Acero, madera, vidrio, una constructora, un sueño Olímpico del que no se quería despertar, Alberto Ruiz-Gallardón y crédito fácil. Fueron los ingredientes perfectos que levantaron, en el deprimido barrio de Usera de Madrid, la Caja Mágica, una maravilla arquitectónica diseñada por Dominique Perrault, con cubierta retráctil incluida, que podría albergar casi a 13.000 espectadores pero que hace años que no consigue ni un inquilino estable que la saque de pérdidas. 

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, con Manuela Carmena al frente, se ha remangado entre contratos y créditos firmados durante los años de Gobierno del Partido Popular y está dispuesto a sacar a la luz si hubo un mal uso de los fondos públicos del que puedan derivarse responsabilidades políticas e incluso judiciales. Despejadas las dudas de si van a pagar la deuda madrileña, que con 5.637 millones de euros a cierre del segundo trimestre aún supera la suma de las deudas de las otras cinco capitales de provincia con más de 500.000 habitantes, se trata ahora de arrojar luz sobre las causas que la originaron.  

Empiezan por la Caja Mágica, para la que van a pedir una comisión de investigación según han hecho público, porque ya tienen cifras que les llevan a pensar que hay algo que investigar en esta construcción cuyo contrato se llevó FCC. 

Los sobrecostes

La obra principal se adjudicó a la firma hoy controlada por el segundo hombre más rico del mundo, Carlos Slim, por 85,8 millones de euros. Las cuentas no debieron hacerse con mucho tino porque, cuando se pusieron manos a la obra, empezó a dispararse la cifra para el Ayuntamiento. La cimentación y la estructura, por ejemplo, sumaron 14 millones más de lo presupuestado. La construcción de las pistas de tenis cubiertas: 21,5 millones más. El coste final liquidado: 136,66 millones, un 59,3% más de lo previsto, según los cálculos del Consistorio a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Eso no fue todo. Al margen de la obra principal estaba la famosa cubierta retráctil, que se presupuestó en 24,74 millones y acabó con un coste final de liquidación de 34,63 millones. Las obras complementarias, que incluyeron el graderío de los accesos, que no había sido contemplado en el presupuesto inicial, así como el aparcamiento del acceso de Perales y el de la calle Embajadores, sumaron otros 17,2 millones más.

En total, el equipo de Gobierno de Manuela Carmena lleva contabilizadas facturas por un total de 205,88 millones de euros y, dado que estas sólo corresponden a las de Área de Cultura y Deportes, no descartan ir incluyendo importes. Un segundo expediente de sobrecostes que presentó FCC por 55 millones, del que solo se abonaron 15 millones, motivó que la constructora presentase una demanda al Ayuntamiento ante los tribunales, reclamando los 40 millones restantes. 

El anterior equipo de Gobierno ya intentó negociar con FCC para dejar el pago en siete millones pero no funcionó, jugada que intenta repetir Manuela Carmena. Y mientras negocia, ha decidido hacer públicos los contratos que ya tiene en su mano y que dice que, en un 40% de los casos, presentan sobrecostes. 

El PP dice sí ahora a la auditoría

La reacción del Partido Popular al anuncio de abrir una comisión de investigación no se ha hecho esperar. Desde el grupo político en el Ayuntamiento instaban ayer al equipo de Gobierno a acudir a los juzgados si tienen pruebas que demuestren la comisión de algún delito en los años en que estuvieron al frente del Consistorio. 

Defiende así mismo que el equipo de Gobierno respete las decisiones que ya han sido aprobadas en Pleno, como la de abrir un proceso de auditoría pública sobre el origen de la deuda del Ayuntamiento. Lo curioso es que los concejales populares votaron en el Pleno en contra de dicha auditoría y ahora se aferran a ella ante la posible llegada de algo mucho más serio y reglado como es una comisión de investigación.