En todos los casos de corrupción existentes se ha de diferenciar la responsabilidad penal, que se resuelve en los tribunales de Justicia, de la política, que se resuelve en las elecciones, pero no sólo en ellas. Y es aquí donde es difícil encontrar la solución ideal.
En unas elecciones se elige entre varias opciones, y la lucha contra la corrupción es un apartado más en la decisión del voto, junto a otros, como la ideología, el miedo o el deseo de cambio, por lo que la responsabilidad proveniente de casos de corrupción no debe dilucidarse sólo en ese momento, sino que el político debe asumir que su responsabilidad política abarca desde el momento en que es investigado por un acto de posible corrupción, como cuando ha nombrado cargos que posteriormente resultan condenados o investigados por los tribunales.
Por supuesto que esto no puede implicar que cualquier investigación judicial deba dar lugar a responsabilidades políticas, ya que de esta forma la existencia de querellas sin fundamento penal alguno serían la forma ideal de batir a candidatos electorales difíciles, pero el mantenimiento de la situación de investigado durante un tiempo y la existencia de una mínima prueba a juicio del instructor debe dar lugar a la asunción de responsabilidad política.
Y respecto a la responsabilidad de quien elige o colabora con un investigado de corrupción, su culpa política se debe dar por dicha elección o por no detectar esta conducta, lo que, como es natural, requiere de una respuesta concreta a cada supuesto, pero desde luego no parece muy normal que pueda salvar su responsabilidad política quien no sabe elegir a sus cargos de confianza o no pone límites a unas decisiones que no tienen mucha defensa política, ya que muestra como mínimo una actitud negligente, y ello ya de por sí debe dar origen a que asuma su responsabilidad.
En cualquier caso, sólo hablar de casos de corrupción y de posibles responsabilidades políticas es un dato bueno, nuestros tribunales detectan la corrupción y a partir de ahí no sólo la ciudadanía puede sancionar esas conductas vía electoral, puesto que los propios partidos políticos deben luchar desde dentro contra ella. Es decir, teniendo en cuenta que la corrupción es algo hasta cierto punto inevitable, por lo menos que la respuesta jurídica y política sea eficaz.