2017 nos vuelve a llevar caprichosamente a 1917, cuando la constituida como Asamblea de Parlamentarios de Barcelona desafió al gobierno central de Eduardo Dato, después de que el Gobierno presidido por el conservador hubiera suspendido las garantías constitucionales y rechazara reunir las Cortes.
El 14 de junio los diputados y senadores de la Liga Regionalista hicieron público en Barcelona un manifiesto en el que denunciaban la falta de representatividad del régimen de la Restauración exigiendo una reforma de la Constitución de 1876 que incluyera el reconocimiento de las identidades regionales. Cambó viajó a Madrid para pedir al gobierno de Dato que se reabrieran las Cortes y como no lo consiguió reunió el 5 de julio en el Ayuntamiento de Barcelona a todos los diputados y senadores catalanes, aunque los 13 diputados monárquicos abandonaron enseguida la reunión, que reafirmaron la voluntad de Cataluña de constituirse en una región autónoma, derecho que podría extenderse a otras regiones, y exigieron la reunión de las Cortes que tendrían función de constituyentes. Allí formarían, como nos señala Santos Juliá, una «Asamblea extraoficial de senadores y diputados» para protestar por el cierre de las Cortes y para «deliberar y resolver sobre la organización del Estado, la autonomía de los municipios y los demás problemas que las circunstancias plantean con apremio inaplazable para la vida del país».
La situación en Cataluña está a punto de convertirse en excepcional, y lo hará definitivamente cuando el Parlamento catalán decida aprobar lo que considera ley clave del proceso independentista –ley de Transitoriedad Jurídica– que supondrá en la práctica la restricción de los derechos de los diputados de la oposición.
Sin duda alguna, Puigdemont no es Cambó, ni la antigua Convergencia, salpicada al máximo por la corrupción del tres por cien, tiene la misma credibilidad que en su día tuvo la Lliga entre el catalanismo. Pero el proceso está abierto y el ejecutivo de Rajoy actúa con mucha más desidia y laissez faire que la impericia de Eduardo Dato en su momento. Desde muchos sectores políticos se apela a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. No estoy seguro que sea la solución para tomar a priorir, pero cada vez queda menos camino antes de la aplicación del mismo. Lo cierto es que no es permisible la maniobra del independentismo catalán, aquellos que apelan constantemente al régimen plebiscitario, de corregir con los escaños lo que no se le dio en las urnas, "corregir la democracia", en palabras del amortizado Artur Mas. La mayoría soberanista que no logró una victoria plebiscitaria en las elecciones del 2015 quiere maniatar al Parlament en la hora decisiva. Hacia la Asamblea de Parlamentarios.