Por Ramón Villota Coullaut
¿Es posible que una mayor libertad implique una menor seguridad? O, dicho de otro modo, ¿sólo impidiendo o restringiendo ciertos derechos individuales podemos dotarnos de más seguridad? Este debate no es tan nuevo, ya se vio en la Grecia clásica y en Roma como una forma de unirse y defenderse ante el enemigo exterior, y ahora ha vuelto a surgir con el 11-S en EE. UU., y más recientemente en Francia después de los últimos atentados.
Así, estos límites pueden ser temporales, dando poderes en un determinado periodo de tiempo casi ilimitados al gobernante, o, por el contrario, indicando en la ley de forma clara los límites que no pueden flanquearse en la lucha contra el terrorismo. En este aspecto nuestra Ley Orgánica del Estado de alarma, Excepción y sitio, del 1 de junio de 1981, regula esta situación excepcional en casos de catástrofes naturales, el estado de alarma, en casos de protección de derechos individuales, el estado de excepción, y en caso de protección de nuestra integridad territorial o de nuestro ordenamiento constitucional, el estado de sitio, único supuesto en donde las autoridades militares sustituirán a las civiles en el ejercicio de sus competencias.
En cualquier caso, libertad y seguridad no son conceptos antagónicos, pero la lucha contra el terrorismo debe basarse en criterios de eficiencia. A partir de ahí no está tan claro que un recorte en los derechos individuales de comunicación, reunión o que posibiliten detenciones genéricas sin control judicial nos lleven a una mayor seguridad, aunque nos pueden llevar a una mayor arbitrariedad, que es más difícil de evitar cuando los derechos individuales se debilitan, aunque sea de forma bienintencionada.
En este aspecto debemos recordar que la democracia, el Estado de Derecho del que gozamos, se basa en que los gobernantes son elegidos por el pueblo en unas elecciones libres, pero también en la existencia de límites, de los denominados contrapoderes, que hacen que nuestro sistema de valores se mantenga, algo que es mucho más extenso que elegir a nuestros representantes cada cuatro años, y que entronca con nuestros derechos individuales.