indisoluble unidad.
Lluís Llach abre el acto con carácter ceremonial, reconociendo que sin ellos “el camino hubiese sido imposible”. "Ellos" son los de la CUP, los que J. García Domínguez ha considerado que no tienen ni media “hostia”, y yo añado que sí saben direccionar y condicionar al abismo al pueblo catalán.
Están dispuestos a aprobar la Ley del Referéndum separatista y a establecer un régimen jurídico excepcional cuya pretensión es la sustitución de nuestro orden jurídico constitucional, creando una Sindicatura Electoral que tutelará su censo y blindando la posible responsabilidad penal de políticos, personas y empresas que participasen en la consulta.
El independentismo catalán ha declarado un camino sin retorno, pero no es más que una performance.
Ha llegado el momento de actuar, y se ha de hacer con proporcionalidad y al compás que vaya marcando el propio secesionismo catalán. No son suficientes las aleatorias declaraciones de ministros a los medios de comunicación. La situación requiere algo más, aún a sabiendas que este proceso de ruptura es imposible de cuajar, dado que se abortará por las tres vías que disponemos a nivel legal e institucional, desde el recurso de inconstitucional ante el TC, la jurisdicción penal, y por último la aplicación del art. 155 de la Constitución.
Hace cuarenta años ante un problema trascendental que tenía la economía española, fuimos capaces de consensuar Los Pactos de la Moncloa. Ahora se podría hacer igual. La situación en cuestión de gravedad no se queda atrás. Se requiere sentido de Estado y responsabilidad para adoptar un compromiso que amortigüe la grave deslealtad del independentismo catalán.
España requiere proyectar una imagen de contundencia, de solvencia y crédito, no sólo a nivel nacional e internacional, sino ante esa parte del pueblo catalán que no comulga con los dictados al que el secesionismo lo quiere relegar.
Mariano Rajoy debería convocar, sin demora, a los partidos constitucionalistas con representación parlamentaria y consensuar un Pacto de Unidad, formalizando la hoja de ruta, la secuencia detallada de los pasos a seguir, previendo y situándose ante cualquier escenario al que el independentismo nos pudiese llevar, y todo ello con independencia de las vías dispuestas por el Tribunal Constitucional y el Código Penal.
Así mismo y dado que el art. 155 de la Constitución aún mantiene su virginidad, deberíamos tener prevista su hipotética aplicación, pero sin dramatismo alguno, con naturalidad. El referido precepto no contempla ni la posibilidad de disolver la autonomía, ni la de su suspensión, únicamente la de “rescatar administrativamente” aquellas competencias que pudiesen ser determinantes en las restauración de la legalidad y por ende en el mantenimiento del interés general. Vayamos configurando tal posibilidad y determinando aquellos aspectos que en el precepto están por concretar, incluso me atrevería a indicar que se haría necesario que los mismos se dispusieran en una norma con rango legal, al objeto de evitar recursos del independentismo con causa en posible desviación de poder o arbitrariedad.
Para concluir, sería necesario aclarar algunas cuestiones de especial sensibilidad que pueden inducir a confusión, sobre todo aquellas relacionadas con una posible intervención de las Fuerzas Armadas. Corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la actuación en el territorio nacional, y no a las Fuerzas Armadas, quienes únicamente podrían intervenir en una hipotética declaración de los estados de excepción y sitio, regulados en la L.O.4/1981, viable únicamente en circunstancias extraordinarias que hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad. De eso no quiero ni oír hablar.