Por Alejandro Rodríguez Lafuente
Suprimir el Senado es, como medida de austeridad, una propuesta más que interesante. Suprimir, sin embargo, lo que para casi nada sirve, no se puede subrayar como proposición de cambio que defina un nuevo tiempo político.
Suprimir el sistema bicameral, en el que la cámara alta debería ser garante de los intereses territoriales, es simplemente reconocer que en España los territorios tienen una "autonomía" indefinida en la que el estado y sus ciudadanos en conjunto tienen poco que decir, menos que coordinar, bastante por negociar y demasiado que perder. Es ratificar una cámara baja en la que, en lugar de representar la igualdad de todos los ciudadanos de España, se sobreponderan los intereses de unos pocos del mismo territorio, frente a los de muchos de todo el estado.
No sobra el Senado, falta separación real de poderes y una ley electoral que convierta a todos los ciudadanos en iguales frente a esos poderes.