Por Víctor Llano
El 28 de octubre de 2004 en una información sobre el 11-M, el diario ABC publicó el párrafo que podrán leer a continuación:
“El Gitanillo», de 16 años, fue detenido en Asturias el 13 de junio y en su declaración ante el entonces juez de menores de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez -hoy presidente de la Sala de lo Penal- reconoció haber transportado en autobús desde Oviedo hasta Madrid parte de los explosivos que los terroristas utilizaron el 11-M”.
Poco sé de leyes procesales, tal vez sólo desde ese desconocimiento se explica que me escandalizara cuando años después de la primera sentencia del 11-M, supe que antes de presidir el tribunal que juzgó a otros imputados por la masacre de Madrid, Javier Gómez Bermúdez fue el primer juez que supo de la declaración del entonces menor asturiano.
Por no saber no sé de incompatibilidades de los jueces ni de vicios procesales, pero de algún buen profesor aprendí que en los países en los que se respeta la seguridad jurídica el Derecho intenta responder al sentido común. ¿Respeta el sentido común el hecho de que un juez que primero sabe de un asunto en su calidad de juez tiempo después juzgue a otros imputados por el mismo asunto?
No lo sé. Tal vez sea yo quien carezca de sentido común en esta cuestión. En cualquier caso, jamás entenderé cómo fue posible que nadie se preguntara entonces por lo que han podido leer. Incluso desde mi desconocimiento intentaría que no me juzgara un juez que ya intervino en los hechos que me va a juzgar.
Puede que todo lo que han podido leer no vaya ahora a ningún sitio, es más, puede que tampoco fuera entonces, pero no renuncio a rogar a algún jurista que lea este artículo que me explique si mis dudas carecen de toda lógica procesal. ¿Se podría haber planteado la recusación del presidente del tribunal que presidió el primer juicio del 11-M?