Mientras nuestro Congreso decide, por vía de un inoperativo Proyecto No de Ley o peneele, exhumar el cuerpo del dictador, nuestro ordenamiento sigue dando muestras de que en algunas normas el generalísimo está muy vivo.
Existe en el ámbito de la Policía Nacional una figura jurídica llamada Orden de Mérito Policial que pretende retribuir con condecoraciones subvencionadas y no subvencionadas aquellos servicios o dedicación a la función policial especialmente meritorias de los miembros de Policía Nacional. Pues bien, al parecer la concesión de estos honores se regula básica y exclusivamente en una Ley salida del Palacio del Pardo en 1964.
El mero hecho de que año tras año veamos a cientos de policías excluidos tácitamente de la entrada en esa orden mientras multitud de empresas, celebridades e incluso pasos religiosos la reciben, debería ser motivo bastante para analizar la constitucionalidad de una norma que, como poco, debería ser derogada inmediatamente. En ese brete está ahora mismo un sindicato policial, concretamente la Unión Federal de Policía de Sevilla, que ha dirigido sendos escritos a los Tribunales y al Defensor del Pueblo para acabar con esta reminiscencia franquista fuente sin duda de multitud de arbitrariedades.
Si miran a su caja tonta, verán como muchos presentadores, actores y actrices tienen en sus vitrinas una medalla que muchos Policías anhelan y merecen por incluso arriesgar su vida para salvar la de otros. Otros beneficiarios de estas distinciones son empresas de fotocopiadoras, aires acondicionados, etc. Si esto está sucediendo, sin duda es amparado en una normativa preconstitucional que habla de discrecionalidad cuando quiere decir expresamente subjetividad.
Antes de exhumar los restos de Franco primero deberíamos eliminar cualquier reminiscencia legislativa del régimen franquista de un ordenamiento jurídico democrático supuestamente avanzado.