Por Ramón Villota Coullaut
Con las últimas reformas de la justicia hemos visto los efectos de la improvisación. En el ámbito penal, la instrucción debe finalizar en seis meses salvo en los casos de especial complejidad, lo que ocasionará que muchos procedimientos judiciales se archiven por falta de tiempo para instruirlos y la existencia de la especial complejidad sea más un problema procesal que una solución. Pero, eso es lo positivo, la idea de agilizar la justicia es buena, es absurdo que en el 2016 se puedan juzgar temas sin complejidad alguna, robos, por ejemplo, del 2009 o 2010. Y para ello la tecnología y que el personal esté más preparado para los avances tecnológicos es fundamental.
Y esto nos lleva a lexnet, el gran avance tecnológico de este siglo, una plataforma en donde desde el 1 de enero todos los operadores jurídicos nos comunicamos sin necesidad del papel. Por tanto, hemos pasado del fax y del registro de entrada a una plataforma sin pasar por sistemas tales como el correo electrónico. Bien, pues cuando lexnet empezó el 1 de enero, en la mayor parte de los juzgados las tarjetas para entrar en la plataforma no habían llegado- este problema persiste ahora, en febrero-, con lo que juzgados de instrucción siguen utilizando el fax para comunicarse con los abogados, mientras que el registro de entrada de cada sede judicial sigue utilizándose con normalidad, debido a que la plataforma falla bastante y en muchos juzgados no pueden leer a día de hoy los escritos que se envían vía telemática.
Es decir, el famoso papel 0 se ha convertido en un quebradero de cabeza para funcionarios y profesionales, debido a que la reforma se hizo sobre el papel, pero no hubo la mínima previsión para dotar de medios técnicos a los juzgados para recepcionar y enviar escritos procesales. Todo ello hace que, como no puede ser de otra forma, se dupliquen escritos dirigidos a los órganos judiciales ante la dificultad de prever que un escrito pueda ser presentado o no en determinado plazo.
Por supuesto que es un avance para nuestra justica que hayamos pasado del fax y de los registros de entrada de escritos a un sistema informático, pero cualquier cambio requiere de una mínima previsión, y cuando el fracaso es absoluto, los culpables no pueden ser los profesionales que realizan ese trabajo, sino quienes idearon un sistema informático y no previeron algo tan elemental como que se necesitan tarjetas en cada juzgado para enviar y recepcionar documentos. En cualquier caso, en mi opinión personal la propia existencia de correos electrónicos profesionales tanto de procuradores como de abogados debiera haber ayudado a resolver este problema, que se hubiera resuelto de una forma más barata y seguro que menos problemática con la utilización de estos correos que con la creación de una plataforma a la que todavía no hemos visto en funcionamiento real.