Por Pedro Peral
Los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos y Ciudadanos han sacado adelante una enmienda presentada por los socialistas a los presupuestos para 2016 de la Comunidad de Madrid que contempla el recorte de 2.901.884 millones de euros para la partida destinada a conciertos educativos. Este recorte afecta a todos los niveles de la enseñanza. En la Comunidad de Madrid hay 561 centros concertados, 42 de ellos de Educación Especial, con un total de 349.287 alumnos.
El apoyo del partido de Albert Rivera a la iniciativa socialista ha sorprendido, pues Ciudadanos declara respetar los conciertos educativos, si bien es conocida su ambivalencia según los territorios y sus “compañeros de viaje”.
La enseñanza concertada corre peligro y sólo podrá subsistir en aquellas Comunidades Autónomas en las que el PP gobierne con mayoría suficiente. Excluido Podemos por definición programática, queda el PSOE, cuya postura en la materia ha sufrido una de esos accesos de fiebre laica que suele tener ante la cercanía de elecciones generales, con la esperanza de que eso le atraiga votos de esa izquierda que flirtea con otros más radicales.
Como suele suceder en estos casos, su obsesión se dirige contra la enseñanza de la religión en la escuela, tradicional objetivo de la cruzada laica. Pero si en otras ocasiones la propuesta era excluir la clase de religión de la escuela pública, ahora se pretende eliminarla también de los centros no estatales, privados o concertados. El curriculum y el horario lectivo no pueden estar contaminados por la presencia de enseñanzas de la religión.
Algunos entienden que el mismo hecho de que se imparta Religión Católica en los centros públicos contradice la neutralidad religiosa del Estado. Según este planteamiento, lo único “democrático” sería derogar el concordato con la Santa Sede de 1979.
Sin embargo, la imparcialidad religiosa del Estado no queda comprometida por el hecho de que se impartan clases de una religión en los colegios públicos, siempre que estas sean opcionales y no enseñen valores contrarios a la convivencia pacífica.
En otros temas puede ser discutible si la sociedad está a favor o en contra de una determinada medida. En cambio, en la enseñanza de la religión -por lo menos en lo que se refiere a la católica-, hay un referéndum anual de las familias interesadas. Como la asignatura es opcional, basta ver cuántos alumnos la cursan: en el curso pasado, fueron 3,5 millones, lo que supone el 63,5% del total.
Según sea la entidad titular del centro, ese porcentaje varía desde el 51,9% en los centros públicos, al 99% en los colegios católicos y al 68,9% en los de titularidad civil. Por niveles de enseñanza, el porcentaje va desde el 71,2% en primaria al 41,2% en bachillerato, un nivel donde la clase de religión encuentra muchos obstáculos organizativos en los centros públicos.
Los números nos dicen que hay una demanda social para la enseñanza de la religión. En cambio, la “inmersión laica” para todos que propone el PSOE supone hacer caso omiso de las preferencias de las familias del 63,5% de los alumnos. Curioso ejercicio democrático, sobre todo en un asunto que no implica ninguna obligación para los que no eligen la asignatura. Implica también hacer caso omiso de la Constitución, que en su art. 27 establece que “los poderes públicos deben garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Pero aunque no lo exigiera la Constitución, un partido democrático debería respetar esa preferencia expresada de las familias. Y más un partido como el PSOE, que pretende obligar por ley a que los partidos políticos hagan elecciones primarias para designar a sus candidatos a la presidencia del gobierno, de las comunidades autónomas y a las alcaldías. Esta obligación se justifica por la necesidad de tener en cuenta las preferencias de los electores y simpatizantes, en vez de gestionar el proceso por maniobras de las cúpulas de los partidos.
Entonces, ¿por qué no valen las “primarias” en los colegios sobre la enseñanza de la religión? ¿Esa libre elección de las familias no es también un ejercicio de lo más democrático?
Pero en este tema el PSOE hace gala de un dogmatismo laico muy incoherente. De una parte, el líder socialista Pedro Sánchez justifica su propuesta por el principio de “circunscribir al ámbito privado el ejercicio de las creencias religiosas”, como si estuviera prohibido que la religión saliera de casa. Pero luego pretende excluir la enseñanza de la religión no solo de la enseñanza pública sino también del sector educativo privado. Una imposición que resulta muy reveladora sobre su respeto a la libertad de enseñanza.