En el horizonte de la res-publica se presentan multitud de tareas que los políticos pretenden clasificar en urgentes e importantes. Los ciudadanos presionan con lo urgente sin apreciar lo realmente importante. A veces, la incapacidad de algunos políticos les impide caer en la cuenta de que la urgencia de algunos problemas es lo verdaderamente importante.
Entre éstas, se enumeran, entre otras, la política exterior, seguridad y educación. En esta última, España ha padecido varias regulaciones, la mayoría de signo socialista. Nunca se logró un texto consensuado que hubiera alcanzado larga vida y los beneficios de la estabilidad. Los cambios en la legislación educativa influyeron decisivamente en el bajo nivel cultural de nuestro país, que se sitúa en los últimos lugares en los informes sobre la evaluación de estudiantes.
Ahora en el Congreso trabaja la Subcomisión para la elaboración del Pacto Social y Político por la Educación, que debe estar finalizado el próximo verano. El grupo de trabajo encargado de elaborar el Pacto sólo está compuesto por representantes de grupos políticos de forma permanente. El texto deja la puerta abierta a una presencia esporádica de "representantes de la comunidad educativa", "expertos nacionales e internacionales", "asociaciones y plataformas educativas" o "sindicatos", con derecho a participar como comparecientes cuando así lo soliciten los partidos.
Los seis meses previstos podrán ser prorrogados si en ese periodo no están listas las bases de proyecto de ley que el Gobierno se encargará de elaborar después conforme a lo acordado en este grupo de trabajo. Los activos sociales de mañana se forjan en las aulas escolares de hoy.
Varias comunidades autónomas españolas se encuentran en pleno periodo de concesión o renovación de conciertos educativos. Algunas han modificado los criterios, haciendo más difícil acceder o prorrogar las subvenciones, nudo gordiano del consenso, junto con la asignatura de religión. Desde el sector de la concertada se teme que estos cambios sirvan para consagrar las tesis de quienes consideran a esta red no como complementaria de la pública, sino como subsidiaria: necesaria solo en la medida en que “cubra las lagunas” de los centros estatales.
El gobierno de Baleares perdió a finales del año pasado el último episodio de una batalla legal para retirar la subvención a dos colegios. Ha tenido que intervenir el Tribunal Justicia para aclarar que el criterio de que no hay necesidades de escolarización no se puede utilizar para suplantar la voluntad de las familias respecto a la educación de sus hijos.
Las verdaderas necesidades educativas las fijan los padres, no el gobierno. Los hijos son de sus padres, no del Estado. El criterio de conceder subvenciones a centros de gestión privada solo cuando las aulas estatales no puedan cubrir la demanda contiene, en el fondo, una amenaza a toda la red concertada, que se podría hacer desaparecer progresivamente a base de abrir nuevas unidades en centros estatales.
Sumario: Las verdaderas necesidades educativas las fijan los padres, no el gobierno, porque los hijos son de sus padres, no del Estado.