Por Félix Jacinto Alonso Holguín, @AlonsoHolguinFJ
Las sociedades humanas tienen límites físicos para determinar la separación de sus propiedades. Desde hace miles de años, cuando el hombre abandona las cuevas para asentarse en territorios al aire libre, establece límites de los territorios de su propiedad. Es una forma de preservar de amenazas externas a los individuos del grupo.
Los grupos humanos se han dado normas de obligado cumplimiento para regular su convivencia pacífica. Es más, en todas ellas se asignan derechos y deberes individuales. Esta última parte suscita muchas controversias entre la clase política; sí ésa, que abominada por muchos, suelen unirse sus detractores al círculo en cuanto tienen ocasión.
España creó los CIE -Centro de Internamiento de Extranjeros-, como lugar para ingresar a personas mientras se concreta el lugar de procedencia, documentación y si podrían permanecer de forma legal en nuestro país. El permiso de estancia se entrega a aquellos que cumplen determinadas condiciones. La primera de ella es estar documentado; esto es, tener la certeza de la identidad de una persona... y sus antecedentes. ¿Cómo?
Hay muchos individuos que, una vez entran en nuestro país, destruyen su documentación. Esa identidad es necesaria para la realización de trámites tan corrientes como el acceso a la seguridad social, sanidad, seguridad... además, no debe olvidarse que formamos parte de la Unión Europea y Convenio Schengen de Seguridad. Por lo tanto, también tenemos obligaciones con el resto de países de la Unión.
De esas personas algunos de ellos tienen antecedentes penales pendientes de resolver en su país; otros cuentan con esos mismos pero en el nuestro o en países europeos; hay también algunos que permanecen de manera irregular, ya que su permiso ha caducado o cesado las condiciones que amparaban el mismo. La ley ha de cumplirse para todos, todos.
En tanto sus países de procedencia se comunican con España, son ingresados en estos centros. Habitualmente se niegan a revelar su identidad real, dan una falsa, equivocada... o simplemente tienen que esperar confirmación. Sus países cooperan o no en la resolución de las dudas para averiguar la identidad. Mientras tanto, por un tiempo limitado, dotados de garantías de asistencia legal y jurídica, esperan en los CIE.
Estos Centros tienen vigilancia a cargo de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. De poco tiempo a esta parte, se suceden motines, agresiones y fugas de allí, dejando un reguero de heridos. Así como diversos daños en el mobiliario, que pagamos de los impuestos; si bien, lo más impactante fue ver la semana pasada las heridas en la cabeza de un funcionario, al cual tuvieron que aplicarle más de diez grapas de sutura. La lectura de una nómina de Policía Nacional está ausente de epígrafe “ser agredido durante la prestación del Servicio”.
Ciudadanos, abogados, concejales, alcaldes -que alguna vez fueron miembros del sistema judicial- se rasgan las vestiduras exigiendo competencias de revisión, visita o gestión de esos centros, amén del cierre de los mismos. Sin embargo, ninguno de ellos da trabajo o aloja a alguno de los internos. Destaco el asombro cuando una de ellos se quejó de “no tienen acceso a WiFi dentro del CIE”. Una pregunta fácil: ¿sabe esa señorita cuánto cuesta una conexión a internet, la factura del móvil o su conexión es pagada por el resto de ciudadanos por su cargo?
Se habla de los derechos de los internos. ¿Cuántos se interesaron por las heridas sufridas por el funcionario de la Policía Nacional? ¿Cuántos de ellos se preguntaron qué diría su hijo al ver a su padre con la cabeza abierta por una agresión vil? ¿Qué derechos se arroga una persona para producir a otra un golpe en la cabeza?
En este país donde tanto se habla de los derechos de las personas, se empieza a echar mucho de menos oír hablar de las obligaciones de los individuos. Cuando golpean a una persona uniformada de un Cuerpo Policial, que luce con orgullo la bandera de todos los españoles, están golpeando a España entera.
Se decía en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que “nuestra labor está al Servicio de todos... también de aquellos que usan la libertad de poder manifestarse en contra del resto, incluidos nosotros, siempre que sea pacífica”.
Únicamente me queda dar las gracias a todos, todos, los funcionarios que cuidan de los derechos de los españoles, incluidos a aquellos que piensan poco en las obligaciones de los ajenos.