Por Manuel Sánchez
Tras los últimos acontecimientos que se han producido en Cataluña, imputación de Mas incluida, son muchas las cuestiones acerca de lo que puede suceder en los próximos meses. Como (aún) no soy capaz de predecir el futuro, me centraré en ordenar lo que ha sucedido desde 2010 para entender mejor dónde nos encontramos.
El punto de partida: dos versiones y algunos hechos
Señalar un punto de partida de la deriva separatista en Cataluña resulta complejo. Las versiones oficiales de los partidos promotores de la secesión señalan dos fechas relevantes: el 27 de Junio de 2010 y el 20 de septiembre de 2012. La primera corresponde al día en el que el Tribunal Constitucional recortó parcialmente el Estatuto catalán declarando inconstitucionales algunos de sus preceptos más polémicos. La segunda hace referencia a la reunión entre Mas y Rajoy en Moncloa en la que el primero propuso un pacto fiscal al estilo del vasco y el navarro y el segundo se negó.
No obstante, hay quienes creen que la deriva tiene mucho más de cálculo político que de repentino fervor nacionalista. Su versión defiende que las anteriores fechas son solo la coartada de Mas para sobrevivir políticamente en un entorno claramente desfavorable aprovechando el descontento por la situación económica, política y social.
2010-2015: un lustro turbulento política y judicialmente
Creamos la versión que creamos, la realidad es que el fenómeno separatista ha ido ganando adeptos principalmente desde 2012. Sea causa o consecuencia de ello, el Gobierno de Artur Mas, apoyado por los grupos separatistas del Parlamento de Cataluña, aprobó una Ley de Consultas que tenía como objetivo último la celebración de un referéndum sobre la independencia. Al amparo de la misma, se convocó la citada consulta para el 9 de Noviembre de 2014 bajo la forma de referéndum no vinculante. Éste es un asunto especialmente espinoso ya que supone una extralimitación en las competencias de las Comunidades Autónomas y, por tanto, una vulneración de la propia Constitución Española. De esta manera, el Gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de convocatoria y contra la ley autonómica que le daba cobertura y el Tribunal Constitucional se vio forzado a actuar de urgencia. El 29 de septiembre de 2014 el proceso fue suspendido cautelarmente y el tribunal se dio un plazo de cinco meses para resolver definitivamente.
Fruto de ello, el 14 de Octubre, Artur Mas reconoció la retirada de la consulta en esos términos pero anunció que se iba a llevar a cabo una consulta alternativa el mismo día. Esta consulta finalmente se llevó a cabo el 9 de Noviembre organizada por los partidarios de la independencia con un censo extraoficial y rodeado de polémica: se acusó al Gobierno de Mas de presionar a funcionarios para que abrieran los colegios y fueron numerosas las denuncias de fraude y de voto múltiple. La participación y el resultado, siempre según los organizadores, fue del 37% del censo y del 80,76% favorable al Sí, respectivamente.
El 25 de Febrero de 2015, y casi al límite del plazo de cinco meses establecido por el propio Tribunal Constitucional, éste declara parcialmente ilegal la Ley de Consultas y la limita a aquellas cuestiones en las que el Gobierno autonómico tiene efectivamente competencia. Además, y en consecuencia, declara ilegal la consulta del 9N. El 11 de Junio de 2015, en otra sentencia, declara también ilegal la consulta alternativa, señalando la irregularidad en la actuación del Gobierno de Mas al dar impulso público a la misma.
La situación judicial de Mas: un camino aún por recorrer
Mientras todo lo anterior se producía, y tras la consulta alternativa del 9N, la Fiscalía General del Estado presentó una querella contra el Presidente Artur Mas, la Vicepresidente Joana Ortega y la Consejera de Educación Irene Rigau. Esta querella no estuvo exenta de polémica porque, una vez presentada, supuso la dimisión de Torres-Dulce como Fiscal General del Estado tras múltiples desavenencias con el Gobierno de Rajoy. El Fiscal estaba de acuerdo con el fondo de la querella pero no con la celeridad que supuestamente le impuso Moncloa de forma extraoficial. En Diciembre de 2014, decidió dimitir en lo que algunos analistas percibieron como un cese encubierto.
La querella, impuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, señala los delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones y, aunque no todos conllevan pena de cárcel, sí suponen inhabilitación para ejercicio de cargo público. Ello desembocó en el punto en el que nos encontramos hoy: tres altos cargos del Gobierno catalán imputados y declarando ante el juez por cuatro delitos, una comunidad autónoma claramente dividida y unas consecuencias judiciales y políticas ciertamente impredecibles.