Por Jorge Castillo Abella
Como cada vez que los españoles acuden a las urnas, y a la vista del resultado, últimamente surgen voces -partidarias o no- que reclaman una "reforma de la ley electoral" para que "el voto valga lo mismo" y nos deshagamos, por fin, de la perversa "ley D'Hondt". Y no faltan los cálculos de "cuánto cuesta a cada partido un escaño" mientras se suspira por una circunscripción única nacional que también acabaría con la "concentración del voto nacionalista" (por ejemplo, en este periódico). Vaya por delante que, en mi opinión, nuestro sistema electoral hay que mejorarlo, pero honestamente creo que no es ni de lejos tan malo como podría ser, y más atendidas las características sociológicas de España. Y una advertencia obvia: lo que sigue se refiere únicamente a las elecciones al Congreso de los Diputados.
Para un politólogo de formación -aunque jurista de corazón y profesión- estas ideas provocan, sobre todo, hastío. Llama la atención que en casi 40 años de vida democrática todavía seamos unos iletrados electorales. Por ejemplo, no existe la "ley D'Hondt" ni en sentido jurídico, ni filosófico, ni científico, ni nada. Victor D'Hondt era un matemático -no un legislador- que tuvo la mala fortuna de idear una fórmula de reparto que pasaría a la historia como la "más injusta" de las proporcionales, sin que en realidad se conozca ninguna otra -por si el lector lo duda: sí, las hay peores-. Como el sistema de reparto es una operación matemática recibe el nombre de "fórmula" o "sistema" D'Hondt. No "ley", como insisten tertulianos y cuñados en todo el país.
Lo siguiente que provoca rechazo inmediato es es cálculo del "coste de escaños", porque es sencillamente falso. Ese cálculo se hace del siguiente modo: (nº de votos en toda España) / (nº de escaños obtenidos). Todo votante -y muchos no votantes-saben que la lista que votan en su provincia no es la misma que en la de al lado, lo que nos da la pista de la falacia que contiene el cálculo anterior: los escaños se obtienen por circunscripción, por lo que es tramposo incluir números que corresponden a circunscripciones distintas. Sólo distorsiona el resultado real. El único cálculo verdadero es el de (votos en circunscripción) / (escaños obtenidos en circunscripción). Y podemos llevarnos sorpresas. Tomemos el ejemplo de Navarra:
-UPN-PP.- Votos: 106.434. Escaños: 2. Coste (votos/escaños): 53.217.
-Podemos-IU-Equo-Bazarre.- Votos: 94.555. Escaños: 2. Coste: 47.278.
-PSOE.- Votos: 57.952. Escaños: 1. Coste: 57.952.
Es cierto que no cada escaño cuesta lo mismo. Pero no lo es que Ciudadanos, la última "víctima" del sistema, se haya visto privado de un escaño que era suyo: solo ha obtenido 20.343 votos, ¡menos de la mitad de lo que le "cuesta" el escaño al que lo obtiene más barato!
La conclusión evidente es que la fórmula D'Hondt, aunque imperfecta, no es que castigue a Ciudadanos, es que Ciudadanos tendría que duplicar sus votos para merecer un escaño por Navarra. En definitiva, no es D'Hondt el culpable de la defectuosa proporcionalidad que tanta indignación levanta. El reparto dentro de la circunscripción no es ideal, pero no es ni de lejos tan injusto como se pretende.
Y aquí aflora el verdadero problema del sistema electoral: el pequeño tamaño de la circunscripción. Como es sabido, la circunscripción es la provincia, y el Congreso de los Diputados tiene 350 escaños -según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, LOREG-. El mínimo por provincia es de 2 escaños —Soria— hasta los 36 de Madrid, con la excepción de Ceuta y Melilla, que eligen un diputado cada una.
No es difícil verlo: donde hay más escaños para repartir baja el número de votos necesario para obtener uno. Si en Navarra se repartieran 30 escaños, Ciudadanos habría obtenido los suficientes como para no sentirse infrarrepresentado. Pero si solo hay 4, con dispersión del voto, se van a quedar fuera muchos más de los que entren. El problema está en la magnitud -número de escaños-de la circunscripción.
En resumen, una baja magnitud actúa como una barrera electoral de facto, porque si hay poco que repartir, se reparte a los ganadores, aunque lo sean por unos pocos votos. Aquí está la verdadera desproporcionalidad de nuestro sistema, y es lo que justifica que en una provincia un partido gane con 30.000 votos mientras que en la de al lado, con esos votos, ni siquiera obtenga escaño.
¿Cómo solucionarlo? Aquí viene la decepción: es necesaria una reforma de la Constitución. Y esto me lleva a la última de las expresiones del tertuliano: la de "cambiar la ley electoral". La LOREG es importante, pero la circunscripción provincial la impone el artículo 68 de la Constitución. Y su reforma, aunque por el procedimiento ordinario, no es nada fácil: de entrada es necesaria mayoría de 3/5 en ambas Cámaras.
Más nos vale acostumbrarnos: la desproporción electoral está aquí para quedarse, LOREG o no.