Por Víctor Bethencourt Rodríguez
Pucherazo, pucherazo y más pucherazo fue el argumento de algunos votantes y simpatizantes de Unidos Podemos desde la noche electoral hasta hace algunas semanas sobre el porqué del resultado obtenido el 26J. Y que, como explicaron muy bien algunos periodistas no tiene base alguna y nace de la frustración de ver unas metas (quizás demasiado altas) inalcanzadas.
Por las redes sociales se extendieron elocuentes teorías conspirativas, desde la alteración a gran escala de las actas del escrutinio pasando por el voto CERA, hasta la participación del ministro del Interior, partícipe en unas grabaciones bastantes dañinas para nuestra democracia. Lo cierto es que desde entonces se han ido desmontando uno por uno los distintos bulos propagados, los cuales no tenían otra intención que la de dañar la legitimidad del resultado electoral y por ende la legitimidad de las nuevas Cortes Generales sin fundamento alguno. El ejemplo más palpable es que ningún recurso se presentó ante la Junta Electoral Central contra el escrutinio del 26J.
Ahora bien, sí se cometió una ilegalidad de una importante magnitud y que, pese a todo, pasó desapercibida para la mayoría de tertulianos/comentalotodo, hablamos de la encuesta a pie de urna encargada por TVE/FORTA.
Nos referirnos a los 338.000 euros de dinero público que costó realizarla para obtener un resultado fallido con el objetivo de que que los comentaristas tuvieran algo que destripar durante una hora. La oportunidad de la misma entra más en el ámbito de la indecencia que en el de la legalidad. Su resultado sí que nos revela que la Junta Electoral podría haber estado realizando una dejación de funciones durante esta campaña como garante de que no existan vulneraciones a la buena calidad demoscópica, función que le viene atribuida expresamente por nuestra ley electoral.
Sin embargo, lo importante y más palpable es la hora de publicación de los resultados de dicha encuesta un poco antes de las 20h (hora peninsular), justo al cierre de los colegios electorales de la Península Ibérica, lo que provocó que los datos de dicho sondeo fueron accesibles para algunos ciudadanos que se encontraban aún sin votar en los colegios electorales y durante una hora los ciudadanos que aún no habían votado en Canarias. En este sentido nuestra Ley Electoral, la LOREG en su artículo 69.7 es claro: “Durante los cinco días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación y difusión o reproducción de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación”. Estando la votación aún en marcha en una parte del Estado su difusión va contra la Ley y contra su objetivo, que es que las empresas demoscópicas no manipulen el voto del ciudadano. Ciertamente, algunos ciudadanos (sería imposible cuantificar el número) votaron conociendo los resultados de esta “ilegalidad a pie de urna”, incluso algunos que no tenían intención de acudir a las urnas.
Si queremos que nuestras instituciones sean respetadas y gocen de una legitimidad asentada, el respeto a las leyes vigentes debe ser fundamental, pese a lo discutible de muchos de sus elementos. El morbo informativo carroñero y desmedido no puede pasar factura a nuestra democracia.