El Diccionario Oxford eligió en 2016 un neologismo como palabra del año y como nueva incorporación enciclopédica. Se trata de la post-truth o de la posverdad, una mentira asumida como verdad y reforzada como creencia o como hecho compartido en una sociedad. Precisamente, esta palabra seleccionada por Oxford se aplica a la perfección respecto a las creencias instauradas en nuestra sociedad sobre la idoneidad de nuestro actual sistema político- administrativo.
Entre los años 1978 y 2014 el Estado ha traspasado 1.994 competencias a las CCAA, siendo éstas las que a día de hoy, en última instancia, albergan la mayor responsabilidad en la gestión de los recursos públicos y en competencias tan esenciales como Educación o Sanidad. Mientras el Estado recibía presiones de los mercados y de la Comisión europea para ajustarse el cinturón por rondar su deuda el 100% del PIB, según datos del Ministerio de Hacienda, las CCAA incrementaron el gasto en un 11,9% entre los años 2007 y 2016, sin que apenas se notara el crecimiento en las partidas de Educación y Sanidad. Frente a este descontrol irresponsable del gasto, el Estado tuvo que crear un sistema urgente de préstamos llamado Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) el cual lleva ya gastados 227.666 millones de euros para sostener a las CCAA que siguen gastando impunes y ajenas a cualquier supervisión externa, razón por la que siguen incentivadas a utilizar los recursos públicos irresponsablemente.
Pero vayamos más allá y fijémonos en la crisis del sistema financiero, uno de los pilares más importantes para poder entender la profunda recesión en nuestro país. Todo el colapso del sistema financiero español se debe principalmente a la quiebra de la Cajas de ahorros, que de alguna forma han sido los “bancos autonómicos” por su estrecha vinculación regional y gestión política. Al igual que ha ocurrido con las ayudas directas del Estado a las CCAA, se volvió a tener que rescatar vía el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) por cantidades que rondaron los 60.500 y los 75.000 millones de euros.
El último elemento, junto al despilfarro y la quiebra de las Cajas, que me parece el más característico de esta última década es la corrupción. Salvo contados casos (como el caso Malaya o Bárcenas), la inmensa mayoría de los casos de corrupción en número y cuantía están también relacionados con los gobiernos de las CCAA. Precisamente, las desviaciones de dinero público, concesiones dudosas a empresas o subvenciones fraudulentas, nos ha podido llegar a costar a los españoles según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en torno los 90.000 millones de euros anuales, que como siempre han ido a costa, en última instancia, del Estado central y su déficit.
En este punto queda patente que las CCAA no han sido más que la representación de una red de clientelismo que ha servido de excusa para malgastar el dinero público y para que unos pocos se lucren a costa de sus instituciones, mientras que el Estado central ha sido, de cara a la opinión pública, el principal responsable de las ineficiencias de la administración y además el que ha tenido que asumir todo el despilfarro afectando a su elevada deuda, lo que nos ha convertido en el tercer país de Europa que más impuestos cobra a las PYMES según el Institute for Research in Economic and Fiscal Issues de Suiza. Ahora bien, por si todo lo anterior fuera poco, las CCAA han sido también las responsables de las graves tensiones territoriales existentes en los últimos años. Amparadas bajo el artículo 2 de nuestra Constitución, España es un país donde perfectamente podría defenderse la existencia de múltiples nacionalidades dada la ambigüedad del texto constitucional (por mezclar en el mismo precepto “la nación española” y otras “nacionalidades”) lo que no ha hecho más que sembrar discusiones políticas infructuosas sobre lo que es el concepto de nación, crear barreras anteriormente inexistentes, choques culturales absurdos y el chantaje a los intereses generales y al bien común, como la última transferencia de 1.400 millones de euros por el gobierno central al País Vasco a cambio de 5 votos del PNV, lo que está tejiendo una sociedad cada vez más enfrentada y desigual.
En conclusión, aunque el despilfarro de gasto, la quiebra de las cajas de ahorros y la mayoría de los casos de corrupción sean autonómicos, al final TODOS, a través del Estado central, somos los que acabamos pagando las consecuencias (el déficit, la corrupción, el FLA, el FROB, las tensiones territoriales…). No tiene ningún sentido y es insostenible mantener por más tiempo el Estado de las autonomías si queremos que España siga sirviendo a los intereses de sus ciudadanos lo más eficazmente posible en el nuevo contexto de regeneración del liderazgo europeo. No nos queda otra, se tiene que acabar la fiesta. Ahora bien, ¿seremos nosotros mismos capaces de apagar las luces o tendrá que ser la Unión Europea quien venga a hacerlo?