Por Alberto G. Ibáñez, autor del libro La Conjura silenciada contra España
El debate político español lleva varios años bloqueado a consecuencia de la polémica/chantaje sobre la conveniencia de convocar un referéndum de autodeterminación de los pueblos supuestamente oprimidos bajo esta vieja nación. Este ha sido un asunto que incluso ha funcionado como posible línea roja dentro de los posibles pactos de gobierno. Sin embargo, dicho análisis equivoca la diana, porque no parte de lo que realmente conviene a los españoles y que contribuiría a mejorar el funcionamiento de los servicios públicos. En realidad, lo que hace es desviar la atención de lo que realmente importa.
Conviene por el contrario plantear un debate del modelo territorial ciertamente sin líneas rojas, pero sin complejos ni engaños. En este sentido cabe preguntarse: ¿los que defienden el referéndum de autodeterminación apoyarían otro que preguntara a los españoles por la conveniencia de recentralizar (palabra maldita solo en España) las competencias de educación y sanidad, acabar con privilegios presupuestarios territoriales y fusionar algunas comunidades autónomas? Si fueran coherentes y honestos los primeros deberían respaldar la iniciativa con el mismo entusiasmo y pasión pues el mismo supuesto principio de legitimidad democrática directa da soporte a una u otra idea…, con la diferencia de que esta última sí está pensada con el único fin de mejorar la calidad de vida de los españoles y garantizar su igualdad en lugar de exacerbar un sentimentalismo anacrónico y apelar a derechos históricos periclitados e inquisitoriales.
La exaltación de las diferencias y privilegios territoriales solo lleva a más desigualdad y a debilitarnos como sociedad, a pesar de que nuestra izquierda nacional no se percate apenas de ello. Hay que sacar el debate del terreno de la manipulación sentimental y racionalizarlo tomando como único objetivo el contribuir a mejorar los servicios públicos, hacerlos más eficaces, más eficientes y de mayor calidad, y de paso si se mejora con ello la igualdad de todos los españoles y la economía tanto mejor. Que es lo que nos interesa a todos. Por ejemplo, España es el país con más políticos (y aforados) de Europa. ¿De este número excesivo se derivan unos poderes públicos mejores y más eficientes? Al contrario: a mayor número de políticos, mayores potenciales casos de corrupción y de derroches innecesarios. ¿Cómo acabar con esto? Veamos algunas propuestas para ese otro referéndum nacional, racional e integrador:
- Primero: utilizando las nuevas tecnologías se puede llevar a cabo, al menos, una fusión virtual de municipios. 8000 son demasiados para un país de 47 millones, pero cada uno teme perder a su alcalde. Solución: integremos los servicios de compras (y otros) en plataformas inteligentes. El ciudadano saldrá ganando y podremos reducir concejales, y hasta acabar con las diputaciones convertidas, en su caso, en oficinas profesionales para gestionar el sistema.
- Segundo: cambiemos la ley electoral. El Congreso debe elegirse con circunscripción nacional única (250-300 diputados bastarían) y con criterio proporcional puro puesto que cada diputado representa a todo el pueblo español. Si queremos mantener el Senado solo hay una solución: 150-200 senadores elegidos en circunscripción autonómica. Luego estas dos Cámaras podrían actuar en formación conjunta para algunos asuntos territoriales, grandes leyes o reforma constitucional.
- Tercero: teniendo ese nuevo Senado podríamos ser más ambiciosos y establecer que los senadores elegidos en circunscripción autonómica formaran al mismo tiempo la Asamblea de cada Comunidad autónoma. Los ahorros serían evidentes (por de pronto 19 elecciones quedarían reducida a una), pero además el sistema sería más eficaz. Hay una sola pega 150-200 senadores son pocos para 17 Comunidades Autónomas. Lo que nos lleva al siguiente punto.
- Cuarto: ¿Para un país con el territorio inferior al de Texas y con apenas 10 millones de habitantes más que California 17 Comunidades Autónomas (y dos Ciudades Autónomas) no son demasiadas? ¿Podemos hacernos esta pregunta? Pero lo que es más importante, ¿es la mejor estructura para garantizar los mejores servicios públicos a los ciudadanos y al mejor precio? Parece evidente que una región con menos de 5 millones de habitantes no permite aplicar economías de escala, pero es que además el criterio para admitir una comunidad u otra no puede basarse en la manipulación emocional o la exaltación de un pasado, casi siempre falsificado.
¿Tiene sentido hablar de derechos históricos de territorios en pleno siglo XXI? Y es que puestos a hablar de fueros, siendo honestos, la legitimidad histórica más antigua correspondería a las ciudades (e incluso algunos monasterios) que fueron las primeras entidades políticas que los recibieron. De hecho, quien acabó con la Generalitat en la famosa guerra de 1705-1714 no fue ningún peligroso rey español sino el propio Consell de Cent, asamblea de cien ciudadanos que venía rigiendo los intereses de Barcelona durante más de cinco siglos. ¿Quién es por tanto enemigo de quién? ¿No le iría mejor a Barcelona recuperar sus instituciones originarias y separarse de Cataluña?
Pero puestos a mirar atrás tal vez quepa también recordar que cuando Jaime I el conquistador, rey de Aragón y héroe catalán al parecer, en sus Crónicas hablaba de “los cinco reinos de España”, ninguno de los cuales era Cataluña ni el País Vasco, sino: León, Castilla, Portugal, Aragón y Navarra. Es decir que apelando a los derechos históricos tendríamos cuatro comunidades autónomas, dejando aparte Portugal, a la que cabría añadir Madrid, como distrito capital. ¿Quieren más derechos históricos?
Volvamos pues a poder el acento en la mejora de la calidad de servicios públicos y no en cuestiones altamente manipulables y subjetivas, y comprobaremos que lo mejor para todos sería reducir el número de Comunidades Autónomas a seis, con una media de entre 6 y 8 millones de habitantes, por razones de justicia electoral (que el voto de cada ciudadano valga lo mismo con independencia de la región en la que viva) y de eficiencia económica. Un plan parecido se ha planteado en Alemania, impulsado allí por el socialdemócrata Bernward Rothe para quien una fusión de Estados educiría los gastos del Gobierno y la Administración, lo que permitiría disponer de más dinero para cumplir otras tareas esenciales, como por ejemplo la inversión en educación. Simple. Francia también ha reducido sus regiones de 22 a 13. ¡Quién fuera alemán o francés!
¿Queremos que España siga siendo diferente? ¿Por qué? ¿A quién beneficia? Pero sobre todo ¿qué es lo más moderno, lo que nos hace más fuertes y competitivos en el mundo, y lo que beneficia a más gente?
Decía hace años Salvador de Madariaga: “No es este el momento para dividir una nación ya hecha, sino para integrarla en una nación mayor. No es el momento para multiplicar las republiquitas sino para federar los continentes”.
No perdamos una vez más el tren de la Historia.