Por Pedro Peral
En sociedades verdaderamente pluralistas, los poderes públicos se abstienen de tomar partido en los asuntos controvertidos sobre los ciudadanos pueden debatir sobre esos temas sin temor a ser sancionados por el Estado. Pero esta libertad se ve amenazada ahora por las leyes que garantizan los derechos de lesbianas, gays bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGTBI) aprobadas en varias comunidades autónomas españolas, como Madrid o Galicia. Tantos años luchando por respetar la independencia de los gobiernos de la influencia de la Iglesia para caer ahora en un nuevo confesionalismo.
“A favor de la lucha contra la discriminación, sí; a favor de la imposición de una ideología, no”. El abogado Benigno Blanco dirige sus críticas a las leyes que, invocando la lucha antidiscriminación, intentan imponer una “visión concreta de la sexualidad a todo el mundo”.
La primera trampa es hablar de personas LGTBI, como si fueran una categoría especial con “derechos distintos a los del resto de las personas” y cuya singularidad impone obligaciones específicas al resto. En realidad, “los seres humanos tenemos los mismos derechos sea cual sea nuestra autopercepción de la sexualidad”. Por eso, el ordenamiento jurídico español ya prevé medidas para combatir la discriminación y garantizar que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.
Otro truco para eludir el debate que merecen este tipo de leyes es la presunción de que cuestionar la ideología LGTBI equivale a atacar a los homosexuales en su dignidad personal. “Los homosexuales –como los heterosexuales– son acreedores a todo el respeto que merecen como personas, pero sobre su conducta y estilo de vida se puede opinar”. Como respetar a un socialista no implica tener que aceptar el socialismo o como respetar la dignidad humana de un cristiano o de un musulmán no significa que todos deban afirmar la verdad del cristianismo o de la religión islámica.
Hay que preguntarse: ¿qué pasaría si una comunidad autónoma obligase por ley a todas las entidades de titularidad pública en su territorio a hacer visible y a hablar bien de una determinada doctrina filosófica, política o religiosa? ¿O a favorecer en el acceso a la financiación pública a las organizaciones que defienden esa doctrina?
Dentro de los privilegios que imponen una carga a los demás, resultan particularmente alarmantes los que permiten el adoctrinamiento en la escuela. Las medidas educativas no se limitan a garantizar el respeto debido a cada persona, sino que van dirigidas a difundir las ideas de un grupo concreto. Volvamos al ejercicio de antes: ¿sería eso admisible si donde la ley dice colectivo LGTBI pusiéramos materialistas, idealistas, socialistas, liberales, católicos, protestantes, musulmanes…?